Nicolás Maduro anunció que Venezuela está lista para venderle gas a Colombia: ¿qué implica la importación para la industria nacional?

El dictador venezolano Nicolás Maduro confirmó el pasado 20 de noviembre que su país estaría listo para iniciar las exportaciones de gas a Colombia antes de finalizar el año. El anuncio marca una nueva fase de una iniciativa que el Gobierno de Gustavo Petro ha promovido con mayor interés en los últimos meses, pero que aún no ha logrado concretar

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En julio pasado, Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento para crear una Zona Económica Nacional, un acuerdo que el Gobierno de Petro destacó por su eventual capacidad para impulsar el intercambio comercial. Por eso, la importación de gas del vecino país sería uno de los primeros proyectos estratégicos contemplados en la iniciativa.

El anuncio de la importación se dio en medio de un panorama complejo para la seguridad energética nacional, debido a que la demanda de gas continúa creciendo más rápido que la oferta interna. Ante ese escenario, líderes del sector energético han advertido sobre la necesidad de acelerar proyectos de gas para evitar riesgos en el mediano y largo plazo.

En su más reciente informe, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reveló que las reservas probadas de gas en 2023 permitían establecer una estimación de disponibilidad de ese recurso para 6,1 años. Sin embargo, en 2024 se registró un descenso en las cifras debido a la reducción de los campos de producción que históricamente han abastecido al país.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, explica que otro de los factores que han incidido en la baja en la producción corresponde a la reducción en la actividad exploratoria en el país. Sin embargo, representantes del sector han advertido que la importación solo podría servir como una medida temporal mientras se aceleran proyectos estratégicos en el territorio.

Los retos de la integración económica y la reactivación diplomática

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha reiterado que el Gobierno espera traer desde territorio venezolano la primera molécula de gas antes de que termine el año. En ese sentido, la medida buscaría garantizar la soberanía energética del país y diversificar las fuentes de abastecimiento actuales ante el aumento en la demanda y la reducción de la oferta.

El Gobierno de Petro argumenta que la compra de gas al vecino país permitiría disminuir el riesgo de vulnerabilidad frente a la exportación a precios más elevados ante riesgos de especulación en el mercado. Además, con la creación de la Zona Binacional, se promoverá la integración regional para mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Clara Inés Pardo, doctora en economía y políticas energéticas, explicó a CAMBIO que para Venezuela vender gas a Colombia representa una oportunidad clave en términos fiscales. Para el país vecino, la comercialización permitiría generar nuevas divisas en medio de su crisis macroeconómica y recuperar al menos de forma parcial su rol como proveedor.

En ese escenario, el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, construido en 2002 para transportar gas desde La Guajira hacia el Zulia, volvería a ser protagonista. La infraestructura ha estado fuera de operación durante años, pero ambos gobiernos han mencionado la posibilidad de invertir para rehabilitar y garantizar su funcionamiento oportuno.

“Confiar en un país con historia de volatilidad política como proveedor clave conlleva riesgos: interrupciones, cambios en las prioridades de exportación o problemas de mantenimiento. Además, hay críticas sobre si Venezuela realmente puede garantizar la continuidad del suministro por su infraestructura deteriorada”, explicó la docente universitaria a CAMBIO.

La presidenta de Naturgas, por su parte, plantea que se deberían desarrollar de forma acelerada proyectos de producción de gas para evitar depender en ninguna proporción del vecino país. Para la líder del sector, en lugar de comprar, el país podría acelerar proyectos en curso para aprovechar la disponibilidad de los recursos presentes en el territorio.

Los riesgos técnicos, jurídicos y económicos del suministro de gas de Venezuela

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta detalló que se debe evaluar el estadio de la infraestructura binacional ante posibles daños por la falta de uso o mantenimiento. En ese sentido, también advirtió que eventuales sanciones internacionales en contra del régimen venezolano podrían exponer al país a un escenario de volatilidad que encarecería la operación comercial.

Para el expresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Julio César Vera Díaz, la inestabilidad institucional del vecino país podría generar dudas sobre la seguridad jurídica de cualquier contrato a largo plazo. Asimismo, destaca que es posible que el gas venezolano no presente precios tan competitivos como los proyectados.

La importación de gas al país implicaría costos asociados de transporte, rehabilitación del ducto y eventuales aumentos ante sanciones contra el régimen. De hecho, la administración de Donald Trump ha anunciado aranceles de hasta el 25 por ciento para los países que compren petróleo o gas venezolano, como parte de su estrategia para bloquear las operaciones comerciales de Maduro.

“Si se logra un contrato favorable, puede competir con otras fuentes y ofrecer cierto alivio en períodos de déficit nacional que permitiría aliviar la presión sobre la producción nacional. Pero también podría desincentivar la exploración y producción doméstica, si Colombia empieza a depender fuertemente del gas importado”, explicó Clara Pardo, experta en políticas energéticas.

Líderes del sector han reiterado que la eventual compra de gas venezolano implica la construcción de ciertos elementos contractuales que impidan cancelaciones, modificaciones arbitrarias y planes de contingencia. Además, enfatizan en la importancia de incluir cláusulas que promuevan la inversión en Colombia y el desarrollo colaborativo de infraestructura.

El exministro Acosta sostiene que incluso ante un escenario de importación de gas es fundamental priorizar proyectos en el país para evitar la dependencia y aumentar las reservas probadas de gas. Por eso, insiste en que la transición energética requiere de la disponibilidad de gas para respaldar energías renovables y garantizar el suministro a comercios y hogares.

Para expertos en seguridad energética, la discusión se debe centrar en las condiciones de una eventual importación que garantice que la operación no comprometa la estabilidad ni exponga al país a presiones políticas. Para eso, plantean, resultaría clave invertir en generación de gas y utilizar las ventajas del recurso como un suministro adicional que podría dar margen para avanzar en renovables sin afectar la seguridad energética.