La fiebre del oro contagia a Petro: los líos para que el Gobierno pueda comprar directamente el metal en las regiones

La fiebre del oro ha estado parece haber contagiado al presidente Gustavo Petro en los últimos días. El metal precioso, que desde tiempos antiguos ha despertado ambiciones desmedidas en el mundo, lleva meses registrando precios récord en el mercado internacional y por eso el mandatario colombiano quiere sacarle provecho y propone que el Gobierno lo compre directamente a las regiones.

Con un mensaje escrito en sus redes sociales hace poco, el gobernante criticó al Banco de la República por haber vendido parte de sus reservas en oro hace unos años y calificó de “descalabro financiero” que el Emisor “no esté comprando el oro en las regiones”.

Además, ordenó al Ministerio de Minas adquirir las empresas de oro en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) e iniciar de inmediato la compra del metal en las regiones productoras de Colombia, titular masivamente a los pequeños mineros “y sacar las mafias del oro”.

El ministro Edwin Palma prometió que a partir de este mes cumpliría la orden presidencial. Pero la idea de Petro —por lucrativa y lógica que parezca— tiene varios impedimentos. Desde un entramado de complicaciones legales hasta la lucha contra el dominio que tienen en algunas regiones los grupos al margen en la ley, pasando también por las competencias de instituciones como el Banco de la República y la difícil tarea de formalizar a los mineros en Colombia.

¿Qué está pasando con el precio del oro?

La onza de oro se está vendiendo en el mercado internacional en alrededor de 4.000 dólares y el pasado 20 de octubre el metal registró un precio récord: 4.356 dólares.

El precio del oro viene aumentando desde inicios de 2024 y en 2025 se disparó. Se está volviendo un activo cada vez más atractivo en medio de la mayor percepción de riesgo sobre el dólar y los bonos del tesoro estadounidense, que tradicionalmente se han utilizado como activos de reserva. Los inversionistas, y también los bancos centrales, se han volcado nuevamente hacia el oro.

Este metal precioso fue durante el siglo XIX y parte del XX la base del sistema monetario global, cuando el valor de las monedas estaba ligado a una cantidad específica de oro. El sistema, conocido como el ‘patrón oro’, dejó de usarse en Colombia en 1930 tras la Gran Depresión, y a nivel mundial se desmontó definitivamente en 1971, cuando el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan acabó con la conversión entre dólares y el metal.

Sin embargo, el oro se ha mantenido como un activo de reserva para muchos bancos centrales. En 2020, entre mayo 27 y junio 26, el Banco de la República vendió el 61 por ciento de sus reservas en oro, tras considerar la volatilidad del precio en ese entonces y la participación que tenía en las reservas internacionales del país. Tras esa venta, el porcentaje del oro en las reservas nacionales se redujo de 1,40 por ciento del total a 0,45 por ciento.

“La razón por la que el Banco central acumula estos recursos es para tener liquidez en momentos de crisis. En América Latina no solo Colombia vendió su oro, y, por ejemplo, el Banco Central de Chile tampoco tiene mucho. Es cierto que, en su momento, comparado con el dólar, era mucho mejor tener esa inversión en dólares que en oro. Hoy, el contexto internacional es diferente”, explica Humberto Martínez, profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, quien se ha dedicado a estudiar el tema.

El Banco de la República vendió en su momento sus reservas en alrededor de 2.000 dólares por onza, pero según el economista, esta fiebre del oro por la disparada del precio “es algo que nadie esperaba”.

Datos del World Gold Council indican que la demanda por parte de los bancos centrales pasó de representar un 10 por ciento anual de la demanda total del metal entre 2010 y 2021, a ubicarse entre 20 y 25 por ciento durante los últimos tres años. Sin embargo, según Martínez, el Banco de la República y otros de la región se han mantenido al margen de esa tendencia que se está moviendo especialmente en varios bancos europeos.

El mercado de oro en Colombia es libre según las leyes colombianas, y por ello el Banco de la República es un agente más dentro del mercado.

Según la ley 31 de 1992, el Emisor está autorizado para realizar operaciones de compra y venta de metales preciosos y, en especial, comprar el oro de producción nacional que le sea ofrecido en venta. Pero esta compra venta tiene varias condiciones: los metales deben estar en su estado natural, lo que quiere decir que no pueden haber sido sometidos a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, como extracción con mercurio, cianuro o lavado con ácidos o soda cáustica.

Además, como requisitos generales, quienes quieran venderle oro al Banco de la República deben tener Registro Único Tributario (RUT) y diligenciar varios documentos ante el Emisor, desde una certificación bancaria hasta un formulario de control de compra para garantizar la legalidad y trazabilidad del mineral. 

La SAE: ¿el as bajo la manga del Gobierno?

De manera obediente, el ministro Palma aseguró, luego del trino del presidente, la implementación de la compra directa de oro en las regiones productoras del país.

El primer problema que enfrenta el Gobierno para cumplir eso es que, por ley, el ministerio no puede comprarles directamente el oro a las regiones, ya que la cartera tiene dentro de sus funciones un papel normativo, regulador y de políticas públicas, pero no comercial ni operativo.

“En mi concepto, esto es algo que no se puede hacer. Habría que modificar la ley 685, y darle competencias expresas al Ministerio de Minas”, asegura Estefanny Pardo, abogada de la firma Holland & Knight.

A raíz de eso, el Gobierno tenía la idea de crear una empresa estatal minera, Ecominerales, con la idea de que sirviera como puente para esa operación. Para intentar cumplirla, radicó un proyecto de ley en el Congreso que a mediados de 2024 logró su aprobación en primer debate, pero en junio de este año fue archivado luego de su fracaso en la plenaria de la Cámara de Representantes.

En resumen, hoy no hay mecanismo para que el Gobierno compre directamente el oro, y menos considerando los altos niveles de informalidad que hay en las regiones.  

Palma lamentó que el Gobierno no hubiera sacado adelante el proyecto de Ecominerales y destapó otra carta: Meprecol y CIJ Gutiérrez, dos empresas de oro que hoy están bajo administración de la SAE.

“Las empresas de oro en proceso de extinción de dominio se pondrán al servicio de cooperativas y asociaciones de pequeños mineros y mineras, dándole un alto valor social a estos activos que alguna vez estuvieron en operaciones ilícitas”, aseguró Palma.

Fuentes informadas del tema le dijeron a CAMBIO que actualmente la SAE está analizando la posibilidad de que las dos empresas se fusionen en una sola, para ser transferidas al Ministerio de Minas. Pero hay otro lío: las deudas pendientes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), un trámite que no se ha solucionado.

La directora de la SAE, Amelia Pérez, le dijo a este medio que la entidad también está trabajando actualmente en recuperar predios bajo su administración que cuentan con riqueza aurífera y que están siendo ocupados irregularmente por grupos ilegales como el Clan del Golfo, en Buriticá, Antioquia. “A través de túneles y artefactos artesanales, intentan extraer oro que pertenece al Estado, y además están instrumentalizando a la población civil”, dijo.

Álvaro Pardo, quien fue el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) hasta hace unos meses, le dijo a CAMBIO que este no es un proceso nuevo, sino que se viene adelantando de un tiempo atrás entre la ANM y la SAE.

“A finales de 2022 firmamos un memorando de entendimiento. Llegamos a un acuerdo. Pero había varios problemas porque estas son empresas que siguen en proceso de extinción de dominio y un juez aún no ha determinado que los dueños perdieron el dominio sobre esas dos compañías”, le explicó el exdirectivo de la ANM a CAMBIO.

Según Pardo, el otro reto es que buena parte de los mineros son informales y no cumplen con los requisitos de ley para venderle a estas empresas.

“No pueden relajar eso, no pueden comprarle a todos los mineros del país. Pueden salir a comprarle a los que ya están formalizados y tengan títulos mineros, y que los que no los tengan, procedan ante la ANM para formalizarse y así puedan vender su oro a las empresas que están en la SAE”, propuso Pardo.

El reto de la formalidad

El mineral que usaron los pueblos Tayrona, Calima, Tumaco o Quimbaya para elaborar detalladas filigranas también fue el motivo que llevó a los españoles a emprender largas expediciones en búsqueda de El Dorado y a conquistar el territorio. Hoy, el mismo mineral y sus yacimientos son territorio, pero de disputa entre la legalidad y varios grupos al margen de la ley que controlan zonas como el sur de Bolívar, Chocó, Amazonas y Guainía y extraen oro de manera ilegal.  

Según datos de la Agencia Nacional de Minería, actualmente liderada por Lina Franco, el año pasado en el país se reportaron 56,7 toneladas de oro asociadas al pago de regalías, y el promedio de los últimos cinco años es de 55,93 toneladas anuales.

Según la ANM, en Colombia hay 199 títulos otorgados para pequeña minería, 89 para proyectos medianos y ocho títulos de gran minería. Con el volumen reportado el año pasado, el país se ubica como el cuarto mayor productor de oro en América Latina y El Caribe.

El ministro Palma también menciona que en el país se comercializan cada año 70 toneladas de oro por un valor superior a los 4.000 millones de dólares. De ellas, según el ministro, el 80 por ciento proviene de explotaciones informales o ilegales, lo que le deja al país pérdidas en regalías por aproximadamente 5 billones de pesos.

Un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado en mayo de este año, detalla que, según estimaciones hechas en 2022, de la minería de oro aluvial detectada en Colombia, el 73 por ciento de los yacimientos (69.123 hectáreas) podrían clasificarse como ilegales.

La UNODC reconoce la complejidad en la trazabilidad de la legalidad del oro. En países como Colombia y Venezuela, dice el organismo, el oro se contrabandea fácilmente a países vecinos donde se refina y blanquea antes de ser vendido en los mercados locales o exportado al mercado internacional. Además, los expertos consultados reconocen que este problema se profundiza como consecuencia de los precios del oro, algo que también tiene un importante impacto ambiental. 

La importancia de formalizar a los mineros no es menor.

Cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM) dan cuenta de que desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro se han formalizado 22.698 mineros en el país. La entidad cuenta con diferentes figuras de formalización y también presta asistencia técnico-jurídica en mesas de trabajo y en territorio.

No es un proceso sencillo. No solo el Gobierno trabaja en la formalización minera, sino que las empresas privadas también necesitan que los mineros se formalicen para negociar con ellos. La compañía canadiense Aris Mining opera proyectos de oro en Segovia (Antioquia) y Marmato (Caldas) y actualmente trabaja con cerca de 3.000 mineros que ha formalizado e integrado a la cadena de valor de sus proyectos a través de 36 contratos de operación.

Según la empresa, esas unidades de pequeña minería aportan la mitad de su producción y el proceso de formalización no solo les ha permitido tener trazabilidad y legalidad en la operación, sino también ha habilitado mejores condiciones sociales y laborales para los mineros, como el acceso a seguridad social.

Los riesgos de no hacer las cosas bien

La idea del Gobierno es loable, pero requiere de un trabajo articulado y meticuloso que no da espacio a la improvisación. Y, seguramente, también puede tomar tiempo. Por eso, varios expertos advierten que hacer compras de oro de manera directa a mineros que no estén debidamente formalizados podría traerle problemas al Gobierno.

“El Gobierno, tal vez por el afán político de conseguir recursos, lanza una serie de expectativas, pero la actividad minera es una actividad técnica que requiere de ciertos procesos para evitar implicaciones en temas de trazabilidad en el lavado de activos, e incluso, de financiación del terrorismo”, dice el abogado Luis Fernando Barrera, presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano (APMC).

Barrera, quien también tiene experiencia como oficial de cumplimiento y corrupción y ética corporativa, considera que la propuesta gubernamental no resuelve los problemas de fondo de la extracción ilícita ni contempla otros retos para la formalización, como la bancarización de los pequeños mineros.

“Las empresas están en la SAE son empresas que dentro del marco internacional están vinculadas a delitos. El Gobierno puede decir que las empresas en la SAE compren el mineral, pero hay que garantizar que cumplan con los requisitos para el pago del oro y que puedan comercializar libremente en el mercado”, asegura el experto.

Con esta advertencia coincide la abogada Estefanny Pardo. Según ella, en cualquier compra a grupos de mineros se tiene que asegurar una trazabilidad rigurosa, porque si no se demuestra que el minero está en un proceso de formalización, “no queda otra que decir que el minero es ilegal”. Y en caso de comprarles, “el Gobierno podría incurrir en una actividad con tipos penales porque comprar mineral de procedencia ilícita es un delito”.

La abogada advierte que no hacer las revisiones adecuadas podría incluso generar un riesgo de que más personas del Gobierno terminen en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC por su sigla en inglés), también conocida popularmente como la Lista Clinton.

La fiebre del oro está impulsando los planes, pero es un camino difícil. Queda por ver si el ministro Palma logra cumplir su promesa.