Reforma laboral: una promesa difícil de cumplir

Según el Dane, en enero de 2023 había 3,4 millones de desempleados y 21,5 millones de trabajadores en Colombia. Entre estos últimos, 12,5 millones –es decir, el 58 por ciento– eran informales, es decir, aquellos que no se benefician de las ventajas de los empleos formales y que no aportan al Sistema de Seguridad Social ni acceden a sus beneficios, como las incapacidades remuneradas y las vacaciones.

La reforma laboral que el Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Congreso –de acuerdo con economistas, abogados, académicos y empresarios– se ajusta muy bien a lo que quieren los sindicatos –que representan a menos del 6 por ciento de los empleados formales– y a lo que buscan, por ejemplo, los empleados de contratos por prestación de servicios. Sin embargo, se concentra solo en los nueve millones de trabajadores formales del país, que son la minoría. Si se aprueba como está, la reforma correría el riesgo de alimentar lo que –se supone– quiere combatir: el desempleo y la informalidad.

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“Hay normas que dificultan mucho el despido de trabajadores por cualquier causa y eso, junto con los mayores costos de contratación, lo que va a generar es mayor desempleo e informalidad”, advierte Mauricio Santa María, director del centro de estudios de ANIF.

Fenalco, el gremio de los comerciantes, considera que el proyecto aumentará el número de desempleados en el mediano plazo de los actuales 3,4 millones a cerca de cuatro millones, que –justamente– dejarían de tener un empleo formal. ¿La razón? Los mayores costos en los recargos nocturnos y en las horas extras, que afectarían especialmente al comercio, a los hoteles, a los restaurantes y al sector de espectáculos. 

Los costos de la reforma laboral

De acuerdo con las cuentas de Fenalco, los 5,5 millones de trabajadores ocupados en el sector comercial se verían afectados por los costos de contratación, que aumentarían entre 30 y 35 por ciento. Con base en el salario mínimo de este año, la ampliación de la jornada nocturna en tres horas tendría un incremento de 25.374 pesos por día por trabajador nocturno, y el recargo dominical al 100 por ciento del valor de la jornada representaría 38.667 pesos adicionales diarios por trabajador dominical.

“El enfoque propuesto en el proyecto castiga las actividades de comercio y servicios, en especial aquellas que se desarrollan en la noche, destruye todas las estrategias de ciudades productivas 24 horas, como es el caso de Bogotá, y no considera los retos y desafíos actuales en materia de logística y transporte de mercancías, para efectos del mejoramiento de la movilidad en las ciudades y de la calidad del aire. El 85 por ciento de las empresas del comercio minorista formal pertenece a categorías que tienen horarios extendidos. Muchos de ellos funcionan 24/7”.

Por otro lado, el proyecto de reforma plantea que cada año, quienes reciben más de uno y hasta dos salarios mínimos obtengan un incremento equivalente a la inflación del año anterior. Según el Dane, para octubre de 2022 el 37,5 por ciento de los empleados cotizantes a seguridad social –cerca de 3,3 millones de personas– tenían un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos, es decir que se verían beneficiados con la medida.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le contó a CAMBIO que la medida inicialmente incluía a todos los rangos salariales y puestos de trabajo, lo que le quitaba a las empresas la autonomía de organizarse según sus costos. Como quedó propuesto, el artículo "limita un poco la autonomía de las empresas, pero entendemos que es justo para los trabajadores". 

A esto habría que sumarle el costo de la licencia de paternidad, que aumentaría a 12 semanas –es decir, tres meses– desde 2025, a un costo aproximado de 937.000 millones de pesos. Este valor no lo asumen directamente las empresas, sino las EPS o el sistema de salud, dependiendo del resultado de la reforma que también se tramita en el Congreso. Es decir que la medida necesitaría de financiamiento. 

Lo que sí pagarían las empresas sería el reemplazo provisional de ese padre, lo que puede ayudar a equilibrar la cancha con las mujeres en procesos de selección, ya que tanto ellos como ellas necesitarán un reemplazo en caso de maternidad o paternidad. 

Mauricio Santa María, director del centro de estudios Anif, destaca que la propuesta es “muy buena porque eso va a equilibrar las cargas entre hombres y mujeres tanto en el cuidado del hijo como en el mercado laboral”.

Los despidos también serían más difíciles y costosos –advierten los expertos–, pues la idea del Gobierno es que los trabajadores tengan la certeza de contar siempre con un empleo del que no serán despedidos. 

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Además aumentar la estabilidad laboral reforzada –lista de la que sacaron a las madres y padres cabeza de familia ante la alerta de que esto dificultaría mucho más su contratación–, la reforma establece que, en caso de un despido injustificado, la empresa tendrá que pagar una indemnización de 45 días de salario por cada año laborado. Si el contrato era a término fijo o por labor, se pagará lo correspondiente al tiempo de ejecución del contrato que faltaba, que no podrá ser menor a 45 días.

La teoría de la demanda caliente

El argumento del presidente Petro es que si se le paga más a los trabajadores formales y tienen más tiempo libre, gastarán más dinero y esto impulsará a la economía, lo que a su vez generará el crecimiento de las empresas, que podrán contratar más y, así, continuar el ciclo.

Sin embargo, la historia reciente de la economía ha demostrado que la ecuación no es tan sencilla como parece. Una demanda que crezca más rápido que la capacidad de producción del país hace que aumenten también las importaciones y, con ello, la tasa de cambio, la inflación y los déficits externos.

Las minutas de las reuniones de junta directiva del Banco de la República dejan ver que esta fue una preocupación para los directivos. Durante los tres primeros trimestres de 2022 son constantes las referencias a datos que demuestran una actividad económica por encima de lo pronosticado. 

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La junta reconocía en ese momento que había problemas de oferta de ciertos productos, lo cual elevaba los precios, pero que tener una brecha del producto positiva –una demanda superior a la capacidad productiva del país– le daba un impulso adicional a la inflación. 

Pero desde el último trimestre del año, la economía empezó su proceso de desaceleración. Los pronósticos apuntan a una expansión del PIB este año que podría ser inferior al uno por ciento, con una inflación cercana al nueve por ciento. 

“Un año en el que tendremos bajo crecimiento económico y bajo crecimiento de las empresas no es un buen momento para hacer esta reforma e incluye muchas normas que van a ser perjudiciales para el empleo y para la formalidad”, concluye Santa María.

Lo que proponen los empresarios es que, en lugar de añadir costos y rigideces al sistema, se piense en mecanismos para agilizar y flexibilizar el mercado laboral, de modo que disminuya la informalidad. Eso pasa, según Cabal, por medidas estructurales que "ya han dado fruto en otros países –como Estados Unidos– o algunos países del norte de Europa–, como dar incentivos a las empresas para contratar o permitir el trabajo y cotización a seguridad social por horas".