Las sedes alternas de gobierno parecen estar de moda. El nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burham, acaba de anunciar que despachará un día a la semana desde Manchester, de donde fue alcalde por diez años en lo que ha denominado Manchester Number 10 bis.
Por supuesto, uno de los mensajes más vistosos que ha lanzado el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en sus “empalmes regionales”, consiste en anunciar sedes alternas diferentes de Bogotá desde las que despachará el presidente a partir del 7 de agosto.
A Barranquilla ya la ha denominado ‘sede alterna principal’, para lo cual promoverá una reforma constitucional. Pero también se ha mencionado que Medellín y Cali serán sedes alternas de su gobierno, aunque sin tantos pergaminos como Barranquilla.
Esto le gusta a la gente por supuesto. La ciudadanía está aburrida con el centralismo bogotano que obliga a gobernadores y alcaldes a desfilar por las oficinas del Gobierno central ubicadas en Bogotá, mendigando partidas y atenciones para sus localidades, por sencillas que estas sean.
Pero, ¿es esto un giro radical hacia una descentralización profunda? Ciertamente no. Las aplaudidas “sedes alternas” levantan aplausos y el orgullo de las regiones tan maltratadas durante el Gobierno Petro. Pero están lejos de constituir una verdadera profundización de la descentralización en Colombia.
La verdadera descentralización que habrá de cortarle la cabeza al centralismo bogotano requiere de medidas mucho más de fondo que simplemente otorgarle, entre jubilosos aplausos, el escudo de armas de “sedes alternas” a capitales diferentes de Bogotá.
La principal de estas tareas descentralizadoras será el arduo trabajo de reglamentar el acto legislativo 3 de 2024 que implica, simultáneamente, la expedición de la difícil “ley de competencias”. Que se necesita para que las mayores transferencias de recursos del centro a la periferia previstas en el acto legislativo mencionado empiecen a operar.
El acto legislativo 03 de 2024 contempla un aumento gradual pero gigantesco a lo largo de 10 años de la participación de departamentos y municipios en los ingresos corrientes de la nación hasta llegar al 39,5 por ciento de éstos. En cifras redondas, esto significará que al final de periodo de transición las entidades territoriales estarán recibiendo alrededor de 60 billones de pesos anuales adicionales de lo que hoy perciben.
Pero este cambio profundo en la descentralización quedó supeditado (afortunadamente) a que se expidiera la llamada “ley de competencias”, que es la pieza legislativa que habrá de definir de cuáles funciones se desprende el Gobierno central y cuáles reciben las entidades territoriales a buena cuenta del chorro ampliado de recursos nuevos que van a recibir.
La confección de esta ley será una de las tareas más exigentes que le espera al país y al nuevo Gobierno. Probablemente, los parlamentarios afines y los mandatarios regionales querrán recibir los nuevos recursos, pero no las nuevas responsabilidades de gasto. Las autoridades fiscales querrán, por el contrario, desarrollar el acto legislativo con la sindéresis que tan delicado asunto requiere.
En rigor, la ley de competencias debería conducir a un escenario fiscalmente neutro en el que, en balance, las tareas de las que se desprende Bogotá sean equivalentes a las que asumen las entidades territoriales. De no ser así, el acto legislativo 3 de 2024 se convertiría en un suicidio fiscal para el país. Imposible de cumplir tanto más con la situación fiscal desesperada que recibe el nuevo Gobierno.
El forcejeo será brutal. Sin embargo, de lograr un buen equilibrio con “la ley de competencias” dependerá que nos enrumbemos por el camino de una descentralización más profunda y fiscalmente sostenible, o que tomemos por la tortuosa vía de inviabilidad fiscal del país.
La confección de una buena “ley de competencias” será, pues, una de las tareas más exigentes que le corresponderá liderar al Gobierno de ADLE. Una vez terminen los festejos y aplausos de la asignación de nuevas “sedes alternas”.
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