No permitiremos que los recursos de colombianos terminen en manos de un narcotraficante: Agencia Jurídica por caso Meritage

CAMBIO: La Procuraduría le abrió a usted una investigación porque le pidió a Martha Lucía Zamora, directora saliente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), una ampliación del informe de gestión que ella presentó sobre múltiples casos, como el de la licitación de los pasaportes. ¿Cómo ve esa actuación?

Jhon Jairo Camargo: Es una situación completamente triste. Primero, porque se está diciendo (públicamente) que me están abriendo una investigación por el caso de los pasaportes y eso no es cierto. La directora saliente entregó un informe de gestión, yo lo analicé con detalle y, como funcionario responsable, quería ampliar la información sobre muchísimos puntos y eso fue lo que le solicité a la doctora Martha Lucía Zamora que, lamentablemente, dice que lo hice de manera extemporánea. Yo no creo que así sea, pero más allá de eso, el mensaje es muy negativo para el país. Yo he salido de entidades y años después me llaman a pedir a información y la doy. No estoy cometiendo ningún pecado. ¿Qué mensaje le estamos mandando a los nuevos servidores públicos que llegan al Gobierno? ¿Qué no pueden pedir información?

CAMBIO: ¿Margarita Cabello, procuradora general, no le niega una investigación a nadie?

J.J.C.: Respeto profundamente las decisiones que toman los entes de control y la rama judicial. No me parece complicado que me adelante una investigación, sino que alguien ponga una queja por pedir información. Entiendo que la Procuraduría está en su deber de iniciar una indagación previa cuando alguien hace una denuncia, el tema complicado es que llegue a avanzar cuando lo único que yo buscaba era beneficiar la gestión de la Andje.

CAMBIO: ¿Habló con Zamora?

J.J.C.: No, no veo la necesidad. Siempre fui una persona respetuosa y comprometida cuando ella estuvo como directora general de esta entidad y eso no va a cambiar. Todo lo voy a hacer dentro del marco de la legalidad. No quiero confrontaciones de tipo personal. Lo que estaba buscando era información relevante para tomar mejores decisiones en la gestión que hoy lidero: garantizar que el Estado colombiano tenga éxito en todos los escenarios de su actividad litigiosa. Solicité información sobre casos que teníamos en la CIDH, sobre el caso de pasaportes, de demandas en el contexto nacional, y es importante indicar que no se me entregó la información.

'El Estado debe propender a que no se generen los pliegos sastre'

CAMBIO: ¿Cómo va el caso por la licitación de pasaportes y la demanda que puso la empresa Thomas Greg?

J.J.C.: Ellos presentaron una demanda buscando la nulidad de la resolución (de la Cancillería) que declaró desierta dicha licitación. Los términos para contestarla se vencen el 21 de junio y estamos trabajando de manera articulada con la Cancillería. La defensa del Estado debe tener por objeto acreditar que las decisiones de la Cancillería se ajustaron a la ley y a la Constitución, que se tomaron acorde con el principio de legalidad y que tuvieron suficiente motivación. Pero acá hay algo importante: la defensa no es centrarse en si es legal adjudicar o no una licitación cuando hay un único proponente, sino que, cuando existan factores que impidan adjudicar porque se presentan circunstancias que afectan esa selección objetiva, pues la entidad pública debe tener la posibilidad de declarar desierta cualquier tipo de licitación.

CAMBIO: ¿Esa es la discusión que la Agencia propone?

J.J.C.: Pareciera que en el imaginario colectivo está que el Estado colombiano se está defendiendo porque declaró desierta la licitación por tener solo un proponente, y ese no es el contexto: lo hizo porque existían circunstancias que rompían con el principio de selección objetiva, lo cual es bastante grave. Cada vez que existan circunstancias que afecten ese principio de selección objetiva, es mi deber declarar desierta una licitación. El Estado debe propender a que no se generen los 'pliegos sastre' (como se conoce a los requisitos de una licitación diseñada a la medida de una empresa específica) porque esto afecta la moralidad administrativa, la transparencia en el proceso de selección y pone en riesgo los recursos de todos los colombianos.

CAMBIO: Finalmente la Cancillería dispuso que la Imprenta Nacional hará los pasaportes. ¿Le gustó como quedó?

J.J.C.: Eso no es de mi competencia funcional, sino de la Cancillería. Estoy seguro de que tomarán la mejor decisión. Aquí lo importante es que ningún colombiano se ha visto afectado. No se han dejado de expedir pasaportes y eso no va a pasar. Respecto a si lo hace la imprenta, para mí eso es válido: los países más desarrollados tienen todo el proceso de expedición de pasaportes concentrado en entidades públicas, me parece válido a la luz de los estándares internacionales.

“Sería un despropósito que un tribunal de arbitraje se prestara para materializar un lavado de activos”

CAMBIO: El caso Meritage está a punto de resolverse. Primero, contexto: así se llamaba un proyecto inmobiliario que el estadounidense Ángel Samuel Seda y unos socios arrancaron en unos terrenos en Envigado y que se frenó cuando en 2016 la Fiscalía hizo un proceso de extinción de dominio de 55 hectáreas que eran de Iván López. López, que fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, salió a decir que fue despojado de esos predios por la Oficina de Envigado y Seda demandó. Usted dijo hace unos días que ese tema no lo ha dejado dormir, ¿por qué?

J.J.C.: Cómo me va a dejar dormir cuando un inversionista está demandando al Estado colombiano por 389 millones de dólares y está diciendo que se le afectó su inversión cuando se inició el proceso de extinción de dominio sobre el lote en donde se iba a desarrollar el proyecto y que provenía de dineros del narcotráfico. ¿Cómo no me va a preocupar? El inversionista está diciendo que el proceso de extinción de dominio (que hizo la Fiscalía) constituye una conducta expropiatoria, ¡hágame el favor! La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es un tema de seguridad esencial nacional. ¿Cuál expropiación de un proyecto financiado por recursos del narcotráfico? Cómo voy a poder dormir cuando estoy ad-portas de recibir un fallo judicial que tiene un alto grado de pérdida para la nación y que los recursos de todos los colombianos terminen en manos de un narcotraficante. Ni como director de la agencia ni como ciudadano colombiano lo voy a permitir. Y me opondré en las instancias necesarias.

CAMBIO: Ese proceso está en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y ya está cerrado, a la espera de fallo. Pero, la Agencia interpuso un recurso de último momento…

J.J.C.: Le dije al tribunal de arbitraje: ‘ustedes no pueden fallar contra el Estado colombiano porque el proyecto fue financiado con dinero del narcotráfico’. Este país ha vivido un flagelo completamente aterrador y que utilicen un tribunal de arbitramento internacional para materializar una conducta de lavado de activos es completamente reprochable. Presenté un incidente procesal al tribunal y lo que me dijo la firma de abogados que me representa es que eso fue antitécnico, que se iban a poner histéricos los árbitros. A mí no me importó, porque si yo no alzo la mano para decir que me tienen que validar el argumento de que el accionar del Estado fue por un tema de seguridad esencial nacional, entonces a qué estoy jugando como director de la Agencia.

CAMBIO: ¿Ese argumento ha sido tenido en cuenta por tribunales de arbitramento en otras ocasiones?

J.J.C.: Esa excepción que presenté ningún país la ha ganado. Estados Unidos la ha presentado muchísimas veces en el marco de los tribunales de inversión, nunca la ha ganado. Si la llegáramos a ganar, sería la mayor proeza jurídica que el Estado colombiano conseguiría. Ahora, ¿qué pasaría si pierde? Puedo poner un recurso de anulación, no solo porque la inversión (del proyecto Meritage) esté soportado en dineros del narcotráfico, sino porque tuvimos bastante problemas de índole procesal en dicho arbitraje. Le voy a decir: la comunidad arbitral internacional tiene sus ojos puestos sobre esta decisión porque sería un despropósito completo que un tribunal de arbitraje internacional se prestara a materializar una conducta de lavado de activos. El inversionista dice que fue objeto de una expropiación, que se le violó el estándar de trato de justo y equitativo por no permitir que el proyecto continuara. ¿Pero cómo vamos a permitirlo? Detrás de esto está el máximo capo de la Oficina de Envigado.

CAMBIO: ¿Quién?

J.J.C.: Alias Maracuyá (Javier García Rojas).

El caso muelle 13 en Buenaventura

CAMBIO: La Agencia Nacional de Infraestructura revocó a finales de 2023 la concesión portuaria, que días antes había adjudicado al Grupo Portuario S.A, cuyo principal accionista es Ventura Group, para quedarse con la Unidad Operativa Muelle 13 en Buenaventura. La empresa demandó. ¿Qué ha pasado en el caso?

J.J.C.: Presentaron una acción de cumplimiento que como Estado ganamos: era improcedente. No tenemos demanda aún sobre el caso de Muelle 13, tenemos una solicitud de conciliación. Yo he estudiado de manera muy juiciosa ese caso y la manera como se expidió el Plan de Manejo Ambiental que conceptuó a favor de esa concesión portuaria y, como director de esta entidad encontré una serie de irregularidades que puse en conocimiento de la Fiscalía.

CAMBIO: La empresa llevaba manejando la Unidad Operativa Muelle 13 por 33 años, se les estaba venciendo la licencia, pidieron la prórroga (incluyendo la prolongación del muelle hasta en 200 metros) y para ello era clave tener el plan ambiental por parte del Establecimiento Público Ambiental (EPA). ¿Qué encontraron?

J.J.C.: Sacaron una licencia exprés. Los términos para expedir ese plan de manejo ambiental fueron tan expeditos que evidenciaron que algo pasaba. Solicité a la EPA que me mandaran todo el expediente y me mandaron un correo. Insistí porque estaba incompleto y cuando ya veo que esa es la información oficial, encuentro una serie de irregularidades. Quien tiene la competencia para investigar es la Fiscalía, pero de lo que yo encontré y del contexto que estudié puedo evidenciar que hay unas presuntas conductas delictivas relacionadas con abuso de la función pública, con invasión de áreas de especial importancia ecológica. 

CAMBIO: La denuncia habla de ecocidio...

J.J.C.: Claro. Si no se tiene la licencia ambiental en debida forma, se está produciendo un daño ambiental. Estamos hablando de que estamos poniendo en riesgo el ecosistema de mangle. 

CAMBIO: ¿Cuál es el estado actual del caso?

J.J.C.:  Ellos presentaron una solicitud de conciliación para que se les adjudique la concesión de Muelle 13. En este momento no se ha surtido la audiencia de conciliación ante la Procuraduría. Pero mi defensa será totalmente férrea, porque no puedo avalar bajo ninguna circunstancia un procedimiento que para mí fue evidentemente irregular.

CAMBIO: ¿Cuánto están pidiendo?

J.J.C.: 27 millones de dólares.

Santurbán, el Galeón San José y las billonarias demandas que faltan

CAMBIO: Esta semana la nación ganó un pleito que inició una minera canadiense que decía que sus actividades se habían afectado por la delimitación del páramo de Santurbán. ¿Quedan más?

J.J.C.: Fueron tres. La de la empresa Red Eagle, que ganamos porque dijeron que la conducta del Estado al delimitar el páramo era legítima, que el Estado podía ejercer plenamente sus potestades regulatorias para proteger el ecosistema, y porque no se violó el estándar de trato justo y equitativo. Estos mismos argumentos los utilizó el tribunal de Galway (ahora Mantauk) que ganamos. En el caso de Eco Oro (la tercera demanda) que se perdió, no hay un laudo sino una decisión que dice que Colombia no tenía razón. Y estamos esperando el laudo definitivo donde el tribunal debe hacer la cuantificación de daños. Claramente, radicaremos el recurso de anulación correspondiente. Estoy convencido de que la potestad regulatoria del Estado y, sobre todo, para proteger el medio ambiente no constituye una conducta expropiatoria y que no viola el estándar de trato justo. Creo que las reflexiones deberían ser las de buscar que el marco regulatorio internacional se modifique para garantizar que las decisiones sean imparciales, que haya unicidad de criterios, que el precedente sea vinculante porque no podemos andar sobre terrenos gelatinosos para el Estado colombiano. 

CAMBIO: ¿En qué va el caso del Galeón San José? Sea Search pide 10.000 millones de dólares por el 50 por ciento del tesoro de la embarcación...

J.J.C.: Es un caso frívolo. La compañía Sea Search Armada dice haber encontrado el galeón y ellos no encontraron el galeón, no saben dónde está. La firma presentó unas medidas cautelares y ya las respondimos. Tenemos plazo para contestar la demanda, vamos a elegir la mejor firma de abogados que nos represente y lucharemos porque estamos hablando del patrimonio histórico sumergido más importante de todos los colombianos. Me parece terrible que yo como Estado me tenga que defender frente a cualquier inversor que manifieste haber encontrado el galeón, eso me parece irresponsable.

CAMBIO: ¿Nos van a decir quién lo encontró?

J.J.C.: Eso es seguridad de Estado.

CAMBIO: ¿Pero sí sabemos exactamente dónde está?

J.J.C.: Sí sabemos y por eso digo que Colombia sabe dónde está el galeón, Sea Search no sabe dónde está el galeón.

CAMBIO: ¿Esto es fraude? ¿O solo temeridad?

J.J.C.: Prefiero pensar en una conducta temeraria, frívola e irresponsable. La demanda la tendrá en conocimiento un tribunal de arbitramento internacional.

CAMBIO: La agencia tiene 353.000 procesos nacionales por 600 billones de pesos, 16 controversias de inversión en etapa arbitral, en los que está incluida esa pretensión de 10.000 millones dólares, y otros 1200 casos en la CIDH. ¿Están en riesgo las finanzas del Estado?

J.J.C.: Siempre hay riesgo, pero estoy convencido de que lo estamos haciendo bien. La experiencia hace que yo no improvise. Llevo 15 años trabajando en defensa jurídica del Estado.

CAMBIO: ¿Sabe si se va a quedar en el cargo? ¿Ha hablado con el presidente?

J.J.C.: Con tantos problemas que tiene la agencia, eso es lo que menos me preocupa. Yo no pienso si me voy a quedar o me voy a ir. Soy consciente de la responsabilidad que tengo sobre mis espaldas y, en ese contexto, daré lo mejor de mí siempre. La potestad de nominación es exclusiva del presidente, la respeto, la valido y estoy seguro de que el señor presidente tomará la mejor decisión para los intereses litigiosos del país. Si mañana parto, me voy con la sensación del deber cumplido.