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La contrarreloj pensional: los ‘chicharrones’ para que entre a operar un nuevo sistema en menos de 90 días
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A Colombia se le está acabando el tiempo para tener todo listo para poner a funcionar un nuevo sistema pensional el 1° de julio. Mientras más de 15 entidades, incluida Colpensiones y los actuales fondos privados trabajan en temas operativos, hay demoras regulatorias y aún está pendiente la decisión de la Corte sobre la constitucionalidad de la nueva ley.

En una especie de carrera contra el tiempo, Colombia está a menos de tres meses de estrenar un nuevo sistema pensional. En julio del año pasado, cuando el presidente Gustavo Petro sancionó la ley 2381 -la nueva reforma pensional- marcó el inicio de una cuenta regresiva que puso como meta tener listo, para el 1° de julio de 2025, un nuevo régimen de pensiones operando en el país.
La tarea no es nada sencilla. Hoy Colpensiones y los cuatro fondos privados avanzan en una operación casi maratónica para tener todo listo y que todos los colombianos puedan en los próximos meses cotizar sin problema tanto en el nuevo esquema como en el actual, pues ambos seguirán vigentes por varios años en el país.
Los retos de operar un nuevo sistema
Para que esto funcione se necesita la precisión de un reloj suizo, porque el sistema pensional no para. Todos los días hay personas que cotizan, cambian de empleo o comienzan a devengar un mayor salario. También todos los días puede que una persona pase sus papeles para pensionarse o salga el famoso ‘decreto’ que le indica que ya está jubilada y comenzará a recibir una mesada pronto.
El nuevo modelo que fue aprobado por el Congreso de la República termina con la competencia entre los fondos privados y Colpensiones y crea un nuevo sistema de pilares en el que las entidades trabajan juntas. En palabras sencillas, todas las contribuciones de hasta 2,3 salarios mínimos irán a parar a Colpensiones, mientras que, de ese monto en adelante, una Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual o ACCAI administrará las cotizaciones.
En ese nuevo modelo las ACCAI son los cuatro fondos privados actuales: Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia, y también ya fue avalada esa misma figura para la compañía estatal de seguros Positiva.

Es decir, si una persona gana, por ejemplo, cuatro salarios mínimos, que en plata de 2025 son 5.694.000 pesos, Colpensiones será la encargada de recibir las cotizaciones correspondientes a los primeros 2,3 salarios, que vendrían siendo 3.274,050 pesos. Los otros 2.419.950 pesos del salario mensual irían como cotizaciones a una de las ACCAI. Es como si las cotizaciones de una misma persona se dividieran en dos entidades.
Pero esa logística no es el único reto. Colpensiones y los fondos privados tienen que seguir articulados porque mientras millones de colombianos comenzarán a cotizar con este modelo, otro grupo importante se mantendrá bajo las condiciones del esquema actual que establece la ley 100. Estas son las personas que quedaron dentro de un régimen de transición, aquellas que al 1° de julio de 2025 tengan un mínimo de 750 semanas cotizadas en el caso de las mujeres y 900 en el caso de los hombres, y podrán escoger si desean mantener las condiciones del sistema actual o acogerse a la nueva ley.
En la actualidad, los fondos privados tienen 19,2 millones de afiliados y han pensionado a 365.283 personas. Colpensiones tiene a su cargo 6,9 millones de afiliados y 1,7 millones de pensionados. Por la estructura del mercado laboral colombiano, en el que el grueso de los trabajadores gana entre uno y dos salarios mínimos, bajo el nuevo esquema pasarán a cotizar a Colpensiones alrededor de 90 por ciento de las personas que hoy están en un fondo privado.
“Estamos haciendo la tarea para recibir a 18 millones de colombianos, que sumados a los nuestros, serán 25 millones de colombianos”, le comentó a CAMBIO Jaime Dussán, presidente de Colpensiones.

Dussán le aseguró a este medio que hoy Colpensiones ya tiene “la arquitectura” de lo que debe hacer la entidad en materia tecnológica. “Nuestros funcionarios están haciendo seminarios de inteligencia artificial, tenemos acuerdos con universidades internacionales y con la Nacional para preparar a la gente y que aceleremos el proceso tecnológico”, dijo.
Pero en este sistema no solo operan Colpensiones y los fondos privados. Existen cerca de 15 actores que se articulan alrededor de las cotizaciones y la protección de la vejez de los colombianos. Hay tres ministerios: el Ministerio de Trabajo, que es el que rige la política regulatoria del sector; el de Hacienda, que es el responsable de toda la regulación financiera, y el de Salud, con el que se comparte la seguridad social en Colombia. También hay otras entidades como la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entre otras entidades.
Todas estas entidades están avanzando en la implementación tanto de sistemas como de regulación para lograr operar articuladamente dentro de tres meses con nuevas reglas de juego.
La reglamentación, el problema que le juega en contra al sistema
Uno de los grandes pendientes es avanzar en la regulación del sistema, porque con la nueva ley vienen amarrados una serie de decretos que son los que dictan cómo funcionará todo. Según le dijo en entrevista a CAMBIO Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), la sanción de la ley hace un año “implicó el comienzo de una carrera, una especie de sprint de menos de 12 meses” para hacer una gran cantidad de cambios operativos.
“Este es un ecosistema complejo. Sabemos que las entidades están haciendo el proceso de implementación, pero no todas vamos al mismo ritmo. Hay preocupaciones. El Gobierno está avanzando con la reglamentación, pero todavía no está completa”, afanó el ejecutivo del gremio, quien aseguró que el país “no puede darse el lujo” de no tener listo el sistema a inicios del segundo semestre del año.
El Gobierno ha ido avanzando con varias de esas normas, como el decreto 1225, con las reglas para la ‘ventana de traslado’ para las personas que están a menos de 10 años para pensionarse y les da la posibilidad de moverse de régimen, algo que no se podía hacer con la Ley 100. También quedó listo ya el decreto 1558, que es el que crea las ACCAI, pero están pendientes otras normas.
La más importante, tal vez, es el denominado decreto único reglamentario, que ya fue publicado para comentarios, y es aquel que deberá precisar varios temas de la estructura del sistema.
La semana pasada, en el congreso anual de Asofondos que se realizó en Cartagena, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el Gobierno está terminando de incorporar las más de 1.000 observaciones que recibió dicho decreto, las cuales están siendo revisadas también por el Ministerio de Hacienda. La meta que tienen, según Sanguino, es expedirlo oficialmente en la última semana de abril.

“Estamos avanzando a toda marcha, a ritmo forzado si se quiere usar esa expresión, para que lo más robusto y absolutamente necesario de la reglamentación esté lista para el primero de julio del año 2025, que es la fecha de arrancada del nuevo sistema pensional”, dijo el ministro.
Otro tema regulatorio pendiente, que no es menor, es el decreto que regula el fondo de ahorro que administrará el Banco de la República, el cual también está para comentarios. Al respecto, el propio gerente del Emisor, Leonardo Villar, ha cuestionado los tiempos y el proceso. En días pasados, también durante el congreso de Asofondos, Villar dijo que “el proceso ha sido considerablemente más demorado de lo previsto” y que desde el año pasado se venía trabajando con el Gobierno con el objetivo de tenerlo listo antes de que finalizara 2024, pero no se logró.
“En la segunda quincena de febrero vinimos a conocer una versión del decreto que se puso para comentarios del público, versión en la que aparecieron múltiples elementos que el Banco no había conocido previamente, en varios de los cuales detectó disposiciones contrarias a lo previsto en la Ley”, dijo Villar. Por eso el Banco tuvo también que remitir un amplio número de comentarios al respecto y el decreto sigue en proceso.
Todo esto le pone presión al sistema, a los fondos de pensiones, a Colpensiones, e incluso a los proveedores de tecnología que trabajan con los actores del sector. Heinsohn es una compañía de desarrollo de software colombiana que lleva más de 30 años trabajando con el sistema pensional colombiano, y provee soluciones para los fondos privados y en el caso de Colpensiones, es el proveedor tecnológico del sistema BEPS (Beneficios económicos periódicos) y del esquema de rentas vitalicias.
"Tenemos que estar al 1° de julio con solución operando para que no se vean afectados los afiliados. En la medida en que los decretos reglamentarios salgan antes habrá más tiempo para hacer los desarrollos y las pruebas”, le comentó a CAMBIO Luis Fernando Jaramillo, presidente de Heinsohn.
“Este es un desafío grande, realmente tenemos poco tiempo y lo que hemos hecho desde que se firmó la reforma pensional es cumplir con nuestra responsabilidad. Hemos dedicado recursos importantes a hacer toda la implementación tecnológica y operativa, pero todavía la reglamentación no está completa”, comentó también Juan David Correa, presidente de Protección.

La decisión de la Corte
Todo este proceso, sin embargo, está sujeto también a las decisiones que tome la Corte Constitucional sobre la reforma. El alto tribunal está estudiando hoy una serie de demandas sobre la ley que podrían frenar o demorar este proceso. Hasta el momento se han recibido cerca de 50 demandas, de las cuales la Corte ha admitido 15 para estudio.
“Nosotros respetamos las autoridades jurisdiccionales del país y por supuesto acataremos cumplidamente el fallo que se ha expedido, cualquiera que sea. Anticiparse a cómo va a fallar la Corte es entrar en un terreno de especulación. Pero lo más importante es que falle antes del 1° de julio, antes de que entre en vigencia la nueva ley”, le dijo a este medio Miguel Largacha, presidente de Porvenir.
Las demandas que están en la Corte ponen la lupa sobre temas como un posible vicio de trámite en la Cámara de Representantes, y también sobre otras posibles irregularidades en el tránsito del entonces proyecto por el Congreso.
El tiempo se agota y la decisión de la Corte también podría poner contra las cuerdas a la nueva ley y al sistema. En Colombia solo uno de cuatro adultos mayores llega a pensionarse, una cifra preocupante si se tiene en cuenta que en el país hay 7,8 millones de personas que superan la edad de pensión, y sin embargo solo cerca de dos millones de ellos logran tener alguna protección para su vejez.
A pesar de que hace 30 años, con la ley 100, se reformó el sistema con el fin de cobijar a más adultos mayores, aún hay un largo camino para lograrlo. Varias voces del sector han cuestionado algunos puntos de la norma, como el umbral de las cotizaciones o por las presiones financieras que carga el nuevo sistema. Sin embargo, esta ley ya se aprobó y depende del éxito de su reglamentación que, el próximo 1° de julio, el sistema de pensiones colombiano opere con normalidad.
