Reforma laboral podría mejorar condiciones, pero empeorar la formalización

Este miércoles la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el informe de ponencia de la reforma laboral y citó a una nueva sesión para el lunes para continuar la votación del proyecto en su segunda ponencia, luego de que se evacuaran los impedimentos de los representantes.

Para el debate, se tiene en cuenta el texto de la reforma laboral con las modificaciones que aprobó en el primer debate la Comisión Séptima de la Cámara y el resultado de la plenaria pasará a la Comisión Séptima del Senado, donde tendrá que superar el tercer debate y luego pasar a la plenaria del Senado para su aprobación final antes de poder convertirse en ley de la República.

Según la firma Dapper, tal como está en este momento el proyecto “presenta un panorama complejo con potenciales beneficios para los trabajadores formales, pero también con riesgos significativos de desincentivos para la formalización y posibles impactos negativos en la productividad”.

La razón, dicen los expertos de la firma, es que, si bien el efecto económico agregado de la reforma es inferior al 2 por ciento de los ingresos de las 10.000 empresas más grandes del país, el costo individual o unitario para cada empresa de formalizar a sus trabajadores sí será mayor y puede generar un incentivo a hacer lo contrario.

Los costos de la reforma

El equipo de Dapper calculó que, en el caso de las horas extra y dominicales, con el cambio de la jornada laboral que inició la Ley 2101 de 2021 sobre la reducción de la jornada laboral más los cambios que plantea la reforma, los costos de tener trabajadores activos los domingos se aumentaría en 25,17 por ciento. Es decir, las empresas pasarían de pagar 35.170 millones de pesos por sus trabajadores de fin de semana en 2024 a 44.060 millones de pesos en 2027, si se tiene en cuenta que, según la información del Dane, el país tiene 438.060 trabajadores formales los fines de semana.

En cuanto a los contratos de aprendizaje, la reforma plantea que las empresas dejarían de pagar únicamente el salario mínimo más el aporte a salud en el régimen contributivo por cada aprendiz para pagarles todas las prestaciones de un contrato a término fijo, es decir: cesantías, intereses de cesantías, caja de compensación, aporte a pensión, etcétera.

Esta modificación haría que, por cada aprendiz, las empresas ya no pagarían 1.144.286 pesos según el valor del salario mínimo de 2024 menos sus deducciones, sino 2.099.739,33 pesos, un incremento del 83,5 por ciento en este costo. Sin embargo, la opción que tendrían las empresas de pagar al Sena por no tener aprendices en caso de ser obligatoria su vinculación sería más costosa, lo que incentivaría la contratación de aprendices aun con el incremento de los costos.

En este caso, Dapper estima que el aparato productivo tendría que pagar 2,92 billones de pesos adicionales al año, pero la opción de pagar por cada aprendiz no contratado sería 240.260 millones de pesos más costosa.

Finalmente, el cambio más costoso y sobre el que el sector empresarial más ha llamado la atención es el de los despidos sin justa causa, cuyas indemnizaciones aumentarían de valor de acuerdo con la cantidad de años de permanencia que llevara el trabajador.

“La diferencia entre el costo promedio del régimen actual y el propuesto en el segundo debate de la reforma asciende a 335.000 millones de pesos. Para contextualizar, esta cifra representa aproximadamente el 1,34 por ciento de la masa salarial mensual de los ocupados formales, calculada en 25,02 billones de pesos”, explicó el equipo de Dapper.

De ese modo, durante los tres debates que le quedan a la reforma laboral, los congresistas tendrán que enfrentarse al reto de hacer equilibrio entre mejorar efectivamente las condiciones de los trabajadores formales del país y evitar un desincentivo a la formalización y la productividad del país.