El caso Meritage: historia de una disputa internacional que duró años en resolverse

El caso Meritage es un proceso legal que duro ocho años y empezó con la compra de 55 hectáreas de tierra en Envigado por parte del estadounidense Ángel Samuel Seda. Luego pasó de un embargo y secuestro del predio ordenado por la Fiscalía General de la Nación a una disputa internacional histórica que terminó con una sentencia absolutoria en contra de Colombia.

¿Qué es el caso Meritage y quiénes son los implicados?

En noviembre de 2012, el estadounidense Ángel Samuel Seda compró -a través de la empresa inmobiliaria Royal Realty S.A.S- un extenso terreno ubicado en la vía Las Palmas, al sur de Medellín, para desarrollar un proyecto inmobiliario llamado Meritage. 

Este proyecto buscaba construir viviendas residenciales, locales comerciales, un hotel con más de 400 suites y diversas instalaciones recreativas. Para 2016, el proyecto inmobiliario ya estaba en marcha y, según lo alegado por los inversionistas extranjeros, tenía avances significativos en materia de inversión, además de los permisos ambientales y de construcción necesarios para asegurar financiamiento.  Incluso llegaron a vender 150 apartamentos y locales comerciales. 

El 22 de julio de 2016, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación ordenó el embargo del predio donde desarrollaba el proyecto inmobiliario. Según la Fiscalía, la decisión se tomó luego de que, en julio de 2014, Iván López Vanegas interpusiera una acción de tutela reclamando el terreno y afirmando que él era el verdadero dueño. 

La disputa por la extensión de los terrenos se complica, porque en 2003 López había sido extraditado a Estados Unidos por enfrentar cargos por el delito de narcotráfico. En 2007, luego de ser absuelto, López regresó a Colombia, y en 2014, interpuso una denuncia en la Fiscalía alegando que su hijo, Sebastián López, había sido secuestrado y obligado a ceder la propiedad a una organización criminal.

Como consecuencia, en 2016 la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía ordenó a la Fiscalía No. 44 investigar las propiedades de López, entre las cuales se encontraba el predio del proyecto Meritage. Frente al escándalo mediático del caso,  Ángel Seda y los inversionistas extranjeros alegaron que las medidas adoptadas por la entidad colombiana habían afectado la imagen de la empresa y la ejecución de otros proyectos y marcas que tenían en Colombia. 

Sin embargo, el 25 de enero de 2017 la Fiscalía ratificó su decisión y emitió la resolución para proceder con la extinción de dominio, alegando la existencia de irregularidades en la cadena de titulación del predio donde se desarrollaba el proyecto inmobiliario. 

Aunque los inversionistas extranjeros solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares impuestas y el desistimiento del procedimiento de extinción de dominio, la entidad colombiana rechazó las solicitudes y confirmó la legalidad de las medidas para proceder con la extinción del predio. 

¿Qué reclaman los inversionistas extranjeros y por qué el caso llegó a arbitraje internacional?

Frente a la decisión de la Fiscalía, el 25 de enero de 2019 Ángel Seda y el grupo de inversionistas (JTE International Investments LLC, Jonathan Michael Foley, Stephen John Bobeck, Brian Hass, Monte Glenn Adcock, Justin Tate y la firma Boston Enterprises Trust) notificaron al Estado colombiano la solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

Los demandantes afirmaron que la decisiones impuestas por la Fiscalía y las cortes colombianas vulneraron los estándares de protección del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos, específicamente respecto al nivel mínimo de trato y la prohibición de la expropiación sin el cumplimiento de los requisitos definidos por el tratado.

En otras palabras, el grupo de inversionistas, en cabeza de Ángel Seda, demandaron al Estado colombiano por 389 millones de dólares, argumentando que esa indemnización se debía a las afectaciones en su inversión cuando se inició el proceso de extinción de dominio sobre el lote donde se iba a llevar a cabo el proyecto. Además, los demandantes insisten en que la decisión de la Fiscalía constituye una conducta expropiatoria. 

¿Qué dice el Estado colombiano?

Por su parte, el Estado colombiano alegó que el Tribunal (compuesto por el presidente Klaus Sachs, y los árbitros Charles Poncet y Hugo Perezcano Díaz) carecía de competencia.   

Además, el Estado colombiano argumentó que los demandantes no lograron demostrar que realizaron una contribución significativa de recursos a la economía del Estado y no asumieron un riesgo de inversión suficiente para los propósitos del Convenio CIADI. 

Frente a esto, en una entrevista concedida a CAMBIO, Jhon Jairo Camargo Motta, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reiteró que el tribunal de arbitraje no puede fallar contra el Estado colombiano porque se trata de un proyecto financiado con dinero del narcotráfico. En consecuencia, el director afirmó que presentó un incidente procesal al tribunal, una excepción que consiste en un procedimiento dentro del procedimiento principal, que debe ser resuelto antes de dar una decisión final.

Es importante tener en cuenta que, según el director, esa excepción no la había ganado ningún país y, si se llegaba a lograr, “sería la mayor proeza jurídica que el Estado colombiano conseguiría”. 

Finalmente, después de años de disputa, El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió una sentencia absolutoria en contra de Colombia por el caso y con ello la decisión se convirtió en un hecho histórico para el país.