¿En "jaque” el abastecimiento de energía? El sector lanzó nueva alerta

El sector energético volvió a poner el grito en el cielo. Como lo han hecho en otras oportunidades en los últimos meses, los gremios del sector y la cadena energética a través de un documento alertaron sobre las condiciones del sistema y aseguraron que el abastecimiento de energía eléctrica en Colombia está “en jaque en los próximos años”, ahora por cuenta de una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y GAS (Creg). 

En una carta presentaron cuatro puntos que preocupan al sector y que podrían derivar de una normativa reciente que publicó la Comisión, que van desde retrasos en los proyectos de generación eléctrica hasta un efecto adverso en los incentivos para energías menos contaminantes, como la solar y la eólica. 

La comunicación se emitió de manera conjunta por las seis agremiaciones que representan los diferentes eslabones de la cadena energética que son: 

• Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco). 
• Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) 
• Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) 
• Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) 
• Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) 
• Asociación de Energías Renovables Colombia (Ser Colombia) 

Esta no es la primera vez que los seis gremios emiten un mensaje conjunto. En octubre, por ejemplo, hicieron otro llamado al Gobierno en el que aseguraron que el país estaba de nuevo en riesgo de apagón y de racionamientos eléctricos y dijeron que el gas no está alcanzando para cubrir la demanda nacional. 

También en los últimos meses han hecho llamados en varios frentes: por las finanzas del sector, temores por un posible desabastecimiento de gas, el rol de las plantas térmicas como fuentes energéticas de respaldo y la necesidad de acelerar la entrada de proyectos con energías renovables no convencionales al sistema. 

¿Qué pasa con la resolución de la Creg? 

La Creg expidió hace unos días una resolución, la 101066 de 2024, con fecha del 18 de noviembre, con la cual modificó los precios de escasez del cargo por confiabilidad, y así, según el Ministerio de Minas y Energía, “el Gobierno nacional logró fijar un tope tarifario a los precios de la electricidad que se negocian en la bolsa del mercado de energía colombiano”. 

El cargo por confiabilidad es uno de los elementos fundamentales para entender cómo funciona el sector energético en Colombia. Es la remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de sus activos de generación con las características y cumplimiento de la obligación de energía firme que le fue asignada en una subasta o por otro mecanismo en el mercado de energía.

En palabras sencillas, es un pago que los consumidores hacen a las empresas que generan energía mes a mes, lo que ha creado una especie de fondo para las temporadas en que escasean los recursos hídricos. También podría decirse que es una especie de seguro para un apagón, el cual fue creado en 2006 por la Creg para proteger al sistema y a los ciudadanos.

"Hasta ahora, los precios en bolsa eran altamente ineficientes al estar determinados por las plantas menos competitivas, haciendo que la energía hídrica y solar se pagara a precios hasta diez veces más altos de su costo real de producción. El nuevo tope aplica para las plantas que generan energía a partir de fuentes renovables y del carbón. Esta medida tendrá efecto inmediato. No habrá más lugar a la especulación y a los sobreprecios", dijo sobre esto el ministro de Minas, Andrés Camacho.

Sin embargo, algunas voces han sido críticas con esta visión. El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta aseguró que el ministro Camacho “está vendiendo humo” con esa afirmación. 

“Con esta resolución se establecen dos precios de ‘escasez’, uno aplicable a la energía hídrica, renovables o a carbón, que es de menor costo, teniendo como referencia $359/KWH y otro a la generada utilizando el gas o líquidos derivados del petróleo como combustibles (diésel, fuel oil, etcétera) que es más costosa. Contrariamente a lo que dice la resolución, aunque su entrada en vigencia es inmediata su efecto no lo es necesariamente”, dijo. 

Según Acosta, esto se explica por las obligaciones de energía en firme, que hace referencia a la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación continuamente, en condiciones de baja hidrología, en un periodo de un año, el respaldo que deben garantizar. Estas obligaciones fueron asignadas ya para los años 2027 y 2028, y algo que establece la resolución es que es voluntario acogerse a una opción de asignación de precios de escasez en principio, de modo que estos precios solo serán obligatorios a partir de 2028. 

“Esta resolución entraña un riesgo y es que siendo más barata la energía hídrica tienda a consumirse más de esta, lo que en condiciones de hidrología crítica podría llevar a las hidroeléctricas a generar más energía de lo que aconseje la prudencia para evitar un eventual desabastecimiento”, dijo. 

Además, según Acosta, "hay un puente roto con el Gobierno" que parece no escuchar los llamados del sector. "El ministro de Minas y Energía, si por algo se ha caracterizado es por su negacionismo, y asume que no está pasando nada", cuestionó. 

La queja de los gremios

Aunque a simple vista las intenciones de la medida parecen buenas, las asociaciones de energía mostraron su preocupación y solicitaron que se realice un análisis detallado antes de ponerla en marcha, “ya que esta medida pone en riesgo la seguridad energética del país y aumenta el riesgo de racionamientos en los próximos años”, afirman. 

Entre los argumentos del documento, en primer lugar, los seis gremios energéticos aseguran que la medida “podría agravar los retrasos en los proyectos de generación eléctrica al alterar las señales del mercado”. Según ellos, esto empeoraría las condiciones de abastecimiento, especialmente si se tiene en cuenta que tanto la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) como XM, el administrador del mercado mayorista de energía, advierten sobre un déficit de energía firme proyectado para el periodo 2026-2027.

Un segundo punto, según el documento, es que esta regulación de precios “desincentiva la contratación de largo plazo, que es fundamental para la viabilidad de los proyectos de energía renovable y la estabilidad de precios de los usuarios finales”.  Según las seis entidades, eso podría derivar en un desincentivo a la inversión en futuros proyectos y en “un retroceso en el sector eléctrico colombiano”, caracterizado históricamente por señales de expansión claras en el sistema.

“Es crucial mantener señales de largo plazo que proporcionen esta confianza inversionista para garantizar el desarrollo de proyectos que aseguren el abastecimiento del servicio de energía eléctrica”, dijeron. El sector proyecta por ahora inversiones de entre 10 y 14 billones de pesos anuales hasta el año 2027.

Para entender cómo funciona el mercado energético hay que tener presente que este funciona en dos niveles, por un lado, hay un mercado de corto plazo que es la bolsa, y por otro, hay un mercado de largo plazo con contratos y condiciones específicas. Más del 80 por ciento de la energía se vende a través de los contratos de largo plazo. Si bien en la bolsa solo se transa el 20 por ciento de ese mercado, es un referente en precios. 

"Lo que hizo la resolución fue intervenir el precio al que se compra la energía. A nosotros nos clavaron unos precios bajos, porque son tecnologías de bajo costo, pero están mandando dos señales muy complejas. Nos están poniendo un precio tope, que nadie sabe cómo se calcula, para comprar la energía a corto plazo, pero si ese precio es bajo, ¿cuál podrá ser el interés de un comprador para comprar a largo plazo, si eso implica riesgos, obligaciones y compromisos por varios años sobre un precio?", explicó a CAMBIO Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, el gremio de las energías renovables. 

Esto, según Hernández, limitará las inversiones en el sector de las renovables, que hoy son tecnologías en proceso de expansión en el país y necesitan inversiones. "Va a ser muy difícil conseguir contratos a largo plazo, por lo tanto, será muy difícil conseguir financiación y comenzar a construir", dijo. 

El tercer punto de la comunicación es que esta medida contradice los objetivos de la transición energética en Colombia. Según los actores del sector, disminuye la competitividad de las tecnologías de costos variables bajos, como la solar, la eólica, la hídrica y el carbón, que constituyen la base de dicha transición. 

“Esto ocurre por dos razones principales: remuneraciones más bajas en el cargo por confiabilidad y un incremento en los riesgos asociados a nuevos proyectos de expansión. Estas condiciones impactan negativamente la capacidad de estas tecnologías para ofrecer contratos competitivos, disminuyendo la posibilidad de que resulten con asignaciones en la próxima subasta del Cargo por Confiabilidad”, aseguraron. 

Finalmente, el sector alertó que esta decisión hace que se pierda la señal de escasez del sistema, que permite los recursos energéticos disponibles en épocas de sequía haciendo que su uso sea óptimo. Si eso se suma al retraso de proyectos y de subastas, “nos mantendrá con un sistema eléctrico estresado, con el riesgo de que se presenten periodos de desabastecimiento de energía eléctrica”, indicaron.

Así las cosas, el llamado del sector al Gobierno a la Creg es a revisar de manera integral la resolución antes de su aplicación. Según ellos, una señal regulatoria de este tipo, que interviene los precios, puede poner en riesgo al sistema. 

“Reiteramos que la coyuntura de precios está relacionada con la falta de oferta de energía y de mecanismos e incentivos de contratación de largo plazo. Es decir que, para lograr mayor eficiencia en precios necesitamos más oferta de energía en lugar de alteraciones del mercado y, para esto, es clave que se desarrollen más proyectos de generación de energía eléctrica, lo que se vería seriamente afectado por los términos de la resolución en mención”, concluyeron.

A la publicación de la carta el ministro Camacho respondió en sus redes sociales con un mensaje corto y conciso: "Lo que se está poniendo en jaque es la especulación en el mercado de la energía". 

¿Qué pasa en el sistema energético? 

El sistema energético colombiano tiene varios retos estructurales y coyunturales. Por un lado, la matriz depende en gran medida del agua, es decir, la generación hidráulica, pero en temporadas secas, como la que vimos este año con el fenómeno de El Niño, requiere de un respaldo, donde entran a operar las plantas térmicas, que usan combustibles como carbón, fuelóleo o gas natural para transformar el agua en vapor y generar energía con la combustión de estos. El problema es que esta energía es más costosa y utiliza combustibles que son contaminantes. 

Por eso está intentando impulsar la entrada de proyectos con energías renovables, como la eólica o la solar, pero estas energías actualmente resultan más costosas y no son tan confiables, lo que en la jerga del sector quiere decir que no siempre están disponibles, como sucede en la noche cuando no hay sol, o si no está soplando el viento y también los proyectos con estas energías están entrando al sistema más lento de lo que se esperaba. 

El sistema, si bien ha tenido una apertura importante desde los años noventa y ha incentivado las inversiones de los privados tiene además retos importantes en temas de acceso, especialmente en zonas rurales apartadas, y en precios, como sucede en la costa Caribe colombiana. 

“El problema que vemos es que le seguimos metiendo riesgos y más riesgos al sistema y no estamos pensando en cómo operará en el futuro”, aseguró a CAMBIO Alejandro Castañeda, presidente de Andeg. 

Castañeda señaló que el sector viene experimentando riesgo desde hace meses. En la subasta de cargo por confiabilidad que se hizo en febrero no se logró adicionar la suficiente energía en firme para estar tranquilos entre 2027 y 2028 y por eso ahora la Creg está hablando de otra subasta. 

“Esta resolución agrega un riesgo adicional: cambia las reglas de juego en cargo por confiabilidad y mata la expansión en renovables”, aseguró.

Según Castañeda, con la nueva resolución de la Creg, que establece precios diferentes por tecnologías se está mandando un mensaje a los generadores hidráulicos, renovables y de carbón que tienen que tener precios más bajos en la bolsa. 

“Con esos techos se le está diciendo a las renovables que no pueden esperar una renta por la venta de energía sino hasta ese techo y eso no les alcanza para poder cerrar los proyectos y ellos son los primeros afectados”, aseguró. Como se mencionó anteriormente, este tipo de proyectos, con tecnologías más nuevas, requieren de mayores inversiones. 

Además, según Castañeda, al catalogar entre precios altos y bajos a las tecnologías, como el agua, vienen otros problemas. “En los veranos energéticos escasea el agua, y se le está diciendo a la gente que esta energía tiene cierto precio más bajo. La resolución fuerza a gastar en principio el agua, y si se gasta las térmicas solas no pueden abastecer el sistema. Eso no hace ningún sentido”, acusó.