Formación para el trabajo: una asignatura pendiente de la reforma laboral

Mientras el Ministerio de Trabajo defiende su reforma laboral en el Congreso, el Ministerio de Educación ha denominado a 2023 “el año de la transformación para la educación de calidad”. Pero aunque en el país y en entidades multilaterales se ha hecho repetitiva la petición de una mejor formación para el trabajo, ninguna de las dos carteras contempla un cambio en este sentido. 

Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, dijo el pasado jueves 13 de abril en el foro de CAMBIO sobre la reforma laboral que “la economía del conocimiento necesita entrenar a la gente en tecnologías diferentes, para que respondan a la demanda del mercado laboral y que se puedan adaptar a la nueva realidad porque habrá procesos que se van a automatizar”. 

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No es la única que lo ha señalado. En 2022, en su documento anual de recomendaciones para el país, el Banco Mundial dijo que el país necesita modificar y mejorar su oferta de formación para el trabajo, algo que podría beneficiar especialmente a la población pobre y vulnerable, que está más excluida del mercado laboral y es mucho más informal. 

Sin embargo, el Ministerio de Educación no tiene entre su agenda de transformación para aumentar la calidad educativa la formación para el trabajo, ya que –aunque se trata de un asunto educativo– este asunto le compete al Ministerio de Trabajo, que tiene bajo su mando al Servicio de Educación Nacional (Sena).

Alejandro Gaviria, exministro de Educación y exrector de la Universidad de los Andes, le dijo a CAMBIO al respecto: “La reforma a la Ley 30 de 2002, es decir la reforma que atañe a la educación superior, se concentra por ahora en los aspectos financieros, teniendo como objetivo prioritario disminuir o aliviar el déficit estructural de las universidades públicas y en general de las instituciones de educación superior públicas. La formación para el trabajo compete más al Ministerio de Trabajo que al de Educación, hay formas cooperativas entre el Sena y el Ministerio de Educación, pero por ahora no hay en la reforma un cambio a la formación para el trabajo”.

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Desde el lado del Ministerio de Trabajo, la reforma laboral no contempla entre sus artículos algún cambio en relación con la educación, pese a que las propuestas no faltan. Por ejemplo, en 2019 la OCDE le sugirió a Colombia formar en competencias básicas a un alto porcentaje de la población que no las tiene y mejorar la oferta de habilidades para que se ajusten mejor a la demanda de las empresas. 

Como complemento, sugirió mejorar la aplicación de las normas laborales y cambios al sistema de protección al cesante, así como reducciones a los costos laborales. 

Algo similar sugirió el Banco Mundial en su documento de 2022, al señalar que, además de mejorar la formación de los futuros trabajadores –y de los actuales trabajadores–, el país necesita un mejor mecanismo de protección a desempleados y un sistema de información de oferta y demanda de empleos que facilite saber qué perfiles se necesitan en el mercado.

El mismo presidente Gustavo Petro incluyó entre su plan programático, cuando era candidato presidencial, que el país debería pasar por un proceso de “democratización del saber” que incluya un plan para que los grados décimo y undécimo de educación básica media sean la entrada a las instituciones de educación superior, incluidos el Sena y las normales.

El plan programático del hoy jefe de Estado dice que el Sena será el encargado de diseñar esos planes de estudio para programas técnicos organizados en módulos, que servirán para el aprendizaje de herramientas productivas. Además, la entidad certificará a quienes se gradúen de estos programas.

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“La brecha de habilidades –esta contradicción de que hay muchos jóvenes buscando empleo pero también muchas empresas buscando llenar sus vacantes que viene de esa falta de pertinencia de la educación– es una preocupación que en América Latina y en Colombia ha sido diagnosticada varias veces. Eso no se remedia con una reforma legal, se remedia con cambios curriculares y una transformación interna de las universidades”, advierte el exministro Gaviria.

Agrega que desde su época al frente de la cartera se adelantan conversaciones al respecto, pero “no es algo que el Ministerio de Educación pueda imponer o decidir autónomamente, sino algo que debe acordarse con las universidades”.

Mientras tanto, la educación que reciben los futuros trabajadores –que según Juan Camilo Cárdenas, director del Centro ODS de Los Andes, no deberían ser profesionales– seguirá sin ser necesariamente la que mejor les prepare para las necesidades de las empresas a las que se presentarán para pedir un empleo.

Así, la reforma laboral promete mejorar las condiciones de los empleados formales, pero no hace nada por quienes ven imposible ingresar a la formalidad porque no tienen quien los prepare para asumir ese único salto capaz de sacarlos de la pobreza extrema.