Oferta de energía: los proyectos que están en la cuerda floja

El departamento de La Guajira tiene varias razones para robarse buena parte de la atención pública: los casos de desnutrición infantil, la falta de fuentes de agua potable y, desde hace unos años, su potencial de generación de energía con fuentes renovables no convencionales -como los técnicos llaman a la energía solar y eólica- y los conflictos con las comunidades locales que estos proyectos han generado. 

Por un lado, familias wayuú de la zona advierten del impacto ecológico que ya tienen los proyectos en sus territorios. Algunos incluso denuncian presuntos desplazamientos, amenazas y peleas entre integrantes de su comunidad, pues el proceso exige consultas previas con las comunidades y estas tienen varios líderes, que no necesariamente están de acuerdo entre ellos. 

Por el otro lado, las empresas que ganaron licitaciones para la construcción de estos proyectos se quejan de la conflictividad en la zona, que representa retrasos en la ejecución de las obras pues las jornadas laborales se suspenden hasta el 60% del tiempo. Además, la parte más lenta del proceso es el trámite de licencias ambientales, que a su vez se retrasan por las consultas previas con las comunidades.

 Como consecuencia, en 2023, Enel Power Green anunció públicamente la suspensión de las obras en el proyecto eólico Windpeshi en La Guajira, en medio de conflictos con y entre la comunidad local. Más adelante, Enel anunció su disposición para avanzar en los trámites de venta del proyecto y apoyar al nuevo inversionista del proyecto en lo que necesitara. 

Unos meses más tarde, el turno fue para Celsia. Ante los retrasos en la ejecución de sus proyectos eólicos en el mismo departamento, la empresa decidió enviar a Perú los equipos y maquinaria que ya había recibido en el puerto de La Guajira para la construcción de los proyectos en Colombia.

En febrero de 2024, Celsia reveló que evaluaba la posibilidad de suspender o vender sus dos proyectos de energía eólica en Maicao (Acacia) y La Uribia (Camelia I y Camelia II). Más adelante, en la presentación de resultados financieros de 2023, Ricardo Sierra, CEO de la compañía, explicó que por el momento avanzan los procesos de licenciamiento ambiental, pero que esta etapa burocrática ha sido tan lenta, que cuando obtengan los documentos revaluarán la viabilidad económica de ambos proyectos y decidirán si siguen adelante o los venden. 

Por su parte, Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), le dijo recientemente a CAMBIO que a su entidad no ha llegado ninguna solicitud de suspensión o venta de ningún proyecto en el país. Es decir, por ahora, todos tienen un punto de conexión y una obligación de entregar energía en unas fechas determinadas. 

Correa agregó que, dados los avances en los procesos de consulta previa de la línea de conexión eléctrica Colectora y la proximidad en la decisión de la ANLA con respecto a su licencia ambiental, los proyectos de energía que están en proceso en la zona “deberían estar acelerando” su construcción para cumplir con las fechas. 

¿Qué pasa si nadie cumple? 

La Universidad Nacional realizó para la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) un estudio sobre la demanda y oferta de energía en el país, basado en las proyecciones a largo plazo de la UPME. Entre las conclusiones, la universidad advirtió que, desde la pandemia, la demanda de energía empezó a crecer por encima de las estimaciones de la UPME.

Además, en los últimos tres años han entrado en operación menor proyectos de generación de energía de los esperados. Por ejemplo, en 2020 se esperaba que la oferta de energía se ampliara en 2.299 megavatios (MW), pero solo entraron al sistema 361MW; en 2023, se esperaban 6.608MW e ingresaron solo 1.062MW. 

Es decir, según el estudio de la Universidad Nacional, en los últimos 4 años el sistema eléctrico se ha ampliado en menos del 20% de lo esperado. De hecho, solo en La Guajira hay ocho proyectos suspendidos que representan 1.259MW, o el 53,8% de la energía eólica que se espera producir en el departamento. 

Con estas proyecciones, el escenario que plantea el estudio de la Universidad Nacional es de un posible déficit en la oferta de energía para 2027 si no se realizan más subastas y si los proyectos retrasados o suspendidos no entran en operación. 

En contraste, la UPME asegura que parte de esa demanda que llevaría al país a tener un faltante de energía, se irá incorporando en lo que llaman demanda vegetativa, aquella que sube cada año según el crecimiento del país. El director de la entidad asegura que no hay tal riesgo y que los mecanismos existen para cubrir los faltantes de energía y evitar un racionamiento.