El lío en la renegociación de las tarifas de energía de Air-e

El 2 de julio de este año el Ministerio de Minas y Energía emitió una nueva resolución para arreglar el lío de las tarifas de energía eléctrica en el Caribe, la MME 40225 de 2024, que permite a los comercializadores y generadores de energía renegociar los contratos que negociaron en los últimos años para proveer electricidad a los departamentos que cubren con su servicio.

Aprovechando esa oportunidad, la comercializadora Air-e, que entrega energía eléctrica en La Guajira, Atlántico y Magdalena, dio el primer paso y envió cartas para pedir que se les recalculen los valores de los contratos. Inclusive, dio un paso más adelante y propuso una fórmula para reducir esos valores.

“Al analizar los datos históricos del Dane —explica la empresa—, se muestra cómo ha variado el Índice de Precios al Productor (IPP) en Colombia a lo largo de los años. Entre 2012 y 2020, el IPP tuvo un promedio estable del 3,08 por ciento. Sin embargo, en 2021 y 2022, este índice se disparó a más del 37 por ciento, lo que indica un aumento significativo en los precios, todo por una anomalía derivada de la pandemia y la guerra de Ucrania. Esta diferencia representa casi un 22,7 por ciento de una ‘distorsión’ en los precios. Es decir, si los precios se hubieran ajustado de manera consistente con el promedio histórico de 3,08 por ciento, el aumento habría sido a hoy lo que se corregiría al ajustarlo en 22,7 por ciento”.

Además, argumenta que un problema de estos contratos es que utilice el IPP (que entre 2021 y 2022 subió más que la inflación del país) pues las generadoras hidroeléctricas, que son las que priman en el país, no tienen aumentos anuales ni mensuales en sus costos; de hecho, según ellos no tienen costos, pues la inversión era la construcción de la planta y eso pasó hace años.

El lío del dinero y el tiempo

“Por lo tanto, este gran aumento en el IPP refleja una inflación ‘artificial’, no justificada por un aumento real en los costos de producción. Es por esto que lo justo es que esos sobrecostos pagados por los usuarios sean devueltos y los contratos se puedan renegociar para que reflejen un costo actualizado y ajustado a la realidad. Esto en una estimación del aumento artificial le pudo haber costado a los usuarios aproximadamente cinco billones de pesos en más de tres años”, según Air-e.

Algo similar opinan algunos políticos, que aseguran además que es “inmoral” que las empresas generadoras de energía tengan utilidades sobre sus activos del ocho por ciento en promedio. Sin embargo, las generadoras de energía, como cualquier otra empresa, debe pagar salarios que se actualizan según el salario mínimo en los casos correspondientes o según sus normas internas para quienes devengan más de un mínimo al mes.

Además de eso, están las facturas de los servicios públicos domiciliarios que utilizan en cada una de sus sedes, alimentación, transporte e incluso tienen gastos de mantenimiento especializado, usualmente tasado y cobrado en dólares. Inclusive, dicen las generadoras, el reemplazo de una turbina grande de generación cuesta alrededor de 25 millones de dólares, únicamente el repuesto. A esto se debe sumar la mano de obra que retire la dañada e instale la nueva.

Todos estos costos suben año a año según el salario mínimo, la inflación y hasta la unidad de valor tributario (UVT). Es decir, hay una actualización del valor del dinero en el tiempo, así como un billete de 50.000 pesos ya no alcanza para comprar la cantidad de comida que lograba hace apenas cinco años.

Sin embargo, bajo el argumento del incremento en los precios para los productores durante los últimos años por encima de la inflación y de, según Air-e, la ausencia de costos variables para las empresas generadoras de energía eléctrica, la propuesta de la comercializadora es que los contratos se renegocien con un descuento del 22,7 por ciento para olvidar prácticamente el paso del tiempo y su consecuencia sobre el valor del dinero en los últimos tres años.

¿Problemas de liquidez?

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ya ha advertido en diferentes escenarios, incluida una entrevista CAMBIO, de que una parte importante del problema de las facturas de energía eléctrica en el Caribe está en los costos adicionales que se cobran a las facturas. Por ejemplo, en Atlántico, donde opera Air-e, la capital y algunos municipios tienen una carga de impuestos locales que ocupan hasta el 30 por ciento del valor de la factura.

Otro asunto importante por resolver, dice el superintendente Quiroga, es la opción tarifaria que se impuso durante la pandemia y que, ahora que las empresas comercializadoras están recuperando ese dinero “prestado” a la gente, presionan las tarifas.

Para rematar, los costos de generación de energía únicamente pesan entre el 30 y el 35 por ciento en la ecuación de la tarifa de energía.

Pero, como diría la canción, “hay niveles de niveles” y la muestra es la manera en que Air-e y Afinia han manejado esos cobros en los tres departamentos que cubre cada empresa. Mientras con el cobro de la opción tarifaria las facturas de Air-e han subido hasta siete veces, las de Afinia lo han hecho en apenas 30 por ciento.

Afinia y su dueño Grupo EPM argumentan, tanto en el Caribe como en los otros departamentos donde operan, que el cobro de la opción tarifaria no puede convertirse en un problema de cartera para la empresa; es decir, que la gente deje de pagar porque las facturas suben muy rápido y en muy poco tiempo. De hecho, ese incremento lento en las tarifas de Afinia ha generado un pasivo de dos billones de pesos para EPM, que lo está gestionando.

En contraste, Air-e no tiene el respaldo de un gran grupo detrás, por lo que ha subido más rápido las tarifas. Esto ha desencadenado protestas e impagos, que llevaron más temprano en el año a los ya conocidos cortes de energía de hasta siete horas en determinados municipios, lo que llamó la atención de la Defensoría del Pueblo y el gobierno nacional, que inició las mesas de trabajo ya mencionadas.

“Los cortes de hasta ocho horas diarias que venía haciendo el prestador del servicio de energía eléctrica vulneraban los derechos fundamentales de las comunidades, como a la vida por conexidad con la salud; por ejemplo, para los usuarios de establecimientos hospitalarios y clínicos y las personas electrodependientes en sus respectivas viviendas”, dijo en un comunicado la defensoría.

“Era una acción a todas luces inconstitucional, sobre todo porque tener acceso al servicio no es un privilegio, sino una condición, además, para el disfrute necesario de una serie de derechos a partir de la conservación de alimentos, la climatización de espacios, la iluminación, el acceso a la educación, entre otras actividades indispensables en el día a día”, advirtió en su momento.

En este punto, Air-e le dijo a CAMBIO que “en 2022 y 2023, Air-e solo le ofertaron el 3 por ciento de la energía que buscaba comprar a través de generadores en convocatorias públicas, lo que los obligó a comprar en la bolsa a precios muy altos. Esto afectó las finanzas de la compañía y elevó las tarifas para los usuarios”.

Lo que hizo la empresa fue crear una empresa intermediaria que les vendiera la energía, como demostró CAMBIO, pero a un precio más alto. Las otras compañías advierten que no pueden venderle energía a una empresa que no quiere firmar las mismas garantías líquidas que las demás y que en 2020 intentó acogerse al método de reestructuración habilitado en la pandemia, con una solicitud ante la Cámara de Comercio de Barranquilla como la misma empresa se lo informó a sus proveedores en una carta firmada por el gerente y los abogados Jaime Lombana y Nicolás Polanía.

En conclusión, buena parte del problema de los precios de energía en tres departamentos del Caribe no es realmente por el valor de la electricidad, sino por regulación municipal y los enredos financieros de la empresa comercializadora en la zona.