¿El presupuesto 2025 está desfinanciado? Esto piensan los expertos

El Gobierno nacional puso sus cartas sobre la mesa. Para 2025 necesita un presupuesto de 523 billones, 3,9 por ciento más alto que el aprobado para 2024. El proyecto que radicó el Ministerio de Hacienda en días pasados ante el Congreso persigue 327 billones para gastos de funcionamiento, 112,6 billones para el pago del servicio de deuda y 94,5 billones para inversión.

Sin embargo, el proyecto ha sido criticado por expertos, quienes cuestionan la cantidad de recursos que se pretenden para el próximo año, la forma en que se va a financiar y la caída en la inversión para el otro año, que sería de 17 por ciento.

El director de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Jairo Bautista, aseguró que "del monto total del presupuesto del próximo año, 511 billones se encuentran completamente financiados y 12 billones vienen contingentes sujetos a una ley de financiamiento que presentaremos en las próximas semanas al Congreso de la República". 

En palabras sencillas, para lograr el presupuesto que quiere el gobierno para 2025, es necesario aprobar una tributaria de 12 billones.

Un presupuesto difícil de financiar

Según el proyecto de presupuesto, los otros 511 billones se financiarán en 305,8 billones con ingresos corrientes, es decir, por medio de impuestos, 155,8 billones con recursos de capital, 18,1 billones a través de fondos especiales, 4 billones por medio de rentas parafiscales y 27,3 billones por medio de establecimientos públicos.  

El equipo de investigaciones de Banco Itaú, por otro lado, destacó que, dado que 99 por ciento de los ingresos corrientes esperados por el gobierno corresponden al recaudo de impuestos, “y que a junio han tenido un desempeño inferior al esperado, es posible que las cuentas fiscales sigan tensionadas”. 

Por ahora no se conoce a fondo la estructura del proyecto de reforma tributaria que Hacienda deberá radicar en las próximas semanas ni cómo se conseguirá ese faltante de 12 billones. Hasta el momento, entre los detalles que ha revelado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el eje central es la idea de reducir paulatinamente la tarifa de renta corporativa de las empresas de 35 por ciento a 30 por ciento, beneficios y estímulos para el sector de energías renovables, turismo y comercio exterior. Ninguna de esas propuestas se direcciona hacia un mayor recaudo. 

William Reyes, analista de gasto público del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, advirtió de que el presupuesto nacional viene presentando un incremento “desmesurado” en el gasto de funcionamiento por varios años. Una situación que se ha agravado después de la pandemia, producto de gastos de salud y transferencias que se volvieron permanentes.

Según las propias cuentas presentadas por el Gobierno, el 62 por ciento del presupuesto irá a gastos de funcionamiento, 21,5 por ciento para el pago de servicio de deuda y 15,8 por ciento para inversión. 

Los gastos de funcionamiento, equivalentes a 327 billones, se incrementarían en 6,2 por ciento; los recursos para el pago de deuda aumentarían 19,1 por ciento y pasarían de 94,5 billones a 112,6 billones, mientras que la inversión bajará de 99,8 billones a 82.4 billones; es decir, un recorte de 17,4 billones.  

“En un escenario de estrechez fiscal como la actual, en donde el gasto de inversión se está viendo afectado por recortes, es necesario que el Gobierno racionalice el gasto de funcionamiento en caso de que no se apruebe la Ley de Financiamiento que busca recaudar 12 billones”, indicó Reyes. 

Germán Machado, profesor de Economía de la Universidad de Los Andes, aseguró que el presupuesto de 2025 “está desfinanciado” y el monto propuesto no es sostenible ni factible. Además, cuestionó que se presente un incremento de cerca de 50 billones en comparación con lo que se ejecutará en 2024. 

“Esta es una cifra demasiado alta que necesita ajustarse lo antes posible. La eventual Ley de Financiamiento sólo cubriría una parte del problema, incluso asumiendo que logre generar ingresos por 12 billones. Eso, además, está por verse, porque de acuerdo con lo que ha indicado el Gobierno nacional, buscarán reducir el impuesto a las empresas, lo que reducirá el recaudo”, mencionó el académico.

Para Machado, la única manera de compensar y salir con 12 billones extra será aumentando los impuestos a las personas naturales y, probablemente, modificando el IVA, lo que hace difícil que se materialice la reforma. 

¿Recorte a la vista?

El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, aseguró por medio de su cuenta de X (antes Twitter), que es un “mal mensaje” para la economía meterse a recaudar ahora 12 billones adicionales “para financiar un presupuesto que crece en exceso en gasto de funcionamiento”. 

Para el exministro, un mejor paso sería “eliminar transferencias monetarias innecesarias y bajar en forma gastos de funcionamiento”, muchos de ellos, según Restrepo, burocráticos. “Meterse en una reforma tributaria para recoger 12 billones, es inyectarle otra dosis de incertidumbre y desconfianza a la economía y a la inversión privada -dijo-. No sería un plan de reactivación, sino de desactivación”. 

Justamente el centro de estudios económicos Fedesarrollo publicó un informe en el que recomienda un recorte en el presupuesto. Luis Fernando Mejía, director de la institución, aseguró que esto ayudaría a asegurar el cumplimiento de la regla fiscal y a evitar riesgos económicos debido a la incertidumbre sobre la materialización de los ingresos adicionales estimados por el Ministerio de Hacienda.

Fedesarrollo menciona que para lograr los ingresos tributarios que prevé el proyecto, que ascienden a 316,5 billones, y 26 billones por encima del estima por el propio gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se necesitaría que creciera en 22,4 por ciento los ingresos por impuestos frente a la meta del recaudo de este año. Algo bastante complejo de lograr. 

“Hay un riesgo alto de que estos ingresos adicionales no se materialicen, ya que 12 billones tendrían que provenir de una reforma tributaria que podría afectar aún más la recuperación económica, y los restantes 14,6 billones no parecen tener una fuente confiable”, explicó Mejía. 

Según Fedesarrollo, una ley de financiamiento o reforma tributaria no es conveniente en una economía con bajo crecimiento, y por eso la entidad considera “esencial” que el monto del presupuesto para el próximo año sea ajustado a la baja.

Pero las necesidades del Gobierno y la nación son altas y hacer estos ajustes no es fácil. Tras la última junta directiva del Banco de la República, el ministro Bonilla recalcó que “el presupuesto es muy inflexible”, lo que limita la capacidad del Gobierno para maniobrar. 

“La primera inflexibilidad es la deuda, que es una obligación constitucional que no puede evadirse, si sube la deuda pues baja la inversión. La otra es el presupuesto de funcionamiento, que en realidad es grande por las transferencias del Sistema General de Participaciones, que es lo que más ha crecido este año y también es una obligación constitucional; la tercera es el pago de pensiones, que es de 4 billones”, dijo el ministro. 

Bonilla se refirió a las transferencias y aseguró que “se ha identificado un paquete que se ha aprobado en distintos momentos en el Congreso y hay dudas sobre los beneficiarios por lo que se está revisando si se pueden recortar o gestionar”. 

Así las cosas, el proyecto del presupuesto general de la nación para 2025 apenas inicia su trámite. Por ley, el Congreso de la República deberá dar el visto bueno al monto antes del 15 de septiembre, y el proyecto deberá aprobarse por completo antes del 20 de octubre. Falta ver qué tanto se pueden estirar las cuentas, si se logra o no la reforma y cómo será la puja por los recursos en el Legislativo.