Las soluciones del Comité de la Regla Fiscal para mejorar la reforma pensional

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) se pronunció oficialmente sobre las reformas de pensión y salud, así como sobre el manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). En el caso de las pensiones, el equipo técnico advirtió que, como está diseñada, la reforma aumentará la deuda futura de las pensiones. Así, propuso algunas soluciones para reducir ese impacto. 

Según las cuentas del Comité, sin reforma pensional, el valor actual de lo que el gobierno tendría que girarle a Colpensiones por el pilar contributivo llegaría al 132,5 por ciento del PIB en 2100. Con el proyecto de ley como está, esa deuda subiría al 160,5 por ciento.

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Es decir, si se tiene en cuenta el valor del PIB calculado por el Dane para 2022, la deuda pasaría de 1.939 billones de pesos a 2.349 billones de pesos. Pero si el gobierno acogiera las recomendaciones del CARF, el mismo comité calcula que esa deuda sería de 151,6 por ciento del PIB, es decir cerca de 2.219 billones de pesos.

Qué pasaría con la deuda

La razón de este aumento de la deuda futura en las pensiones con la reforma como está planteada es que –según el comité– el pilar semicontributivo –que entregaría los ahorros más un subsidio del gobierno de 3 por ciento por rentabilidad de los recursos a quienes cotizaron entre 150 y 1.000 semanas, que cumplieron 65 años, y que no están en situación de pobreza o vulnerabilidad– aumentaría el valor presente de la deuda pensional en 6,1 por ciento del PIB de aquí a 2100. 

Otro 28 por ciento del PIB adicional de deuda futura pensional sería consecuencia del pilar contributivo, si se mantiene el tope de cotizaciones a Colpensiones en tres salarios mínimos y el mecanismo del Fondo de Ahorro de ese pilar como está planteado, ya que ahorraría poco y se agotaría en tan solo 36 años, según las estimaciones del CARF.

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Según el grupo de expertos, las cotizaciones y traslados a Colpensiones pasarían de 1,8 por ciento del PIB sin reforma, a 3 por ciento del PIB con el proyecto planteado, solo en 2025: las cotizaciones pasarían de representar 1 por ciento a ser de 2,8 por ciento del PIB, mientras que los traslados pasarían de ser de 0,8 por ciento a 0,2 por ciento del PIB. De esos 1,2 puntos porcentuales de recursos adicionales que recibiría Colpensiones, solo se ahorrarían 0,7 puntos. 

“Con esto, la Nación acumularía un pasivo contingente (las futuras pensiones de los aportantes), pero no acumularía suficiente activo para pagar las mesadas en el futuro”, advierte el CARF.

Y si el fondo de ahorro mantiene el diseño que tiene en el proyecto de ley radicado, se agotaría en 36 años, de modo que para 2061, cuando se empiecen a pensionar los jóvenes que deban cotizar en el nuevo sistema, “la responsabilidad del pago de las mesadas y devoluciones estaría en cabeza del Presupuesto General de la Nación, generando un problema fiscal importante: los giros de la Nación pasarían de 1,4 por ciento a 2,9 por ciento del PIB por año”.

Qué pasaría con el ahorro

Al CARF también le preocupa que parte de ese fondo de ahorro pueda utilizarse para pagar aportes del pilar semicontributivo y que su política de inversión no busque maximizar el beneficio para los ahorradores, lo que significa que podría tener menores rentabilidades y –por esta vía– también afectar el ahorro del país y la deuda futura.

En este punto el Ministerio de Hacienda ha indicado que tiene un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para cambiar el artículo que crea ese fondo de ahorro. El texto acordado entre los dos ministerios es explícito en prohibir que esos recursos solo se podrán gastar en las pensiones de quienes queden afiliados al sistema de pilares, exceptuando a quienes entren en el régimen de transición y quienes desde antes de la reforma hagan parte del Régimen de Prima Media (RPM), es decir que el fondo solo pagaría las pensiones de quienes hoy tengan menos de 1.000 semanas cotizadas y deban ser trasladados a Colpensiones por la reforma. 

Qué soluciones hay

Para limitar ese impacto sobre la deuda del país, el CARF sugiere, en primera medida y como han dicho muchos otros expertos y académicos, que las cotizaciones del pilar contributivo destinadas a Colpensiones se limiten a un solo salario mínimo. 

Este cambio, dicen los técnicos, ayudaría a reducir el valor presente neto –el precio actual– de la deuda pensional futura en 20 por ciento del PIB, mientras que el ahorro nacional de largo plazo podría aumentar hasta 40 por ciento.

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Otra sugerencia para aumentar ese ahorro es que se cambie el mecanismo de ahorro del fondo que se crearía en Colpensiones, de modo que el porcentaje de cotizaciones destinadas al fondo no sea fijo y el del fondo común –la bolsa de la que salen los recursos para pagar las mesadas pensionales que deben pagarse en ese momento– flexible, sino al contrario. 

La propuesta de los expertos es que se fije un porcentaje de cotizaciones del pilar contributivo en Colpensiones destinado al fondo común, que la Nación siga girando un mismo porcentaje del PIB como asignación del presupuesto general y que el resto, sin un tope, se destine al fondo de ahorro que se crearía.

“Con esto, se garantiza que el Gobierno ahorra de forma consistente con las mayores obligaciones que adquiere, el componente de ahorro se armoniza con el ciclo económico –se ahorra más en momentos de auge– y el Gobierno continúa destinando al pago de las obligaciones pensionales un monto equivalente al actual, sin que con la reforma se liberen recursos adicionales para gasto corriente”, dice el CARF.

El Comité también pide que el proyecto de ley sea más claro en el gobierno institucional y en el régimen de inversiones del fondo de ahorro, para garantizar que se busque el mejor beneficio para los futuros pensionados y que funcione en condiciones de mercado ya que “el costo fiscal neto de la reforma depende críticamente de que estos recursos se administren adecuadamente y se logre el objetivo de rentabilidad”.

Además, aunque los expertos destacan la importancia del pilar solidario para aumentar la cobertura de los adultos mayores pobres y vulnerables, también advierten que es necesario que el gobierno sea más claro en que este pilar “completa el esquema, pero técnicamente no hace parte de él”, ya que está diseñado como otra transferencia social. 

Por último, los expertos recuerdan que los regímenes pensionales especiales suman las dos terceras partes del problema pensional, por lo que allí también se requieren cambios para mejorar el panorama.