Al CARF no le convencen los cálculos del Gobierno para cumplir la regla fiscal

Hace dos semanas el Gobierno presentó su Plan Financiero para 2025, y aunque el ministro de Hacienda, Diego Guevara, dio un parte de tranquilidad y aseguró que el Gobierno logró cumplir con la regla fiscal, un mecanismo que le indica al Gobierno cuál es su límite de gasto en relación con su nivel de ingresos.

Sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el organismo técnico e independiente encargado de analizar el cumplimiento de dicha regla, emitió un pronunciamiento en el que cuestionó cómo se alcanzó ese cumplimiento.

En su informe, el CARF detalló cómo el déficit fiscal se ubicó en 6,8 por ciento del PIB en 2024 “significativamente superior” al de 2023, que fue 4,3 por ciento del PIB. También alertó sobre el aumento de la deuda, que el año pasado ascendió a 60 por ciento del PIB, lo que revirtió el proceso de consolidación fiscal observado entre 2021 y 2023.

Transacciones de única vez enfrentan a Hacienda y al CARF

Durante la presentación del Plan Financiero, el ministro Guevara dijo que el cumplimiento de la regla fiscal se logró, entre otras razones, gracias a que “se identificaron transacciones de una única vez, que se contabilizaron de tal forma que no se deterioró el balance primario neto estructural”, que es la referencia que se usa para calcular el cumplimiento de la regla fiscal. 

La regla fiscal parte de una lógica en la que los gastos estructurales se financian con ingresos estructurales, por lo cual las transacciones de única vez no afectan ese balance y se pueden excluir de dicho cálculo. Sin embargo, para ello deben ser aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de dirigir la política fiscal y coordinar el Sistema Presupuestal. 

Al Confis lo preside el ministro de Hacienda. También lo integran el director del Departamento de Planeación Nacional, el consejero económico de la Presidencia de la República o quien haga sus veces, los viceministros de Hacienda, los directores de la dirección general del Tesoro Nacional y Crédito Público y de lmpuestos y Aduanas.

El CARF reconoció en su pronunciamiento que en ausencia de esas transacciones contabilizadas como de única vez “no se habría cumplido la regla fiscal en 2024”. El problema es que ese criterio se aplicó para una serie de transacciones contabilizadas en 31,9 billones de pesos y el CARF considera que no todas debieron cobijarse con esa categoría. 

Para poder contabilizar de esa manera esos rubros, el Gobierno necesita el visto bueno del Confis, que, según el parágrafo 4 del artículo 60 de la Ley 2155, “definirá para cada vigencia fiscal las transacciones de única vez que se descontarán en el cálculo del balance primario neto estructural del Gobierno nacional central, previo concepto no vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal”. 

Astrid Martínez, presidenta del CARF, le dijo en días pasados a CAMBIO que “el concepto del CARF es que hay muchas cosas que no pertenecen a esa categoría y no todo el valor de esas transacciones de única vez que presentó el Ministerio de Hacienda son transacciones de única vez”. Por tanto, según Martínez, esas transacciones no se deberían haber restado al balance primario neto estructural, que es el parámetro que revisa el Comité. 

¿Qué pasó con esas transacciones? 

El año pasado el CARF había dado en dos ocasiones, en febrero y junio, un concepto favorable a tres transacciones de única vez por un monto de 5,7 billones, las cuales hacen parte de los rubros que aprobó en diciembre el Confis con ese criterio y que sumaron 31,9 billones. 

Estas corresponden al componente no estructural del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), calculado en 1,3 billones; el efecto de la sentencia del Consejo de Estado sobre la devolución de saldos a favor de personas naturales y jurídicas que podrán ser reclamados, equivalente a 611.000 millones de pesos, y los efectos de la decisión de la Corte Constitucional en torno a la deducibilidad de regalías que obligó a la devolución de recursos obtenidos por este concepto, que resultó en 2,3 billones.

A inicios de diciembre del año pasado, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal emitió un nuevo concepto sobre otras tres transacciones que el Ministerio de Hacienda presentó como de única vez, valoradas en 25,3 billones de pesos. En este caso, según explicó el CARF, dio un concepto favorable a un rubro relacionado con la atención de la emergencia invernal, pero se abstuvo de dar un concepto positivo a otras dos. Pero el Confis sí las terminó aprobando el pasado 19 de diciembre y no acogió el concepto del CARF, el cual no es vinculante. 

Gracias a ello, el balance neto estructural, el que se mira para saber si se cumplió o no con la regla fiscal fue de -0,2 por ciento del PIB, acorde con lo que permite la ley. En las cuentas finales, según datos del CARF, el concepto favorable de la entidad solo cobija transacciones por 6,2 billones de pesos. 

“El CARF considera que en ausencia de las TUV aprobadas no se habría cumplido con la regla fiscal en 2024. De acuerdo con el concepto técnico del CARF, el balance primario neto estructural se habría ubicado en -1,8 por ciento del PIB, es decir, 1,5 puntos porcentuales por debajo del nivel establecido por la ley de la regla fiscal (-0,2 por ciento del PIB)”, dijo el Comité. 

Según el CARF, más allá de las discusiones de carácter técnico alrededor de las TUV, “su validez dependerá de que prueben tener efectos transitorios en el balance fiscal en los próximos dos años”. 

Alertas para 2025: el CARF pide ajustar el presupuesto

Además de este llamado de atención sobre los datos de 2024, el Comité de la Regla Fiscal también habló de lo que viene hacia adelante. Según la entidad, el elevado nivel del déficit y de la deuda “ponen de presente la frágil situación de las finanzas públicas del Gobierno nacional, y mantiene la presión sobre las tasas de interés y la inflación”. 

El año pasado no se lograron materializar las metas de recaudo tributario que tenía el Gobierno, y para este año, la entidad considera que tampoco se va a lograr un recaudo tributario de 299,9 billones como estima el Ministerio de Hacienda, sino que será 34 billones inferior. 

Por eso, el Comité aseguró que, para cumplir con la regla fiscal en 2025, se requiere de ajustes en ingresos o gastos en el presupuesto general de 2025 por al menos 46 billones de pesos.