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Para Minhacienda, Colpensiones no es un problema en la pensional, ¿cuán cierta es esta afirmación?
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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, desestimó las preocupaciones de expertos sobre la capacidad operativa, tecnológica y administrativa de Colpensiones para acoger a los nuevos afiliados que recibirá. CAMBIO le cuenta qué tanta razón tiene el funcionario.
Por: Angélica M. Gómez
Dos días antes de que el presidente Gustavo Petro firme en la Plaza de Bolívar el proyecto de reforma pensional aprobado por el Congreso para convertirlo en una ley de república, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló con menos tapujos sobre lo que se viene para esta arista del sistema de seguridad social en Colombia.
Primero hay que recordar que con la firma de la ley, Colpensiones, el Ministerio de Trabajo, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otros actores públicos y privados tendrán un año y nueve días para diseñar, ajustar y publicar toda la reglamentación que especifique en detalle las reglas de juego del nuevo sistema pensional.
En este proceso, saldrán decretos, resoluciones y hasta circulares que cubran todos los huecos posibles y aclaren la mayor cantidad de zonas grises, por ejemplo, cómo operará el fondo de ahorro que administrará el Banco de la República o cómo garantizará Colpensiones que los ahorros de los trabajadores no se destinen a algo diferente a mesadas pensionales.
Mientras tanto, dice el ministro Bonilla, Colpensiones le aseguró al gobierno que el proceso de preparación tecnológica para recibir a 18 millones de afiliados nuevos “empezó hace rato y el gobierno puede revisar y sugerir mejoras”.
La declaración del funcionario es la respuesta a una inquietud que han expresado exministros, académicos, expertos, universidades y hasta centros de pensamiento sobre la transformación del sistema: ¿Cómo asegurarán el gobierno y Colpensiones que el sistema operativo y administrativo podrá recibir de golpe dos veces más afiliados de los que tiene en la actualidad?
¿Enredos administrativos?
“Estamos sobredimensionando este asunto porque llegarán los 18 millones de afiliados de los fondos privados, pero solo el 40 por ciento, es decir 11 millones, son realmente cotizantes y ese es realmente el reto. Lo de los afiliados es solo pasar el nombre de un lado al otro”, dice el ministro de Hacienda para desestimar las preocupaciones del sector.
Sin embargo, expertos del sector opinan todo lo contrario. A la hora de revisar la capacidad operativa y administrativa de Colpensiones, la historia no le es muy favorable, pues la entidad todavía tiene rezagos de implementación tras la caída del Instituto de Seguridad Social y la creación del actual sistema con la Ley 30 de 1993.
Incluso, en contraste con la posición del ministro, Colpensiones ha destacado en diferentes espacios que, aunque ha adelantado parte de la actualización tecnológica, necesita aumentar su planta de personal en al menos 30 por ciento para cumplir con las exigencias del nuevo sistema pensional.
“Con la reforma pasamos de ser aproximadamente siete millones de cotizantes a aproximadamente 27 millones de cotizantes en Colpensiones. Si la gestión y administración de siete millones de cotizantes ha sido un dolor de cabeza para Colpensiones, imagínense esa actividad multiplicada por tres. Eso se mide en el número de solicitudes de corrección de historia laboral, los baches informativos que tienen los afiliados a Colpensiones sobre los reportes de sus cotizaciones al sistema y los tiempos de respuesta. En el informe de la Contraloría es claro que Colpensiones se raja en eso”, advierte Kevin Hartmann, investigador de la Universidad de Lovaina y socio de Hartmann Asociados.
Dicho de otra manera, “además de recibir a los afiliados, se debe hacer toda la parametrización para saber si la persona cumple criterios de transición o no los cumple, ahí seguramente va a haber muchos debates sobre semanas laborales que no estaban aplicadas en la historia laboral. Aplicar eso para todos los afiliados que se pensionarán va a implicar unos cambios bastante fuertes. El tema no es menor y los costos operativos son bastante altos", dice Jorge Llano, vicepresidente de Mercado de Valores del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV).
A los problemas logísticos deben sumarse los sociales. Oscar Becerra, profesor de Economía y pensiones de la Universidad de Los Andes, añade que la declaración del ministro Bonilla “es el reflejo de que la reforma sigue sin resolver el problema de fondo: una baja cobertura del sistema contributivo. Tristemente, no nos tenemos que preocupar por Colpensiones porque muy poca gente se va a pensionar. Por el contrario, sí hay que preocuparse porque ahora ese grupo de gente que se pensiona le va a generar una carga más grande al Estado, mientras los que no hacen parte de esa preocupación van a recibir los subsidios del pilar solidario y semicontributivo”.
Es decir, Colpensiones no es una preocupación mayor en cuanto a actualizaciones y mejoras operativas y administrativas porque la reforma no corrige el problema que prometía corregir: que pocos adultos mayores en el país logran una pensión. Por el contrario, el cambio le añade costos y cargas al Estado, mientras los demás reciben subsidios, ya sea del pilar semicontributivo o del solidario, lo que hoy se conoce como Colombia Mayor.
Becerra insiste en que “hay que fortalecer a Colpensiones, pero eso se hace generando las condiciones para que las personas puedan cotizar y alineando las expectativas de pensión para que sean acordes con las contribuciones. Como sociedad es indiscutible que necesitamos apoyar con subsidios a algunas personas, pero esas deberían ser las más vulnerables”.
¿Para dónde van nuestros ahorros?
Por otro lado, el ministro de Hacienda volvió a explicar de dónde saldrá el dinero para financiar el nuevo sistema de pensiones: “el pilar solidario se financia con dinero del fondo de solidaridad pensional más unos ingresos adicionales que se establecieron en la reforma. Para el 2025 el costo sería de 0,25 por ciento del PIB y con el tiempo el gobierno necesitaría menos recursos pues los traslados a Colpensiones serían obligatorios y con eso se financiarían las pensiones actuales y se ahorraría para el Fondo de Ahorro Pensional”.
Con la última frase el funcionario le da la razón a quienes advirtieron desde el comienzo del debate pensional que los ahorros de los trabajadores no se destinarían únicamente a garantizar su pensión en el futuro. Es decir, es verdad que pasará lo que el gobierno tanto aseguró que no pasaría: los recursos de los cotizantes, en una proporción importante, se destinarán a algo más que ahorrar.
Y aunque el país está de acuerdo en que es necesario encontrar recursos para financiar subsidios y mejores pensiones a todos los adultos mayores del país a la vez que se eliminan los subsidios a los pensionados de mayores ingresos, aquí se revive la inquietud sobre el efecto que eso tendrá sobre el Presupuesto General de la Nación, que al menos durante los primeros años dejará de asignarle al sistema pensional dinero de pensiones excluidos de los regímenes especiales como advierte Llano.
“Por eso es que el ahorro nacional cae. Si bien el discurso del gobierno decía que esa plata no iba a ser utilizada, decían un poco que lo que se iba al fondo de ahorro no iba a ser utilizado para eso, pero porque sabían que si decían que una parte no menor se iba a cubrir hueco pensional y eso libera caja por el otro lado para gastar en lo que tenga que gastar, eso que asusta mucho un poco. Claramente lo que están buscando ahí es liberar recursos. Nos van a dejar con menos ahorro, la probabilidad de más efecto negativo en inversión y en mercado de capitales y al final ellos se van a gastar una parte de esa plata para poder liberar Presupuesto General de la Nación” y de ahí también el interés de que la ley entre en vigencia apenas un año después de ser firmada.
Por su parte, Hartmann dice que, estrictamente hablando del dinero, el ministro tiene razón pues “al tener un sistema único, el flujo de cotizaciones da para cubrir todo el pasivo pensional de Colpensiones. Queda restando una parte que es el pasivo pensional que se viene marchitando de los regímenes anteriores a la ley 100, que son esencialmente FOPEP y Cajanal”.
Becerra le añade otra pata al gato, pues insiste en que “ese es el resultado del diseño del sistema de reparto que tiene el primer pilar de Colpensiones. El desbalance de Colpensiones es estructural y va a necesitar no solo las contribuciones sino transferencias del Estado”.
El profesor explica que la diferencia entre este sistema y el que habría mantenido el país sin la reforma es que se limitan los subsidios a las pensiones muy altas del futuro, pero se amplía la cantidad de beneficiarios de subsidios que no son estrictamente necesarios para todos los trabajadores, pues al estar obligados a cotizar en Colpensiones, todos recibiremos una parte de subsidio. Incluso quienes no lo necesitan.
Y aunque el dinero se mantenga dentro del sistema pensional, el aumentado flujo de recursos dentro de Colpensiones impone otro reto sobre el que poco se ha hablado: asegurar que los recursos se destinen a lo que es. Ya que no se ha hablado hasta el momento del tema, los expertos coinciden en que es uno de los puntos a observar a la hora de la reglamentación del nuevo sistema pensional.
“Por pura prudencia y casi que por decencia política, el presidente de Colpensiones o el órgano rector del sistema debe tener la claridad de que ese flujo de dinero no se va a desviar o malgastar y tener todo el esquema listo sobre cómo van a recaudar esa plata y repartirla adecuadamente. Eso no se ha hecho”, señala Hartmann.