El entramado empresarial detrás del lío de las facturas de energía en Barranquilla

En Colombia no es novedad hablar de los líos de la energía eléctrica en la región Caribe: un servicio intermitente, facturas con valores más altos que en la misma capital del país, zonas sin acceso al servicio público, protestas, paros, conexiones irregulares y fraudes en la facturación.

Cada gobierno local y nacional llega con sus propuestas para solucionar el problema o, al menos, para ponerle una curita que dure al menos lo mismo que su administración y que la bomba le vuelva a estallar a quien le suceda. Finalmente, el tema de la energía en el Caribe hace ganar o perder popularidad.

Para el gobierno de Gustavo Petro, el problema es la fórmula técnica con la que se plantea cuánto pueden cobrar los comercializadores de energía eléctrica a sus usuarios residenciales o comerciales. Otro enfoque con el que han intentado aliviar la tensión en la zona es asumiendo la deuda de la opción tarifaria de 2020, al menos para los primeros tres estratos.

Pero ese movimiento “no baja la tarifa, baja la factura mientras se paga la deuda. El servicio, el kilovatio, lo siguen pagando a lo mismo, y nosotros lo que queremos es bajar el kilovatio”, dice el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga.

El problema de la factura en la costa Caribe y en el resto del país es que incluye otros cobros, como la gestión de los residuos y basuras, tarjetas de crédito, compras de electrodomésticos e impuestos municipales como el del alumbrado público y, en algunas regiones como el Caribe, una tasa de seguridad.

El superintendente Quiroga le contó a CAMBIO que su entidad no puede vigilar el cobro de esos adicionales, pues su función se centra exclusivamente en la “inspección, vigilancia y control sobre los servicios públicos domiciliarios. Pero encontramos que el alumbrado público se ha convertido también en un problema, porque los municipios entregan a algunos operadores la prestación del servicio y ellos son los encargados de recaudar el impuesto de alumbrado público. Eso es un problema porque la gente ahí sí o paga o paga. Nosotros les hemos dicho a los alcaldes, tratamos de separar eso, pero los municipios se quejan de que, si no es así, no reciben el pago por la prestación del servicio de alumbrado público”.

La alerta de la Superintendencia y la queja de los usuarios, en especial en la costa Caribe, es que el cobro de dicho impuesto representa hasta un 30 por ciento del valor de su factura, que ya es comparativamente más alto que en el resto del país por el alto consumo dadas las altas temperaturas, porque la región no tiene generadoras de energía cerca y porque un 30 por ciento de su tarifa corresponde al cobro de pérdidas técnicas y no técnicas (conexiones irregulares, fraudes, etcétera.).

Por su parte, Karol Solís Menco, integrante del Comité Atlántico, una de las ciudadanas que ha liderado la lucha contra esos cobros adicionales y, en general, contra los altos costos de las facturas en la región Caribe, cuenta que el Gobierno nacional pactó con la ciudadanía, y en particular con los voceros del Comité Atlántico, su apoyo para que se hicieran separados los costos a terceros. Así que, después de la cumbre energética realizada en marzo en Sincelejo, se presentó un borrador de la iniciativa. Sin embargo, la Anap, la asociación que agrupa a los prestadores del servicio, prácticamente amenazó al Gobierno con un apagón y nunca más se volvió a hablar del tema.

Sin embargo, los precios de la energía consumida en el Caribe siguen en alza. Entre octubre de 2020 y junio de 2024, el valor del kilovatio pasó de 534 pesos a 1.162 pesos, es decir, casi el 120 por ciento más caro. Por eso, a muchos les pareció un chiste que el Gobierno nacional anunciara con bombos y platillos que iniciará un descuento del 4 por ciento. “Es un chiste que se cuenta solo, y del que no se salva ningún actor. Hemos mencionado la responsabilidad o falta de voluntad del gobierno nacional, los alcaldes y gobernadores, quizá miraría uno al Congreso. Pero fueron los congresistas los que aprobaron el régimen transitorio especial”, concluye Solís.

El caso Barranquilla

En el panorama de precios altos de la energía en el Caribe, que es dramático, uno de los casos más graves es el de Barranquilla. En la capital del Atlántico hay dos empresas que mandan la parada en el sector.

Ese oligopolio está compuesto por: K-Yena una empresa mixta propiedad del Distrito de Barranquilla y Barranquilla Capital de Luz S.A.S, y Air-e, propiedad de K-Yena es el nuevo nombre de la empresa Alumbrado Público de Barranquilla S.A.S (Alubaq), que cambió de razón social en 2022. Esta empresa recibió en 2017, durante la segunda alcaldía de Alejandro Char, el contrato de operación y mantenimiento del alumbrado por 30 años, es decir, hasta 2047. El distrito posee el 65 por ciento de la participación y el restante 35 por ciento está en manos de Barranquilla Capital de Luz S.A.S., una empresa que crearon varias empresas del Grupo Ethuss y Alutrafic LED.

Aquí es donde se empieza a enredar el tema. La empresa comercializadora de energía (antes Electricaribe y ahora Air-e) debe recaudar este impuesto mediante la factura del servicio de energía, como un cobro adicional. Por decisión del Concejo de Barranquilla, el 49 por ciento de esos recursos los entrega la administración distrital a la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), una entidad pública. Pero el restante 51 por ciento se le entrega a K-Yena, la empresa mixta, que derrama los recursos a sus contratistas y empresas propietarias.

Es decir, de K-Yena reciben ganancias las empresas Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S, Mega Proyectos de Iluminaciones de Colombia, Celsa y Alutrafic LED. Las tres primeras están subordinadas al Grupo Ethuss, de propiedad de William Vélez, quien de hecho hace parte de su junta directiva; Iluminación de Villavicencio salió del mismo grupo en 2022. Y Alutrafic LED pertenece a los hermanos Christian y José Manuel Daes.

Mientras Alutrafic tiene a su gerente suplente Gustavo Puello como miembro suplente de la junta directiva de K-Yena, el Grupo Ethuss tiene como miembro principal en la misma junta a Germán Villegas Londoño, el segundo representante legal de Iluminación de Villavicencio S.A.S.

Para enredar más la cuerda, Carlos Alberto Sarabia Mancini, el gerente de K-Yena y miembro de la junta directiva de la Tripe A (la empresa de acueducto y alcantarillado de Barranquilla), es primo del senador conservador Efraín Cepeda Sarabia, como lo demuestra esta foto del congresista y su esposa asistiendo al matrimonio de la hermana de Sarabia Mancini.

Pero Air-e, que es el reemplazo de Electricaribe, no solo recibe dinero por proveer de energía eléctrica a Barranquilla, sino que también tiene la concesión para recaudar el impuesto de alumbrado público y pagarlo a K-Yena.

Además, en 2023, el Concejo de la ciudad aprobó un nuevo cambio en la tarifa del impuesto de alumbrado público basado en la Unidad de Valor Tributario (UVT), que varía por estrato y rangos de consumo en el sector comercial.

“Lo que hicieron fue simular una reforma en beneficio de los estratos 1 y 2, que tienen un porcentaje de recaudo muy inferior, y aumentaron el cobro a los demás usuarios en hasta un 42 por ciento en el sector comercial”, dice Solís. Lo que en su análisis significa que recaudarán 4,4 veces más que en el periodo anterior, unos 11.000 millones de pesos anuales adicionales.

La activista concluye que todo está cuadrado para un negocio redondo y perfecto para saltarse el seguimiento de los recursos públicos y que, además, terminan siendo recaudados para proveer un servicio de alumbrado, pero que es tan rentable, que alcanza para nutrir con recursos a la ADI.