El cambio climático favorece la trata de personas

La oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) presentó su informe más reciente sobre el impacto de la trata de personas en todo el mundo. En él, incluyó un factor adicional: la influencia del cambio climático. 

Durante 2020, el año de la pandemia, los reportes de casos de trata de personas bajaron considerablemente. Sin embargo, aún no es posible determinar si fue porque descendió el número de casos o porque descendió el número de denuncias. De hecho, la ONU teme que las posibles víctimas hayan quedado expuestas a peligros mayores. 

¿Qué tiene que ver el cambio climático con la trata de personas? 

De acuerdo con UNODC, la trata de personas es un delito que se agudiza por situaciones de vulnerabilidad social. Las condiciones políticas, socioeconómicas y ambientales terminan teniendo una fuerte incidencia sobre la vulnerabilidad de las comunidades. 

En el caso del cambio climático, el impacto puede llegar a contribuir con las condiciones que llevan a que las personas terminen sometidas a este delito. Durante 2021, 23,7 millones de personas sufrieron desplazamiento dentro de sus países, por efectos ambientales causados por el cambio climático. Entre estos efectos se incluyen desastres climáticos, pérdidas de cosechas y condiciones adversas para continuar viviendo en determinadas zonas propensas a inundaciones y derrumbes. 

Al ocurrir desplazamientos, las comunidades terminan sometidas a vulnerabilidad económica y eso hace que, a su vez, se conviertan en sujetos más fáciles de captar en redes de trata. En el caso de Colombia, la situación se agrava por la presencia de conflicto armado. 

El informe UNODC explica que estos son dos de los factores que terminan sometiendo a las personas a las redes de trata con mayor frecuencia. Por ello, Colombia es uno de los países en los que este delito causa mayor preocupación. Sobre todo, por la explotación que ocurre internamente en el país. 

¿Qué está pasando en Colombia con la trata de personas? 

Pese a que Colombia cumple con los estándares mínimos de atención y condena al delito de trata, aún hay muchos problemas con la manera en que se atiende. Por un lado, no se escapa de la tendencia global en la que el 41 por ciento de las víctimas debe “autorrescatarse” de las redes de trata, pues las autoridades son insuficientes a la hora de tomar medidas. 

El país, además, experimenta una dinámica doblemente compleja: por un lado, la captación interna con fines de explotación sexual, que ocurre con mujeres colombianas que son trasladadas desde las periferias hacia el centro del país. Así, la explotación interna ha aumentado. Las víctimas principales son las mujeres y las niñas. 

Por el otro, al ser Colombia un país de tránsito de migrantes, una buena parte de esta población se ve expuesta a distintos tipos de explotación. Para las mujeres y niñas, principalmente venezolanas, la explotación sexual se ha hecho común. 

Para hombres y niños migrantes, la explotación en zonas donde hay minería y pesca ilegal, o en zonas donde existen cultivos ilícitos, se ha vuelto especialmente peligrosa, pues las personas son sometidas a condiciones que ponen en riesgo la salud física y emocional con trabajos forzados. 

UNODC registra que, de acuerdo con el Ministerio de Interior, en los últimos dos años Colombia ha reportado 383 víctimas de trata. En este sentido, la oficina de las Naciones Unidas insiste en que es necesario capacitar mejor a los funcionarios que se dedican a perseguir el delito, pues generalmente no logran detectar adecuadamente los casos de trata en el país.