La reforma laboral se alista para segundo debate: ¿será el medidor de las reformas sociales del Gobierno en la tercera legislatura?

La Cámara de Representantes se prepara para discutir la reforma laboral, una de las iniciativas claves del presidente Gustavo Petro y una de sus promesas de campaña. Luego de la discusión del presupuesto y la ley de financiamiento, esta reforma llegará para medir las fuerzas que tendrán las reformas sociales del Gobierno en el Legislativo.

Si bien el proyecto se hundió en su primera legislatura, volvió a presentarse y se espera que el próximo 16 de septiembre llegue a su segundo debate con algunos cambios y acuerdos, pero se mantienen críticas y puntos que calientan la discusión.  

Abecé del articulado para segundo debate

Si bien el equipo de María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y ponente del proyecto, asegura que el articulado no tiene nada adicional a lo que se aprobó en el primer debate; sí hay modificaciones y elementos que se eliminaron y que le dan un nuevo aire. 

Por ejemplo, del primer debate, el proyecto salió sin 23 artículos, casi todos del componente colectivo. Es decir, los que establecían la organización sindical. 

De esa primera discusión se aprobaron algunos otros artículos claves para el Gobierno. Por ejemplo, el que establece que la jornada diurna sea de las seis de la mañana a las siete de la noche, mientras que la jornada nocturna sea de siete de la noche a seis de la mañana. Actualmente, la jornada nocturna empieza a las nueve de la noche. 

Otro de los puntos claves para el Gobierno está en el recargo del ciento por ciento para los dominicales y festivos. Cabe señalar que ahora ese recargo es del 75 por ciento. 

El texto establece que ese aumento será gradual: el primer año el recargo pasará a ser 80 por ciento, el segundo será del 90 y el tercer año será de ciento por ciento. 

Durante el primer debate también se agregaron artículos importantes para algunos sectores, entre esos: 

• Acompañamiento a micros y pequeñas empresas. 
• La ruta de empleabilidad.
• La formalización de las madres y padres comunitarios y sustitutos.  

El representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, le dijo a CAMBIO que además destacan la estabilidad laboral que genera esta reforma. Sobre todo, en materia de la contratación y el reconocimiento de los derechos laborales.  

Los puntos que calientan el termómetro del segundo debate

Aunque el proyecto llegó a la tercera legislatura sin puntos fundamentales para el Gobierno y que resultaban críticos para la oposición, aún hay recelo frente a otros temas. 

Por su parte, la representante Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, dijo en conversación con CAMBIO que este proyecto “puede generar desequilibrios significativos en el mercado laboral”. 

De acuerdo con ella, hay varios artículos de la reforma que “generan un incremento en los costos laborales y pueden tener serias repercusiones fiscales, como la laboralización del contrato de aprendizaje y el aumento de la tabla de indemnización. Estos elementos, en su conjunto, no solo afectarán directamente a las pequeñas y medianas empresas, sino que además incrementarán el costo fiscal del Estado”. 

Es decir, Miranda considera que, al aumentar el gasto público en programas de empleo y subsidios, se viola el principio de sostenibilidad fiscal consagrado en el artículo 334 de la Constitución. 

Por otro lado, está la discusión frente a la modificación de la jornada laboral y los impactos económicos y sociales que esto tendría. 

Saida Quintero, abogada laboral y socia de Quintero & Quintero asesores, le dijo a este medio que el proyecto aún tiene aspectos graves para el país, para la economía y para la empleabilidad.

“El proyecto no atiende a los principales desafíos del mercado laboral colombiano, que son la informalidad y el desempleo. El proyecto lo que busca es mejorar las condiciones laborales de quienes tienen un contrato de trabajo formal, que son el 50 por ciento de los colombianos; pero deja por fuera al otro 50 por ciento de los colombianos que no tiene empleo o trabaja en la informalidad”, aseguró. 

Un punto particular que mencionó la abogada es que la tabla de indemnización por despidos para los contratos a término indefinido duplica o triplica lo que hoy se establece en el país. 

Otro de los temas delicados que menciono Quintero está en la parte colectiva: el que tiene que ver con los tribunales de arbitramento. Estos son los que resuelven los conflictos colectivos de trabajo entre sindicatos y empresas cuando entre ellas no llegan a un acuerdo sobre un pliego de peticiones. El proyecto les permitía competencias excesivas a esos tribunales. 

¿Cómo está el ambiente político?

El proyecto parece tener buen ambiente, pese a los puntos críticos y a que ya hay una ponencia negativa del Centro Democrático, que además tendría el apoyo de algunos congresistas del Partido Conservador y de independientes que han votado negativamente algunos proyectos del Ejecutivo. 

Los 27 votos de la bancada conservadora en Cámara están divididos y hay al menos 15 que no apoyan la reforma. Congresistas le confirmaron a CAMBIO que se sabe que Cambio Radical (19 representantes) y Centro Democrático (16) tampoco van a apoyar el articulado. 

Sin embargo, desde el Gobierno han dejado ver que están abiertos al diálogo. De acuerdo con la representante María Fernanda Carrascal, se ha escuchado a los gremios y hay artículos que favorecen a sectores como el de las mipymes. 

En ese sentido, voces opositoras, como la representante Katherine Miranda, aseguran que el futuro de esta reforma dependerá, en gran medida, de qué tanto logre concertar el Gobierno. 

Por su parte, el representante Mondragón dijo que esperan avanzar en acuerdos parciales con algunos partidos, como el ala gobiernista de los conservadores, el Partido Liberal y el Partido de la U, algunos sectores de los verdes y Comunes. Eso sí, con la promesa de mantener los acuerdos que se lograron en la Comisión Séptima de la Cámara. 

Sin duda, los resultados de la laboral serán un termómetro político para medir las capacidades del Gobierno en esta tercera legislatura, en la que también espera tramitar la reforma a la salud –otra de sus reformas sociales– y proyectos como la ley ordinaria de jurisdicción agraria.