Reforma laboral: Anif alerta sobre impacto en 140.000 empleos formales

La reforma laboral está pasando su último filtro en el Congreso de la República: el debate ante la plenaria del Senado. Aunque el ambicioso proyecto del Gobierno de Gustavo Petro está cerca de ver la luz, persisten los cuestionamientos sobre el impacto que tendrá la reforma en el mercado laboral. 

Hace cerca de dos años, cuando apenas comenzaban los debates del proyecto en el Congreso, un grupo de investigadores del Banco de la República elaboró un informe sobre los impactos del proyecto de ley en el mercado laboral. Uno de los mensajes más alarmantes de dicho informe era la posibilidad de que se perdieran cerca de 400.000 puestos de trabajos como resultado de los mayores costos que deberán acarrear los empleadores con la reforma. 

Desde entonces el proyecto ha visto algunos cambios, pero los expertos económicos siguen señalando que el inconveniente de la reforma es que, si bien mejora las condiciones de los trabajadores formales, no genera incentivos para la creación de nuevos empleos, y, por el contrario, ‘encarece’ la creación de puestos de trabajos formales. 

Esta es una de las advertencias que hizo el centro de estudios económicos Anif esta semana. El tanque de pensamiento presentó un nuevo análisis sobre el efecto de la reforma en el mercado laboral formal y estimó la destrucción de 140.000 puestos de trabajo formales en sectores sensibles como el comercio, alojamiento, restaurantes, entretenimiento, transporte y algunas industrias.

“La reforma laboral está asociada a aumentos de costos laborales y de contratación, sobre todo para empresas de ciertos sectores o empresas de un tamaño más pequeño, como las micro y las pequeñas. Este aumento de costos laborales puede llevar a un riesgo de pérdidas de empleos”, comentó el presidente de Anif, José Ignacio López. 

Los costos de la formalidad

Entre los puntos más cuestionados, desde una óptica económica, están los costos asociados a la jornada nocturna y al recargo dominical. Según las cuentas de Anif, el cambio del inicio de la jornada nocturna de las nueve de la noche a las siete de la noche podría aumentar en 8 por ciento los costos salariales de los empleadores. 

Sumado a ello, el cambio en el recargo dominical, que pasaría de un pago del 75 por ciento a un ciento por ciento del salario con la reforma, incrementaría en 6,4 por ciento los costos salariales. 

Según Anif, los cambios propuestos en la reforma amenazan a actividades que tienen menor calidad en términos contractuales, es decir, sectores más informales. 

En el de transporte y almacenamiento apenas el 27,4 por ciento de los trabajadores tiene contratos a término fijo o indefinido; en el comercio esta cifra llega al 26 por ciento, mientras que en los servicios de comidas es de 15,4 por ciento y en las actividades artísticas y de entretenimiento solo el 7 por ciento de los trabajadores tienen un contrato a término fijo o indefinido. 

“Todos estos son sectores, que muchas veces por el tipo de operación que hacen, necesitan de flexibilidad laboral, y este tipo de contratos podrían impulsarlos a la informalidad”, aseguró el presidente de Anif. La lógica detrás de esto es que para muchos empleadores será más sencillo recurrir a empleados informales, que asumir los costos de un empleado formal más costos. 

Otra parte del problema está en el hecho de que el 90 por ciento del sector empresarial colombiano está compuesto por microempresas, lo que limita su capacidad de responder a mayores costos.

El 84,7 por ciento de los trabajadores del sector comercio trabajan en empresas de menos de cinco empleados, así como 73,8 por ciento de los ocupados en labores de transporte y almacenamiento y el 70 por ciento de quienes se dedican a actividades de alojamiento o de servicios de comida. 

Por eso Anif propone una serie de medidas para mitigar el impacto de la reforma: promover la contratación de grupos poblacionales de menor inserción como las mujeres y jóvenes, articular programas de formación con las necesidades del mercado, reconocer la informalidad para integrarla en las soluciones de política, e incluir una cláusula de evaluación de los impactos de la reforma para hacer ajustes en caso de ser necesarios.

“Hagamos bien lo que no se hizo en 2022. Tomemos un lapso de tiempo para evaluar los efectos de la reforma en diferentes sectores, en diferentes tipos de contratación y si vemos que efectivamente se está materializando ese riesgo de pérdida de empleo formal. miremos cómo corregimos y mitigamos esos riesgos”, propuso la entidad.