Estado paternalista: posibilidades y extravíos

Hace ya más de 160 años, el pensador liberal John Stuart Mill propuso una definición precisa sobre los límites a las libertades individuales por parte del gobierno o alguna autoridad. La definición de Mill, conocida desde entonces como el principio del daño, postula una regla general para resolver las tensiones entre libertades individuales y medidas coercitivas impuestas por gobiernos con el propósito, genuino puede suponerse, de incrementar el bienestar general. 
Este principio es usualmente el punto de partida para las discusiones acerca del Estado paternalista, sus posibilidades y extravíos. Vale la pena, entonces, reiterarlo nuevamente, traerlo a cuento como una referencia general para la discusión que sigue en este artículo. Decía Mill: 

El único propósito por el cual el poder puede ser correctamente ejercido sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es la prevención del daño a los otros […] La única parte de la conducta por la cual el individuo es responsable ante la sociedad es aquella que concierne a los otros. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano. 

Este principio, a pesar de su generalidad, a pesar de las dificultades prácticas que surgen a la hora de definir, por ejemplo, qué representa un daño y quiénes son los otros involucrados, este principio, decía, sigue siendo a pesar de los años una piedra angular en la crítica liberal al Estado paternalista. Pone la carga de la prueba en aquellos que pretenden restringir, mediante políticas prohibicionistas o preventivas, la libertad de acción de los individuos. Enfatiza que no basta con señalar que las políticas en cuestión se diseñan y aplican por el propio bien de los afectados. La discusión debe ser –este es el gran aporte de Mill– mucho más larga y compleja. 

Algunas obligaciones menores, que caben dentro de lo que podríamos llamar paternalismo leve o moderado, como las de usar cinturones de seguridad en carros y cascos protectores en motos y bicicletas, por ejemplo, no parecen generar grandes controversias. Estas medidas son percibidas como violaciones aceptables al principio del daño habida cuenta de la abundante evidencia sobre su eficacia. Con todo, sugieren que la discusión sobre el Estado paternalista no es una cuestión de clase, sino de grado. El debate no es sólo de principios: concierne, sobre todo, a algunos temas particulares que ya discutiremos. 

En otros asuntos más álgidos, los debates sobre el Estado paternalista se confunden con discusiones morales. En el debate sobre el aborto y sobre la prohibición de ciertas sustancias psicoactivas, por ejemplo, aquellos que defienden la prohibición lo hacen con argumentos que, de entrada, niegan la aplicabilidad del principio del daño: afirman que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre la vida de los fetos en gestación y que los usuarios de drogas carecen con frecuencia de libre albedrío. Por su naturaleza, estos debates trascienden el tema de esta columna, y van más allá del debate sobre el Estado paternalista. 

Los debates sobre el Estado paternalista, en esta coyuntura específica y en un país como Colombia, giran alrededor de dos temas: los llamados impuestos saludables y las restricciones a la publicidad, patrocinio y comercialización de algunos productos (incluidas las ventas en línea). Hay otros debates por supuesto: una senadora propuso recientemente censurar ciertas canciones de reggeaton, mientras algunos educadores han propuesto, siguiendo el ejemplo de otros países, prohibir el uso de teléfonos celulares en los colegios. Y el ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, prohibió hace unos años los concursos de belleza y los desfiles de moda en los colegios públicos, pues, en su opinión, nada aportaban a la formación ética y constituían una actividad discriminatoria, humillante y atentatoria de la dignidad femenina. En fin, el debate sobre el Estado paternalista no se agota en los dos temas mencionados, pero sí tiene en ellos su mayor relevancia. Vale la pena, entonces, analizarlos uno a uno. 

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Los debates sobre el Estado paternalista, en esta coyuntura específica y en un país como Colombia, giran alrededor de dos temas: los llamados impuestos saludables y las restricciones a la publicidad, patrocinio y comercialización de algunos productos

Cabe primero una breve acotación teórica. El Estado paternalista se justifica con base en dos fallas de comportamiento: la disonancia cognitiva que lleva a muchas personas, por ejemplo, a subestimar los riesgos sobre la salud del tabaco o los azúcares y el descuento hiperbólico que puede llevarlas a actuar irracionalmente con respecto a riesgos futuros. Usualmente se aduce, además, que las empresas privadas, por medio de formas sofisticadas de manipulación, explotan estas fallas cognitivas. En el contexto descrito, se argumenta finalmente que las medidas o intervenciones paternalistas producen un incremento del bienestar general. La justificación del Estado paternalista es en última instancia utilitarista. 

Impuestos saludables 

Las salubristas han promovido, por décadas, los impuestos saludables (al cigarrillo, alcohol, bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, por ejemplo) como un instrumento o política para cambiar comportamientos y prevenir de esta manera enfermedades crónicas. Los impuestos –argumentan– no sólo ocasionan una reducción en el consumo de ciertos productos, sino que facilitan también la adecuada comunicación del riesgo a la sociedad. Los incentivos (los cambios en los precios relativos en este caso) son también mensajes. Los impuestos saludables –dicen sus promotores– cambian los incentivos y refuerzan el mensaje sobre ciertos hábitos saludables. 

Los críticos señalan que estos impuestos suelen ser regresivos, esto es, que afectan proporcionalmente más a los pobres que a los ricos. La evidencia, dicen, muestra que sólo los más necesitados (aquellos sujetos a una estricta restricción presupuestal) cambian de manera discernible su consumo ante un impuesto saludable. Además –argumentan–, los impuestos saludables son paradójicos: producen un aumento del recaudo tributario precisamente cuando las personas no cambian sus hábitos, cuando su impacto es menor para el fin previsto. 

Los críticos usualmente mencionan, además, la naturaleza antiliberal de estos impuestos, señalándolos como un ejemplo claro de los excesos de reformadores sociales que pretenden convertir sus sesgos personales en imperativos categóricos, decretos, leyes o mandatos. El Estado –dicen– debería ser neutral en cuanto a ciertas preferencias o formas de consumo que no impactan directamente a los otros, que sólo afectan a los que deciden libremente qué consumir y qué no. 

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Para algunos, el Estado debería ser neutral en cuanto a ciertas preferencias o formas de consumo que no impactan directamente a los otros, que sólo afectan a los que deciden libremente qué consumir y qué no

Los críticos liberales, sin embargo, parecen estar dispuestos a hacer concesiones. De nuevo, ya en la práctica, ya en los debates políticos, la discusión sobre el Estado paternalista suele ser una cuestión de grado. Sin duda algunas formas del Estado paternalista son más tolerables que otras. Los impuestos al tabaco y al alcohol, por ejemplo, son permitidos incluso por muchos libertarios no sólo porque la evidencia sobre sus efectos positivos es robusta, sino también porque moralmente parecen ubicarse en una categoría distinta. Los argumentos en contra de los impuestos al tabaco, por ejemplo, más que ideológicos, suelen ser de índole práctica: el aumento del contrabando y los mercados negros. 

Los impuestos a las bebidas azucaradas (y a los alimentos en general) sí generan un gran debate ideológico que trasciende el mero análisis del impacto sobre el consumo. Estos impuestos desafían claramente el principio del daño de Mill. El debate es complicado e interesante. Yo cambié de opinión al respecto. Pasé de oponerme a apoyarlos a razón del aumento inusitado de algunas enfermedades crónicas en general y de la diabetes en particular, de los crecientes costos para los sistemas de salud y de la ausencia de instrumentos o políticas eficaces de prevención. Mis instintos liberales fueron rebasados, en este caso, por las razones utilitarias y de salud. Sigo pensando, sin embargo, que cada violación al principio del daño debería ser argumentada claramente y ser vista como una excepción, nunca como la regla. 

Restricciones a la publicidad y la comercialización de productos 

En 2009, Colombia prohibió, siguiendo las directrices del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco. Esta medida y otras similares, incluido el aumento de los impuestos, han llevado a una reducción de la incidencia en el consumo de cigarrillos. En general, muchos liberales ven en la regulación del tabaco una alternativa razonable al prohibicionismo y a otros excesos coercitivos del Estado paternalista. 

Más polémicas son las restricciones propuestas, por ejemplo, a la venta de bebidas azucaradas y otros alimentos en ámbitos escolares. Los críticos liberales a estas medidas enfatizan, además de los excesos coercitivos, su ineficacia por cuenta de los cambios tecnológicos y la presencia ubicua de los teléfonos celulares. Argumentan, con razón, que mientras las leyes prohíben a los jóvenes comprar gaseosas en el colegio, los celulares les permiten comprar cualquier cosa desde cualquier parte con entrega casi inmediata. 

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Mientras las leyes prohíben a los jóvenes comprar gaseosas en el colegio, los celulares les permiten comprar cualquier cosa desde cualquier parte con entrega casi inmediata

La tecnología impone un reto adicional al Estado paternalista: ¿cómo, por ejemplo, regular las crecientes aplicaciones que están cambiando la vida de todos? Para poner un solo ejemplo, en Colombia el patrocinio del fútbol profesional pasó del tabaco a los licores y de los licores a las apuestas en línea, las cuales están, según la evidencia disponible, llevando a una recomposición sustancial en el consumo de los hogares: se convirtieron, después de pandemia, en el renglón de consumo de mayor crecimiento. ¿Deben ser gravadas y reguladas? Probablemente este será el próximo gran debate sobre el Estado paternalista en Colombia y América Latina. 

En fin, el Estado paternalista llegó para quedarse, pero eso no significa que su expansión sea siempre positiva. Los argumentos meramente utilitaristas son peligrosos. Pueden llevar rápidamente a la pérdida de muchas libertades esenciales. Algunas violaciones al principio del daño de Mill parecen convenientes, pero deben ser la excepción y deben ser plenamente explicadas y evaluadas. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano, pero pueden aplicar algunas restricciones razonables.