“Sin Mi Casa Ya, los vulnerables pagarán los platos rotos”: habla el presidente de Camacol

El pasado martes 17 de diciembre, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Guillermo Herrera Castaño, iba camino a una cena en el norte de Bogotá cuando recibió un mensaje que le dejó un mal sabor. Esa información que casi le daña la comida era la misma que se conocería en la mañana siguiente, y que fue catalogada por varias voces del sector constructor como la peor noticia económica del año. 

Se trataba de una circular emitida por el Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda, en la cual ambas entidades anunciaban que se habían agotado los cupos disponibles para otorgar el beneficio en las coberturas a la tasa de interés del programa Mi Casa Ya, un subsidio que alivia las cargas en las cuotas que cada mes pagan miles de familias colombianas por su vivienda propia.

No es para menos. La decisión afectará a más de 40.000 hogares, según los cálculos de Camacol, el gremio que preside Herrera desde febrero de 2023. 

Mi Casa Ya es un programa estatal que nació en 2015 y se convirtió en una plataforma muy útil para el gobierno, los bancos, los constructores y las familias. Este sistema permite a los hogares acceder simultáneamente a un crédito hipotecario y un subsidio de vivienda sin trámites ante una entidad pública. Basta con que las personas pidieran su crédito, pues los bancos hacían la gestión. 

Sin embargo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro cambió el modelo de asignación de los subsidios y le puso un filtro adicional, el Sisbén, con el objetivo de focalizar mejor las ayudas hacia los más necesitados. Por eso, desde el año pasado Camacol y el Gobierno han chocado varias veces. “Con Mi Casa Ya teníamos un Ferrari; ahora estamos como en la canción de Shakira”, dice Herrera en conversación con CAMBIO. 

El dirigente del gremio que representa a los edificadores de vivienda está cerca de cumplir los dos años en el cargo, que se han sentido más largos porque le ha tocado una de las peores temporadas del sector. Por ejemplo, sólo hasta agosto pasado se rompió la tendencia de 25 meses de caídas consecutivas en ventas de vivienda, hecho que constituye la peor cifra en 15 años. A ello se suman los retrasos que hay con el nuevo esquema de asignación de subsidios desde el año pasado y, ahora, la decisión del Gobierno de no otorgar más coberturas.  

“La circular es una medida que nos sorprendió a todos –dice Herrera–. El ministerio nunca planteó una discusión del tema. Lo vemos como una disposición de última hora que debió tener una especie de transición o evaluación para medir qué impactos tiene. Habrá hogares que puedan hacer un esfuerzo adicional para pagar sus cuotas, pero no todos pueden lograrlo después de estar ahorrando por años para una cuota inicial". 

En conversación con CAMBIO sobre la situación del sector y sobre cómo esa decisión gubernamental afectará a las familias, el dirigente cuestiona que, en febrero pasado, el Gobierno hubiera confirmado la asignación de 50.000 subsidios y asegura que no se hizo “la tarea presupuestal” para tomarla. 

Esta semana, el presidente Petro lo acusó de ser “militante de Cambio Radical” y cuestionó la injerencia del partido en la caída de la reforma tributaria. En respuesta, Herrera advierte que nunca ha tenido la oportunidad de hablar sobre estos temas con el mandatario y hace un llamado a “sacar la ecuación política de esto” y a “ponerse en los zapatos de las familias”.  

CAMBIO: Desde hace casi dos años, las ventas y el arranque de nuevos proyectos están cayendo. A eso se suma el problema con los subsidios, que según ustedes afectará a 40.000 familias. ¿Cómo llegamos a este punto? 

Guillermo Herrera: Esto no es el resultado de la estrechez fiscal que tiene el Gobierno nacional: es un proceso que arrancó desde que se inició la administración del presidente Gustavo Petro y consideramos que ha habido fallas. No es porque hayan recortado el presupuesto. Es algo que desde 2022 viene deteriorándose por tres razones: la ineficiente administración gubernamental de un programa muy importante, la disminución significativa en el número de subsidios que ha hecho este Gobierno, la eliminación de otros programas de subsidios y, finalmente, el hecho de que, desde el punto de vista que administrativo, no sabe ni siquiera programar los recursos.

CAMBIO: Explíquenos estos tres puntos. ¿Qué está pasando con los subsidios? 

G.H.: Este Gobierno disminuyó los subsidios. Antes de que llegara el presidente Petro se subsidiaban alrededor de 70.000 viviendas de interés social (VIS) al año con diferentes programas, y no sólo con Mi Casa Ya. Esta administración bajó a 50.000 subsidios por año y generó un embudo. Además, para 2025 había anunciado 50.000 subsidios y luego los disminuyó a 20.000. Este año trabajamos con el Gobierno en un plan de reactivación del que hablaron en varias oportunidades el presidente y el exministro Ricardo Bonilla. Incluso, el 9 de agosto hicimos una cumbre en Manizales con Laura Sarabia para lanzar un plan de reactivación y quedó firmado un compromiso con la ministra de Vivienda de mantener al menos 50.000 subsidios. Pero, al final, este no se mantuvo. 

Lo segundo es que se ha sido administrativamente muy ineficiente en la programación presupuestal de los desembolsos anuales para que los hogares reciban su vivienda. Este Gobierno es bien malito para ejecutar. En 2022, al Ministerio de Vivienda se le olvidó que tenía que hacer una vuelta presupuestal ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para pedir las vigencias futuras de las coberturas del subsidio a la tasa de interés, que era uno de los programas que suspendió el Gobierno y el cual permitía que los hogares pagarán una cuota más bajita por su crédito hipotecario. Cerca de 23.000 hogares se quedaron sin ese subsidio y les tocó esperar meses el desembolso. A eso se sumaron otros retrasos en la asignación de subsidios a la cuota inicial. 

En 2023 se le volvió a olvidar que debía tramitar esas coberturas para 2024. En consecuencia, miles de hogares se quedaron sin el subsidio. Ahora salió la circular que dice que, por la estrechez fiscal, se quedan sin el beneficio los hogares que no alcanzaron al 16 de diciembre a solicitar la marcación, que son familias que posiblemente ya tenían un subsidio a la cuota inicial, habían firmado una escritura y estaban pendientes del desembolso. 

CAMBIO: ¿Cuántas familias se verán afectadas? 

G.H.: Son 5.000 familias que vienen de 2023, 15.000 de 2024 y 20.000 del próximo año, de la cuales 10.000 que ya estaban preasignadas. Por eso decimos que hasta 40.000 familias pueden verse afectadas con esa decisión. 

CAMBIO: Usted habla de una disminución de subsidios en esta administración, pero si se compara con la anterior, durante el Gobierno de Iván Duque se tomaron medidas extraordinarias para reactivar la economía, como los subsidios. Este no es un esquema sostenible en el tiempo. ¿Cuál era el camino para volver a la normalidad? 

G.H.: Cuando hablo de 70.000 unidades, me refiero al promedio de la última década con todos los subsidios para vivienda VIS, sin contar los de las cajas de compensación. Para ser más precisos, eran 68.000 en promedio en los diez años anteriores a la pandemia. En el Gobierno de Iván Duque se le metió plata a la economía para reactivarla, pero lo mismo pasó en las crisis de 2015, 2009 y 1998. Aprendimos que la vivienda es un mecanismo de reactivación económica porque genera mucha inversión privada y empleo. 

La lógica no puede ser que, como Duque gastó mucho, vamos a gastar menos. El mismo Gobierno de Gustavo Petro ha dicho muchas veces que se necesita un plan de reactivación. Es una discusión de política pública que debería ser de largo plazo. 

CAMBIO: El Gobierno ha defendido su decisión de incorporar el Sisbén como mecanismo de focalización para las familias que más necesitan subsidios. ¿Por qué no sirve este modelo, según Camacol? 

G.H.: Mi Casa Ya focalizaba muy bien antes del Sisbén. Antes de 2022, el 80 por ciento de los compradores ganaban dos salarios mínimos o menos. Los bancos podrían evaluar mejor que nadie la condición de ingreso de los hogares, mientras que el Sisbén, como mecanismo de focalización, le genera un sesgo al sistema que, en algunos casos, incluso, bajó el monto de los subsidios de los hogares. Esto se debe a que el Sisbén cataloga a las personas en cuatro grupos, pero no en una clasificación homogénea para todo el país en términos de ingresos. El programa era espectacular porque no era necesario hacer trámites ante las entidades públicas. Ahora no es eficiente. En Bogotá, por ejemplo, esto puede demorar dos meses, pero en ciudades intermedias los tiempos son diferentes.   

CAMBIO: ¿Cree que esta fue una decisión más política que técnica? 

G.H.: Es una decisión política que debe llevarse a lo técnico. Se metió un sistema de focalización que funciona muy bien para subsidios asistencialistas, como la salud y las transferencias monetarias, pero los de vivienda tienen una connotación diferente, porque apalancan la capacidad de ingreso de los hogares. 

CAMBIO: Cómo está esa interlocución con el Gobierno. ¿La ministra y el presidente lo escuchan? 

G.H.: Reconozco que, en varias oportunidades, la ministra Helga María Rivas intentó adelantar ese trámite. La pregunta que le haría al Gobierno es cuántas veces le solicitaron al Confis que estos subsidios se aprobaran para este año. Esto se suspendió el 16 de diciembre, pero desde febrero le estábamos insistiendo al Gobierno que hiciera los trámites para la aprobación de los subsidios. Era el presupuesto de este año, no del próximo. Se trataba de una vuelta que tenían que hacer con tiempo. Entonces, el sistema se ha deteriorado por las mismas decisiones del Gobierno. 

Con el presidente nunca he tenido oportunidad de hablar sobre estos temas. Siempre he tratado de tener una interlocución propositiva con el Gobierno, y con el exministro Ricardo Bonilla nos reunimos en muchas oportunidades y tengo buena relación con la ministra, pero debería haber más decisión y claridad del Gobierno de hacia dónde quiere ir. 

CAMBIO: El presidente lo ha acusado de ser militante de Cambio Radical, y dijo que el error del gremio fue poner de dirigente a un militante. ¿Qué le responde? 

G.H: Yo no hago parte de ese partido ni de ningún otro. He venido trabajando en temas de vivienda desde 1998, en la época de Samper. Trabajar en uno u otro gobierno no me hace militante político. Esa no es la discusión. He estado en este sector más de 20 años, en una labor técnica, y siempre pensando en la formulación de políticas públicas. 

Con todo el respeto por el presidente, le diría que esto es una discusión que debe darse en términos económicos y sociales y no políticos. Pensemos en la angustia que deben estar sintiendo las familias que no pueden acceder a los subsidios o que cuyas cuotas se volverán más caras. Eso genera incertidumbre en el sistema y en los hogares. Hay 15.000 que este año solicitaron un subsidio y no les han hecho el desembolso. En su mayoría son familias que ganan menos de dos salarios mínimos. Yo le diría al presidente que nos pongamos en los zapatos de esas familias y saquemos la ecuación política de esto. El dilema político o electoral no es conmigo. 

CAMBIO: ¿Qué pasa con esas familias que se quedaron en la mitad del proceso? 

G.H.: Las familias son el centro de todo esto. Ellas terminarán pagando los platos rotos.

CAMBIO: ¿Cuánto puede subir el valor de las cuotas sin estos subsidios?

G.H: Esto tiene un impacto financiero en los hogares. Si tomamos como ejemplo una vivienda de interés prioritario, cuyo costo es de hasta 117 millones de pesos, el ahorro mínimo requerido para que un hogar compre una vivienda de estas es de 23 millones de pesos. Si un hogar gana menos de dos salarios, no lo logra en un año. Cuando una familia como esta firma una promesa de compraventa, comienza a pagar una cuota mensual. Si un hogar como este cumple con los requisitos, puede acceder a un subsidio de 37 millones de pesos, y el crédito se termina reduciendo a 54,6 millones de pesos: menos de la mitad de lo que cuesta la vivienda. 

A los hogares que, al 16 de diciembre, solicitaron la cobertura a la tasa de interés, la cuota les queda en 484.000 pesos. Con la decisión del Ministerio, esa cuota se sube en 150.000 pesos y la cuota queda en 634.000 pesos. Un incremento de 31 por ciento que, para un hogar que gana dos salarios mínimos, es decir 2.600.000 pesos, es un impacto importante.  Esa es la mala noticia que el Gobierno le está dando a muchos colombianos para esta Navidad: que su crédito se encareció.  

CAMBIO: ¿Cuántos desistimientos de viviendas se dieron este año? 

G.H.: Los desistimientos son de aquellos hogares que habían comprado vivienda, pero al final, por alguna razón de ingresos, cierre financiero o del Sisbén, tuvieron que bajarse del negocio. El 2023 fue el año con mayor número de desistimientos en el país. Cerca de 10.000 hogares pagaron los platos rotos. Este año ha sido mejor pues los desistimientos han caído 15 por ciento, pero no por el Gobierno sino porque los bancos redujeron las tasas de interés de un promedio de 18 por ciento a 11 o 12 por ciento. Pero falta ver qué pasa con la decisión de esta semana. 

CAMBIO: ¿Cuántas viviendas se están vendiendo en Colombia al año? 

G.H.: Entre enero y noviembre se han vendido en el país 133.918 viviendas. Es un incremento de 1,5 por ciento frente a 2023, que a esa altura del año tenía ventas por 131.895 viviendas. Pero todavía está en un 39 por ciento por debajo de lo comercializado a noviembre de 2022, cuando fueron 219.000 viviendas. Estamos registrando un nivel similar al de 2011 y 2012. Nos devolvimos una década. 

CAMBIO: ¿Qué tanto ha afectado la caída de las ventas el inicio de nuevos proyectos?  

G.H.: Las ventas se han estabilizado levemente, luego de 25 meses consecutivos de caídas hasta mediados de año. Lo que no ha logrado estabilizarse es el lanzamiento de nuevos proyectos. Las iniciaciones son las unidades de vivienda que empiezan construcción y las que generan empleo. Esos 25 meses de caídas en ventas se han traducido en una disminución del 15 por ciento en los nuevos proyectos. Ese es el indicador que el Gobierno debería estar mirando si quiere mover el PIB.

CAMBIO: ¿Cuál es el impacto que deja esto en el sector de la construcción y cómo afecta a la economía nacional? 

G.H.: Cuando se reduce el tamaño del sector construcción se reduce la economía. Hay 34 subsectores en fila y sufren hasta los micronegocios como las ferreterías. Alrededor de 80 por ciento de la inversión privada en el país se reparte entre industria y construcción. La construcción es importante por su efecto multiplicador y el encadenamiento con otras industrias. El PIB de la construcción no se explica porque peguemos ladrillos, sino que se genera porque compramos ladrillos, acero, cemento, morteros, madera y hasta botas para los empleados de la construcción. 

El sector de edificaciones lleva cinco trimestres de caídas en términos de PIB. También se está afectando el empleo. En promedio este año se están perdiendo 20.000 empleos al mes en la construcción. 

CAMBIO: Usted habla de un plan de reactivación, pero el problema es que no hay plata, ¿Qué opciones tiene el sector? 

G.H.: Entre todos tenemos que comenzar a explorar las posibilidades. Como sector privado también hay que realizar conversaciones con las cajas de compensación y el sector financiero. Yo estoy en conversación permanente con los bancos y hay gran preocupación. Todos estamos evaluando los impactos de esta circular, que nos cogió por sorpresa no sólo a mí sino a los presidentes de las constructoras, a las cajas de compensación, a los bancos y a las entidades financieras. Todos estamos evaluando alternativas para ver qué podemos plantearle al Gobierno. Los subsidios no se le dan al constructor para financiar la obra, sino que se desembolsan cuando la vivienda está terminada. Son para los hogares. Tenemos una discusión estructural de política pública que no se puede ahogar en la coyuntura fiscal del país.