Las finanzas públicas están con el agua al cuello. ¿Qué margen de maniobra tiene el Gobierno?

En 2024 el gobierno colombiano contará con 502 billones de pesos en su presupuesto nacional: el más alto de la historia. Es 18,9 por ciento mayor que el de 2023. Sin embargo, la posición fiscal del país está apretada. Son varios los esfuerzos que el Ministerio de Hacienda deberá hacer para garantizar unas finanzas sanas y, de llegarse a presentar cualquier imprevisto, evitar una tormenta fiscal.

Este año se espera un aumento del déficit fiscal, algunos ingresos que financian el Presupuesto General aún no están garantizados del todo, y el presidente Gustavo Petro tiene metas de gasto ambiciosas. En este panorama, el margen de maniobra para la economía colombiana se reduce.    

Litigios y regalías empañan los ingresos de la Nación

El presupuesto para este año contempla recursos por 99,8 billones de pesos para inversiones, 308 billones para los gastos de funcionamiento del Estado y 94,5 billones para el pago del servicio de la deuda; es decir, los compromisos financieros que tiene la Nación.

Los expertos han advertido varios riesgos relacionados con los recursos que financiarán estas cuentas. Una de las mayores críticas al Presupuesto General es que, para este año, el Ministerio de Hacienda estima que ingresarán cerca de 15 billones en 2024, producto del arbitraje de litigios para disputas entre los contribuyentes y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). A estos procesos, que pasaron de lo administrativo a lo judicial, esperan meterles el acelerador. 

El Gobierno tiene registro de 7.112 procesos en los que al menos hay atrapados 27,3 billones de pesos. El lío es que no hay certeza sobre cuán rápido se podrá recaudar ese dinero que está “embolatado”. Por el contrario, se está contando con la plata de los litigios para financiar el presupuesto.  A finales del 2023, el Gobierno radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca autorizar este proceso, pero el Legislativo no lo ha aprobado.  

Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, mencionó que por ahora no existen los mecanismos legales para que la Dian pueda aprovechar el arbitraje para resolver estos litigios. Cuestionó que, incluso si ese marco normativo ya estuviera en firme y se pudiera recoger ese dinero de manera rápida, esos ingresos adicionales financiarán gastos estructurales, mientras que los ingresos son coyunturales: he aquí el problema. 

“En la medida en que el recaudo no se materialice, que puede pasar si esa norma de litigios no se aprueba pronto, el Gobierno tendría que recurrir a la reducción de gastos; de lo contrario, estaríamos en riesgo de incumplir la regla fiscal”, dijo Pardo a CAMBIO. 

Otro lío que el Gobierno enfrentará este año es la decisión de la Corte Constitucional, que tumbó el punto de la reforma tributaria de 2022 que impedía que las empresas petroleras y mineras dedujeran sus regalías. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en 2024 se esperaban recibir 6,6 billones de pesos por ese concepto, lo que equivale al 29,8 por ciento de los ingresos esperados este año por la reforma tributaria del Gobierno Petro.  

Aunque la Corte ya emitió una sentencia con su decisión, el Ministerio de Hacienda intenta revivir la posibilidad de recaudar ese dinero. La cartera radicó tres recursos ante el alto tribunal:  pidió anular el fallo, le solicitó a la Corte aclarar los efectos sobre la vigencia 20203, y abrir un incidente de impacto fiscal. Este último recurso permite que el Gobierno solicite a la Corte modular los efectos de su decisión para el golpe en las finanzas no sea tan duro.

¿Qué tan descuadrados están los gastos e ingresos del país?

“Los retos de este año en materia fiscal son bastantes. Vamos a tener una economía con un crecimiento débil, sobre todo en el primer semestre, y todavía hay una inflación alta y unas tasas que no van a descender de manera rápida sino gradual. Esos niveles de actividad económica relativamente bajos afectan el recaudo tributario”, explica José Ignacio López, nuevo presidente del centro de estudios económicos Anif. .

De acuerdo con el economista, ante la incertidumbre en los ingresos tributarios, se podría decir que el gobierno arrancó 2024 “con una especie de hueco”, que podría llegar a ser de hasta 2 puntos porcentuales como proporción del producto interno bruto (PIB), o alrededor de 30 billones, según López.  

Las finanzas públicas colombianas son deficitarias, es decir, son mayores los gastos de la administración pública que los ingresos disponibles. Otra situación que complica al Gobierno en 2024 es que se estima que el déficit fiscal, en lugar de bajar —como viene haciéndolo desde 2021 luego del aumento de gasto que generó la pandemia—, subirá este año.  
 
El Ministerio de Hacienda espera que ese desbalance fiscal pase de 4,3 por ciento como porcentaje del PIB en 2023 a 4,5 por ciento en 2024, y también que suba el nivel de deuda, de 55,8 por ciento a 57,1 por ciento en términos de PIB. 

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha explicado que ese aumento en el déficit se debe, principalmente, a un mayor gasto en intereses que debe pagar el país este año como resultado de “las mayores necesidades de financiamiento de 2023 y 2024”. A pesar de ello, las proyecciones no son las mejores. 

Cuando se presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023, el documento en el que se muestran las proyecciones macroeconómicas y fiscales para los próximas diez años, el ministro Bonilla indicó que la estrategia fiscal de corto plazo de esta administración se basa, en primer lugar,  en la necesidad de financiar reformas y programas sociales y económicos para alcanzar una mayor justicia social. 

También mencionó que los otros tres pilares de la estrategia del gobierno son: la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas; el cumplimiento estricto de la regla fiscal, y la preservación de la estabilidad macroeconómica.

La regla fiscal es un mecanismo creado por ley en 2011 y le indica al Gobierno cuál es su límite de gasto en relación con su nivel de ingresos. Su cumplimiento es uno de los factores que tienen en cuenta, por ejemplo, las calificadoras de riesgo y los inversionistas. Es un indicador de porque que muestra la seriedad del gobierno en el manejo de las finanzas públicas.

En noviembre pasado el presidente Petro cuestionó las limitaciones que la regla fiscal le impone al Gobierno en materia de gasto. Aseguró que la norma es “estricta” y propuso dejar de mantenerla en el país para impulsar la inversión pública.  

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), entidad encargada de analizar su comportamiento y emitir pronunciamientos con recomendaciones al Gobierno,  le sugirió a Hacienda que, para 2024, se deberían hacer ajustes en gastos equivalentes a 1,4 puntos porcentuales del PIB: unos 23 billones de pesos.

La agenda de Petro, una serie de propuestas no tan austeras

El Gobierno tiene una agenda de gasto amplia. Está avanzando en la unificación de subsidios por medio del sistema de transferencias y el programa Renta Ciudadana, para los cuales se asignaron 9 billones de pesos para la vigencia de 2024;  otras inversiones relevantes son los 2 billones de pesos contemplados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), 2,6 billones para la estrategia de conectividad digital del Gobierno y 1,5 billones de pesos para la intervención de vías regionales, terminales fluviales y aeródromos. 

Además, el Gobierno Petro aún lidia con asuntos del año pasado, como la congelación en las tarifas de los peajes, que tuvo que asumir y compensar el Gobierno, y costó cerca de 500.000 millones de pesos; o el descuento de 50 por ciento en la tarifa del Soat para motos y vehículos de servicio público, que se decidió prorrogar para este año. 

Continúan los esfuerzos para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que, se calcula, cerró 2023 en alrededor de 20 billones de pesos. Se espera que en 2024 el hueco sea de 10 billones de pesos, según los ajustes al precio del diésel.  

“El inmenso reto es dar una priorización a los proyectos de gasto. En 2024 lo deseable es que el Gobierno ponga en cintura el crecimiento del gasto público, que en los últimos años ha sido importante. Dado el estado de la economía y la faltante de recursos en el presupuesto, este será un año de inmensos retos en lo fiscal. El margen de maniobra del gobierno es poco”, mencionó López.  

De ser aprobados, los proyectos de reforma social serían una carga adicional: la reforma laboral, la pensional y la de salud, que de aprobarse representarían mayores gastos para el Gobierno.   

Para Munir Jalil, economista jefe para la región andina del banco BTG Pactual, la posición fiscal del Gobierno enfrenta varios riesgos. Al igual que López, el analista de mercado considera que el recaudo de impuestos se verá afectado por la situación económica del país, ya que un mal año económico golpea los ingresos de las empresas y los hogares. Según Jalil, es posible que en el primer semestre no se llegue siquiera a la meta de la Dian. 

“No solo no habría espacio para nuevos anuncios del Gobierno, sino que en la medida en que se vayan materializando algunos de estos riesgos, que se traducen en menores ingresos, hay dos opciones: endeudarse más, aunque el gobierno ha sido enfático en que no se quiere endeudar, o si no, se debe empezar a hablar de recortes a los programas de inversión”, asegura Jalil. 

El experto reconoce que las eventualidades pueden ser positivas o negativas. “Si crecemos más o, por ejemplo, el precio del petróleo llegase a subir de manera importante, ingresaría más plata por impuestos. Sin embargo, un imprevisto puede descuadrar un poco las cuentas”, dice Jalil. 

En entrevista con CAMBIO, el ministro Bonilla mencionó que el Gobierno ya tiene resuelto el 2024 en término presupuestales, se bajó un poco la previsión de pago de deuda para poder aumentar la inversión: “En 2025 vamos a tener que enfrentar el mismo problema porque la previsión de pago de deuda supera las necesidades de inversión, y lo que necesitamos es seguir recuperando la senda de la inversión”. Según Bonilla,  es necesario “airear qué es la regla fiscal y cómo vamos mirando, hacia mediano plazo, una actitud más concertada que se ajuste a la realidad económica”. 

El Gobierno tiene la tarea de cuidar sus finanzas de manera responsable. Aún queda por ver qué pasa con los ingresos tributarios y si se logran reunir todos los recursos con que se estaban haciendo cuentas. Mientras tanto, el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene varias recomendaciones para priorizar los gastos. Las finanzas públicas están a punto de ahogarse: solo el Gobierno puede sacarlas a flote.