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La ley de financiamiento que no fue: al Gobierno le falta dinero para 2025
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El presidente Gustavo Petro tiene todavía unas semanas para decretar el presupuesto general de 2025, que ha asegurado será por los mismos 523 billones de pesos del proyecto que el Congreso le negó. Sin la ley de financiamiento, en las cuentas del Gobierno faltan 12 billones de pesos para el próximo año.
El ahora exministro de Hacienda Ricardo Bonilla había planeado presentar esta semana la primera ponencia del proyecto de Ley de Financiamiento para intentar rescatar la iniciativa en las últimas sesiones ordinarias y las extraordinarias de Navidad en el Congreso. Sin embargo, su plan se frustró, él ya no está en el cargo y la ley está virtualmente hundida pese a la insistencia del gobierno en que necesita ese dinero para el próximo año.
Aunque a finales de la tarde del miércoles se conoció que lo reemplazará en el cargo Diego Guevara, quien venía siendo su escudero como su viceministro general de Hacienda, el futuro del proyecto sigue siendo incierto, no solo por el ajetreo en la dirección del ministerio, sino por la esencia del proyecto mismo.
La idea del Ministerio de Hacienda era radicar la primera ponencia para discusión de las comisiones económicas conjuntas, es decir las terceras y cuartas de Senado y Cámara de Representantes, entre el lunes y el martes de esta semana. De hecho, el equipo de prensa del ministerio alcanzó a anunciar el martes que ese era el día cero. Pero la hora nunca llegó, pues los funcionarios de la cartera nunca lograron un acuerdo con varios de los congresistas sobre uno de los puntos de la ley de financiamiento: el IVA a las apuestas en línea.
Para ese momento, ya estaba radicada la ponencia de archivo de la ley de financiamiento, autoría del representante Christian Garcés del Centro Democrático, cuyo partido anunció desde el principio que votaría negativo al proyecto. Luego se unió el Partido Conservador y en la tarde del martes el Partido Liberal también anticipó que su bancada le daba la espalda a la iniciativa del Ministerio de Hacienda.
Así, el proyecto de ley de financiamiento quedó virtualmente hundido aunque el Ministerio de Hacienda todavía tenía la posibilidad de lograr algún acuerdo con los ponentes, que lograra disuadir al partido Conservador o al Liberal de votar a favor del proyecto. Sin embargo, eso cambió en menos de 24 horas con la salida de Ricardo Bonilla del Ministerio.
Para el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, incluso sin tener en consideración la situación del ministro, "esa ley está prácticamente hundida".
Según Restrepo, "no hay ambiente para empezar proyecto de ley porque la mayoría del recaudo depende de una decisión que podría afectar a los mercados que es flexibilizar la regla fiscal". Además, el exministro asegura que la propuesta de disminuir las cargas al sector productivo "no es creíble", porque simultáneamente se están incrementando los costos por otras cargas impositivas.
"Por donde se le mire es una propuesta prácticamente inviable. Aún antes de esta decisión no pasaría y hoy, menos", dijo.
¿Faltan billones?
El origen del proyecto de ley de financiamiento está en la propuesta de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 que el gobierno le presentó al Congreso por un total de 523 billones de pesos y sobre el que advirtió que solo tenía financiados 511 billones de pesos por lo que necesitaba ajustes fiscales para lograr la meta.
Con ese planteamiento, el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley de financiamiento que buscaba aumentar el recaudo tributario en siete billones de pesos entre medidas como eliminar exenciones en impuestos a vehículos híbridos e imponer el IVA en tarifa plena a las apuestas y juegos al azar en línea, para igualarlos con las apuestas tradicionales.
Los otros cinco billones de pesos no se recaudarían, sino que provendrían de un mayor espacio fiscal para el gobierno al eliminar el último año de transición de la nueva regla fiscal, que inició en 2021 tras la pandemia, lo que le permitiría al país un déficit fiscal más grande que el ordenado por la ley para 2025, último año con un déficit dictado por ley dentro de la transición a la nueva regla.
Al respecto, diversos expertos advirtieron que esto podría restarle más credibilidad macroeconómica al país, mientras que otros apoyaban la idea al considerar que si el país ya estaba cerca del ancla de deuda pública de largo plazo, no valía la pena esperar un año más para que entrara en vigor por completo la regla fiscal modificada.
El exministro Alberto Carrasquilla le dijo a CAMBIO que, a su parecer, se debe hacer un recorte en el presupuesto. "El monto del recorte que se necesita es bastante grande y depende mucho de que tan desfasada termine la tributación", aseguró.
Otro extitular de la cartera, Juan Camilo Restrepo, también ve con pesimismo el panorama para la tributaria. "Con el improbable escenario de que se aprobara la ley de financiamiento no soluciona gran cosa", dijo, si se tiene en cuenta que en el mejor de los casos se recaudarían 12 billones de pesos y el faltante para las finanzas públicas, según sus cuentas, está entre 40 y 50 billones.
Lo mismo indicó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo que, de todos modos “la reforma propuesta por el Gobierno no resulta determinante para la financiación del presupuesto del próximo año” pues el recaudo adicional por siete billones de pesos “es relativamente pequeño en comparación con el faltante proyectado para el próximo año, que asciende a cerca de 37 billones de pesos. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno se enfoque en presentar un presupuesto más austero, alineado con las capacidades reales de generación de ingresos para el año próximo”.
En el mismo sentido, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Pontificia Javeriana, anticipó que “el ejecutivo, a principios de año, se verá obligado a recortar 12 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación que se expedirá por Decreto en las próximas semanas. Esto dejaría un presupuesto para el próximo año de 511 billones de pesos, de los cuales sólo 70 billones corresponden a la inversión pública. Esto implicaría una reducción del 26 por ciento en términos reales en comparación con el presupuesto de este año. Esto tendría consecuencias negativas para el crecimiento económico y el bienestar general de los colombianos”.
¿Afecta al proyecto el cambio de ministro?
Sumado a esto, otros expertos reconocen que el movimiento en la dirección de la cartera puede tener un impacto negativo en el proyecto. El observatorio económico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) mencionó que la renuncia de Bonilla puede tener impactos "no solo en las finanzas sino en la credibilidad del Gobierno", y aunque se puede esperar que el proyecto siga en curso, será más difícil que alcance los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso. "Sale el ministro, pierde credibilidad el proyecto de ley de financiamiento y aumenta el riesgo de aumentar la deuda", indicó el instituto.
Según el centro de estudios, hay varios factores que sustentan esta visión. En primer lugar, según el ICP, los mercados han reaccionado de forma negativa a la reforma tributaria desde su anuncio, lo que refleja “su desconfianza en políticas que penalizan la producción y limitan el crecimiento económico”.
La institución considera que, si bien el rechazo a la reforma podría generar una reacción positiva inicial, la ausencia de una estrategia clara para garantizar la sostenibilidad fiscal crearía un efecto perjudicial, y puede debilitar la posición del país frente a los inversionistas.
Para el Instituto de Ciencia Política, la no aprobación del proyecto de ley le impedirá al Gobierno cumplir con el exceso de gasto planteado en las metas presupuestales de 2025, lo que llevaría a justificar el endeudamiento adicional, creando mayores problemas de largo plazo.
“Un Gobierno que no consiga legitimidad en la financiación y en la forma de planear la sostenibilidad financiera aumenta el riesgo-país, genera desconfianza inversionista, eleva el costo de la deuda y debilita la calificación crediticia del país”, indicó la entidad.