
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, lleva varios meses insistiendo en que Colombia se prepara para la importación de gas desde Venezuela. El 3 de septiembre en Cúcuta, en el foro ‘Visión Frontera 2025’, Palma anunció que el Gobierno buscaba reactivar el suministro de gas desde Venezuela hacia Colombia antes de que finalice este 2025. Reconoció Palma que era necesario superar barreras técnicas, jurídicas y económicas para acceder a la riqueza energética venezolana y reducir la dependencia de Colombia de lo que él llama los monopolios y negocios de regasificación e importación. Palma, que hace meses empezó a hablar de esto, siguió la iniciativa que desde el 21 de noviembre de 2023 había comunicado Ecopetrol sobre la importación de gas desde Venezuela.
En un comunicado en esa fecha, Ecopetrol informaba que, tras el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela y a su petrolera PDVSA, Ecopetrol había solicitado en noviembre de 2022 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorización para adelantar negociaciones con PDVSA en asuntos de hidrocarburos. Se recordaba que la petrolera colombiana tiene un contrato vigente desde 2007, durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez, con PDVSA, para la importación y exportación de gas, que finaliza en 2027. Nunca tuvimos noticia de que la OFAC hubiera autorizado esas transacciones, muchos menos ahora con el Departamento de Estado controlado por un crítico implacable de la dictadura madurista: Marco Rubio. Esto, además, terminó de confirmarlo Mónica de Greiff, presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, en Caracol Radio.
La doctora de Greiff reconoció que la petrolera no puede ni comprar Monómeros, ni importar gas desde Venezuela debido a las sanciones de Estados Unidos. “El gas de Venezuela directo para Ecopetrol no va a venir porque no podemos negociar con compañías estatales venezolanas”, para luego añadir: “sería distinto si una compañía privada nos venda gas sacado de Venezuela, pero hasta ahora eso no está pasando”. Esta declaración parece contradecir el optimismo del ministro Palma, quien insiste en que Colombia podría importar gas venezolano antes de fin de año. Esta discusión, que sin duda es muy importante para el futuro y la seguridad energética de los colombianos, ocurre mientras el país enfrenta un déficit potencial de gas de hasta 20 por ciento en 2026 que, entre otras, significará un importante aumento en las facturas de gas que pagamos los colombianos.
Entiendo las consideraciones políticas que implicaría la decisión de reactivar este contrato de importación de gas con Venezuela que ese país, por cierto, jamás cumplió. Pero dejándolas aparte, debo decir que el ministro Palma tiene razón cuando indica que esto sería beneficioso para los colombianos. Varias fuentes consultadas para esta columna coinciden en que el precio de la molécula de gas, que Ecopetrol venderá a partir del 1° de diciembre próximo en 9 dólares con 50 centavos, Venezuela podría vendérselo a Colombia en alrededor de 5 dólares, poco menos de la mitad. Venezuela, me explicaron, tiene 100 veces más gas que Colombia, dos Teras contra 200 Teras. “Es tanto lo que tienen, que lo mismo que consume Colombia en un día, cerca de mil millones de pies cúbicos, lo desperdician en el ambiente cada día. No tienen qué hacer un él. Es un crimen ambiental, además”, me dice una de las fuentes. Es indudable entonces que la economía colombiana, incluyendo los bolsillos de todos, nos beneficiaríamos con la importación de gas.
Ahora quiero centrarme en una frase de la doctora de Greiff: “sería distinto si una compañía privada nos venda gas sacado de Venezuela, pero hasta ahora eso no está pasando”. ¿Cuál empresa privada se quiere meter en el lío de no tener una licencia de la OFAC para lograr negociar el gas venezolano e importarlo a Colombia? Porque, como es obvio, todo el gas venezolano está vinculado directamente al Gobierno ilegítimo de ese país. Por tanto, quisiera cerrar la columna con varias preguntas que, ojalá, el Gobierno pueda responder. Primero, ¿hay alguna intención del gobierno en tratar de vender una empresa de transmisión de energía que es, en un 99 por ciento, propiedad de ISA, y que se llama Intercolombia? ¿Existe algún acercamiento con un grupo de empresarios españoles que ha manifestado un interés en lograr esa importación de gas desde Venezuela a través de la empresa Intercolombia? ¿Se ha reunido en las últimas semanas alguien del Gobierno con estos misteriosos empresarios españoles?
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