Paro de transportadores: cinco claves para entenderlo

Desde el pasado sábado, en las vías de diferentes puntos del país, comenzaron a estacionarse cientos de camiones. Sus conductores abrieron las puertas y, con pancartas y banderas, plantaron un mensaje claro y contundente para el gobierno: “No al alza del ACPM”. 

Las protestas, que comenzaron el fin de semana y se intensificaron el lunes y martes, responden a la decisión del Gobierno de subir en 2.000 pesos el precio del galón, tras 56 meses en que permaneció congelado en 9.456 pesos. 

El Gobierno sostiene la necesidad de equiparar el valor del combustible al precio internacional, porque, para mantener los precios bajos, debe subsidiar la diferencia, y que este lleva 56 meses quieto. Los transportadores argumentan que el aumento no es sostenible en un sector donde la mayoría de los propietarios son los mismos conductores y que ha sido afectado por la desaceleración económica.  

¿Por qué están marchando los transportadores?

Durante meses, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se reunió con los representantes del sector transporte para revisar los posibles impactos de un incremento total de 6.000 pesos en el precio del galón del diésel, proyectado por el Gobierno para este y el próximo año. 
Si bien la subida estaba más que anunciada, los transportadores no quedaron contentos y decidieron tomarse las calles. 

Durante un año y 10 meses, el Gobierno y los representantes de nueve asociaciones, que conformaron una Cámara Intergremial de Transporte, se sentaron a dialogar y revisar los posibles impactos de la medida, que afecta a cerca de 650.000 propietarios de camiones y tractomulas, al transporte intermunicipal y a otros vehículos que se tanquean con este tipo de combustible.

Tuvieron 13 mesas de trabajo. Aunque los transportadores solicitaron al Gobierno que no se subieran los precios, el acuerdo no se logró. Bonilla confirmó hace cerca de un mes que el aumento total que se hará en el galón es de 6.000 pesos, y deberá hacerse entre lo que queda de este año y el próximo. Este incremento sería el primero de tres. 

El FEPC: la razón detrás del aumento

Durante la pandemia los precios de la gasolina y del diésel o ACPM se congelaron, como parte de las medidas que en su momento se impulsaron para aliviar el bolsillo de los consumidores. 

Sin embargo, esto generó presiones fiscales para el Gobierno, que a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) subsidia la diferencia del precio que pagan los consumidores por los combustibles en comparación con el precio internacional. Según el Ministerio de Hacienda, esta decisión ha generado un déficit acumulado histórico de 105 billones de pesos en los últimos cuatro años y que el gobierno ha ido asumiendo año a año. 

Por eso, en octubre de 2022 comenzó un proceso de ajuste en el precio de la gasolina, que se extendió hasta diciembre del año pasado y aumentó en alrededor de 5.000 pesos el precio del galón, que subió paulatinamente hasta llevarlo a alrededor de 15.164 pesos.

Luego venía el turno del diésel, pero tocar este combustible no era sencillo por sus impactos en el transporte de alimentos y otros productos básicos. Una medida altamente impopular. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, para 2024 el déficit correspondiente al diésel estimado sería de 12 billones. 

“El precio del diésel está congelado desde enero de 2020. Llevamos 56 meses con el precio congelado, hemos cerrado la brecha de la gasolina. Este subsidio es ineficiente para la economía colombiana porque genera un enorme déficit fiscal y no contribuye al saneamiento de las finanzas públicas”, aseguró el ministro Bonilla en una declaración pública. 

En un año en que la situación fiscal es compleja, aumentar el precio del diésel y sanear el déficit del FEPC se convirtió en una tarea fundamental para el Gobierno y en particular para el Ministerio de Hacienda. 

Según la cartera, “cuando un consumidor compra diésel en una estación de servicio, el consumidor paga menos del 50 por ciento del precio que cobra el refinador o importador de ese combustible”, y tan solo con ese primer incremento, que llevó el galón a 11.360 pesos, se estaría generando un ahorro fiscal de 1,6 billones en lo que queda del año. 

La fórmula para calcular el diésel divide a gobierno y transportadores

Mientras que la gasolina subió poco a poco, y el efecto sobre el bolsillo de los colombianos se materializó por medio de quince aumentos entre 200 y 600 pesos, los planes para el diésel son tres incrementos de 2.000 pesos. Es decir, el primer aumento representó un alza de 20 por ciento, y en total el diésel subiría 60 por ciento para lograr el ajuste que busca el gobierno. 

Esta diferencia fue lo que, por meses, tuvo sentados al Gobierno y los transportadores. 

En los últimos días el Ministerio de Hacienda ha destacado que, incluso luego del incremento a 11.360 pesos por galón, Colombia quedó con el tercer precio más bajo de ACPM en la región. 

El precio, que publica mes a mes la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), toma en cuenta diferentes variables. Una de estas es el ingreso al productor de combustibles fósiles y de los biocombustibles (IP), que es el valor que recibe el refinador por producir cada galón de combustible. 

En Colombia el diésel se produce en las refinerías de Barrancabermeja y de Cartagena, y si bien Ecopetrol es una empresa de participación mayoritariamente estatal, también responde a lógicas de mercado. Por eso, en el cálculo del ingreso al productor se tienen en cuenta los precios de referencia internacionales, o el precio de oportunidad, que es la diferencia entre el valor que podría estar recibiendo Ecopetrol si exportara el combustibles a otros países frente a lo que recibe en el mercado local. 

Pero para los transportadores no se debería subsidiar el diésel y, por el contrario, debería cambiar la fórmula con que se calculan los precios. Por eso presentaron una propuesta de fórmula alternativa, la llamaron ‘Precio Colombia’.

“En un país como Colombia, donde somos productores de hidrocarburos y tenemos dos refinerías, por lo que nuestro país no tiene que importarlo, no entendemos por qué nos obligan a pagar por el ACPM a un precio internacional. Los salarios son muy diferentes entre Colombia y Estados Unidos, por ejemplo. En el fondo lo que le están compensando a Ecopetrol es lo que deja de ganar por no exportarlo. Ecopetrol no está perdiendo plata, sino que está dejando de ganar”, aseguró Nidia Hernández, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar). 

Según Hernández, el modelo del Fondo de Estabilización “es para defender simple y llanamente a Ecopetrol”, porque al Estado también le sirve. “El gobierno le compensa a Ecopetrol, pero pasa de un bolsillo a otro porque Ecopetrol se lo compensa en dividendos. Por eso nuestra propuesta es sacar al ACPM del Fondo de Estabilización”, dijo Hernández a CAMBIO.  

La presidente de Colfecar señaló que, en la primera reunión del Gobierno con los transportadores, en octubre de 2022, participó el presidente Gustavo Petro, quien prometió establecer mesas técnicas para revisar la fórmula. 

Arnulfo Cuervo, vicepresidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) opina lo mismo: “La fórmula del FEPC sería válida si importáramos el combustible, o si tuviéramos que traer combustible de otro lado, pero en Colombia el 97 por ciento del combustible diésel que consumimos se origina hoy en las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja. Y el 3 por ciento lo importan las grandes empresas de carbón de la costa atlántica, porque también son comercializadoras de combustibles y les sale más barato”.  
Finalmente el gobierno decidió que no cambiaría la fórmula. 

¿Qué impacto tiene el diésel sobre los transportadores? 

El índice de costos de transporte por carretera (ICTC) que mide el Dane establece que el 40 por ciento de los costos operativos de un camión corresponde a gastos de combustible, 45 por ciento son los costos fijos y peajes; 10 por ciento corresponde a insumos y 5 por ciento son partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación.

Sin embargo, con el incremento en el diésel de 2.000 pesos, ese aumento pasaría a ser del orden del 48 por ciento. 

Uno de los problemas que tiene el sector, así como muchos otros de la economía colombiana, es que no se compone por grandes empresarios, sino pequeñas unidades productivas. En este caso, los conductores. 

Según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), hay 650.000 personas naturales y jurídicas propietarias de un camión, un bus o una volqueta. De esas, el 80 por ciento tiene un vehículo, el 13 por ciento tiene dos y solo el 3,84 tiene 3. Además, según el Runt, si bien hay 4.300 empresas habilitadas por Mintransporte, el 94 por ciento son mipymes. 

Por eso, un cambio en precios los golpea fuertemente. Además, y según han señalado varias voces del sector, en los últimos dos años, a la par con la desaceleración económica, el sector se ha resentido por las caídas en los principales sectores productivos. Una mala dinámica económica deriva en caídas en la producción y en el comercio, y por ende, en la carga que mueven los conductores. 

“Las estadísticas que recogemos en Colfecar nos muestran que el sector lleva dos años aguantando más de 1.200 bloqueos en vías nacionales por diferentes factores, cierres viales, y una ola de inseguridad en que los grupos al margen de la ley los vienen ‘vacunando’ y se están presentando actos terroristas. Y a eso se suma que este año van 18 conductores asesinados por hurtos, algo que no se veía antes”, dice Hernández.

Nuevo ánimo de conversación 

Mientras en las calles y carreteras de Colombia los transportadores cerraron el paso durante el martes 2 de septiembre, el Gobierno avanzaba con un Puesto de Mando Unificado (PMU) para tratar de frenar el paro.

En dicho PMU participaron los diferentes ministerios, la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las gobernaciones de Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Nariño y las alcaldías de Bogotá y Pasto. 

Las bases camioneras lograron establecer un nuevo espacio de diálogo con la ministra de Transporte, María Constanza García, y le presentaron una serie de peticiones. Unas de ellas, derogar los decretos que autorizaron el aumento del diésel y que el presidente Petro se reúna con los camioneros. 

La ministra les propuso en la noche del martes a los transportadores congelar los otros dos incrementos previstos para el ACPM en lo que resta del año, pero estos insisten en que no levantarán el paro hasta que se revierta el incremento. 

Los transportadores aprovecharon la ocasión y extendieron otras solicitudes al gobierno: expedir un régimen laboral para el transportador colombiano; que se actualice en tiempo real el Sisetac, el sistema de información del sector que permite medir o calcular los costos de la operación de transporte de acuerdo a las características propias de cada viaje; la creación de un fondo nacional para el transporte; una nueva ley de peajes, y mejorar la seguridad, entre otros puntos. 

Con estas propuestas sobre la mesa, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que continuarán dialogando con transportadores siempre y cuando se levanten los bloqueos. 

Los primeros estragos del paro ya se sintieron: en Bogotá se reportaron 800 vehículos en diferentes puntos de la ciudad impidiendo el paso, y más de 500.000 afectados por los bloqueos de las rutas de TransMilenio. Analdex, el gremio del comercio exterior, alertó por un impacto diario cercano a los 300 millones de dólares en costos o pérdidas para el comercio internacional, mientras que el sector agropecuario aseguró que los bloqueos podrían afectar la distribución en los centros mayoristas. Además, se reportó escasez de gasolina en algunos municipios de Santander. 

Los transportadores continúan con sus puntos de concentración, mientras que el Gobierno sopesa las opciones que tiene para, por un lado, cubrir la deuda de varios años con el precio del combustible, y por otro, apaciguar las aguas con un sector que tiene la capacidad de paralizar a todo el país.