Exclusivo: Informe de la Fiscalía advierte de presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes

Casi un año después de que estallara el escándalo del proceso de licitación de los pasaportes en la Cancillería de Colombia, el país aún no tiene respuestas. El propio presidente Gustavo Petro advirtió de las supuestas irregularidades en el proceso de licitación, el excanciller Álvaro Leyva continúa suspendido y la empresa en el centro del caso, Thomas Greg and Sons, impuso una millonaria demanda contra el Estado. 

La justicia tampoco ha ayudado a que haya claridad. Esto a pesar de que un grupo de expertos de contratación de la Fiscalía ya advirtió que hubo irregularidades en el proceso asociadas, al parecer, con el principio de igualdad. 

CAMBIO revela los detalles del estudio que elaboró ese grupo de expertos de la delegada anticorrupción. Desde hace más de dos meses, este informe está en el escritorio de la Fiscalía séptima delegada ante la Corte Suprema Justicia, que es en donde también está la investigación por el proceso de licitación de los pasaportes. Pero a pesar de la evidencia, el caso sigue quieto, según le dijeron fuentes a este medio. 

Hasta abril, la titular de ese despacho fue la fiscal Claudia Maritza Vega Merchán. En la nueva administración de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, llegó Sandra Helena Portilla Constaín, exmagistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El estudio determinó que los criterios de selección de ese proceso de 2023 fueron más exigentes que los anteriores; que los plazos eran casi imposibles de cumplir para un proponente que no estuviese ejecutando el contrato; que no hay estudios previos que justifiquen por qué fueron esos criterios y no otros, y que eso llevó a que se presentara un único proponente: Thomas Greg, que durante décadas se ha ganado el contrato. 

¿Quién ordenó el estudio? 

El informe se hizo por solicitud del fiscal Nelson Hernández, que era el titular del caso de los pasaportes hasta el 20 de febrero de 2024, cuando la entonces fiscal encargada Martha Mancera, a través de una resolución, le quitó el liderazgo del caso a Hernández y se lo pasó a la delegada ante la Corte, Claudia Maritza Vega Merchán. 

En ese momento, CAMBIO reveló que eso podría haber sido una especie de “jugada” de la exfiscal Mancera para proteger al ex secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, encargado de la licitación, y quien fue ficha clave en la elección de Francisco Barbosa como fiscal general.

Según fuentes del caso, Salazar se convertiría en el primer vinculado al proceso como presunto responsable de las irregularidades contractuales que permitieron que Thomas Greg ganara la licitación de los pasaportes. Aquí están los detalles de esa investigación periodistica.

En todo caso, cuando Salazar ya estaba en la lupa de los investigadores y antes de que le quitaran el caso al fiscal Hernández, este último le pidió al grupo de contratación que estudiara minuciosamente el proceso de licitación para identificar si habían violado o no los principios básicos de la ley de contratación pública. 

Este tipo de estudios son típicos en las indagaciones de contratación y sirven como hoja de ruta para que los fiscales ordenen nuevas pruebas con base en las recomendaciones de los peritos. Luego, con la hipótesis planteada por el experto en contratación y las pruebas recaudadas, el fiscal del caso detectaría si las conductas se cometieron con dolo y, entonces, pasarían a ser delitos asociados con la corrupción. Finalmente, individualizarían a los presuntos responsables y los llamarían a responder.

Esa segunda parte no ha pasado porque, según fuentes del caso, el proceso permanece estático desde que llegó a la delegada ante la Corte. El estudio plantea algunas extrañezas, por decir lo menos, que exponemos aquí. 

¿Se respetaron los principios de contratación? Lo que expone el documento

El informe hace una revisión exhaustiva de las posibles irregularidades del proceso licitatorio de la Cancillería. Y la respuesta es que no se respetaron los principios de la contratación estatal, porque según el documento, los pliegos de condiciones habrían violado el principio de igualdad por algunos requerimientos que estaban relacionados con la experiencia, los requisitos técnicos, y los plazos que les daban a los proponentes. 

El análisis de la Fiscalía parte de la base de que en los estudios previos, es decir, en el proceso antes de la elaboración de los pliegos de condiciones, los funcionarios de la Cancillería no hicieron una investigación de mercado analizando proponentes nacionales o extranjeros, tamaño de muestras, características de las empresas, entre otros. Según el reporte, solo se limitaron a analizar los procesos de contratación previos de la entidad (2017 y 2019), de los cuales, siempre, Thomas Greg salió como ganador. 

Partiendo del análisis a las licitaciones anteriores, los funcionarios de la Cancillería armaron el pliego de condiciones, el cual, para los expertos de la Fiscalía, fue más “exigente” que en procesos previos.

En últimas, dicen los peritos, eso habría impedido que participaran más oferentes, tanto nacionales como extranjeros, y habría permitido que al final Thomas Greg tuviera ventaja. 

¿Qué experiencia les pidieron a los proponentes?

El reporte dice que a los proponentes les pedían presentar entre dos y cinco contratos (ejecutados o en ejecución de más del 70 por ciento) realizados en los últimos 12 años y que dichos contratos debían superar los 6,5 millones de pasaportes suministrados. Eso, para los peritos de la Fiscalía, fue más exigente que en procesos previos y hacía que solo Thomas Greg estuviera habilitado.

Sobre los requisitos técnicos 

Uno de los puntos que también cuestiona la Fiscalía es el requisito de tener instalaciones en Colombia para la personalización de los pasaportes. Para los investigadores, eso resultaba difícil de cumplir para los proponentes extranjeros, teniendo en cuenta que, además de tener un inmueble para la fabricación (que podía ser en el extranjero), el proponente debía tener una sede dotada en Bogotá para realizar la personalización de los pasaportes. Además, el plazo para tener ese inmueble dotado era de dos meses contados desde el momento de la adjudicación (periodo de implementación), algo difícil de cumplir para un nuevo contratista, explica el documento. 

Otra de las exigencias era que, en caso de tener la planta de fabricación en el exterior, el proponente debía contar con una bodega de almacenamiento en Bogotá que contara con ciertas condiciones. Es decir, el proponente debía tener esa bodega antes de saber si se le iba a adjudicar dicho contrato.

Sobre estas condiciones de inmuebles, el reporte indica que favorecían a Thomas Greg que por ser el que actualmente suministra el servicio de pasaportes, ya tenía esa infraestructura en funcionamiento.
 
Por otro lado, en los requisitos se estipulaba que los funcionarios de la Cancillería realizarían una visita técnica para revisar las instalaciones para la fabricación, personalización de las libretas de pasaporte y los documentos de seguridad y su debido almacenamiento. Luego, el personal de la Cancillera presentaría un informe al comité evaluador indicando el cumplimiento o incumplimiento de las características exigidas.

Sobre ese punto, la Fiscalía dice que es cuestionable que la verificación de esos requisitos lo hiciera personal de la Cancillería porque podían ser “criterios subjetivos al no contar con un tercero externo imparcial”. 

Plazos apretados

Finalmente, el informe cuestiona los plazos que dieron en la licitación para que los proponentes elaboraran la propuesta y presentaran una muestra física de pasaportes con características técnicas específicas. 

Dice el documento que desde la publicación de los pliegos de condiciones hasta el momento de entregar propuestas los interesados contaron con 42 días calendario. Y luego, para ajustar la propuesta tuvieron solo seis días calendario. Es decir, en menos de dos meses debían contar con la infraestructura y con las muestras físicas. Eso, sumado a la experiencia que debían acreditar en la expedición de pasaportes, solo pudo cumplirlo el que estaba ejecutando el contrato: Thomas Greg.

La gran conclusión del estudio de los peritos de la Fiscalía es que no pudo haber una “selección objetiva sin principio de igualdad”.

¿Qué dicen los involucrados?

Según fuentes cercanas a Thomas Greg, la multinacional puede tener un monopolio eficiente en Colombia “que no es ilegal” y que significa que si alguien quiere entrar al negocio de los pasaportes debe prepararse. Sin embargo, según lo analizado por la Fiscalía, las especificaciones técnicas y los tiempos no le daban a ningún otro competidor.

Por su parte, Salazar le dijo a CAMBIO que aunque él era el encargado de la licitación fue el Comité de Evaluación de la Cancillería, que estaba conformado por tres abogadas, una contadora, una ingeniera de sistemas, un grafólogo y un documentólogo forense, el que le presentó el informe y le recomendó adjudicar el contrato al único postor habilitado. 

frase-destacada

“Con fundamento en esas facultades fue que procedí a revocar la declaratoria desierta (realizada por Álvaro Leyva) y  adjudicar el contrato atendiendo la recomendación del Comité”, dijo.

Luego de haber firmado las tres resoluciones, Salazar fue llamado traidor y declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro. 

El episodio también puso por fuera del gobierno a la exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, que encaró a Leyva por declarar desierta la licitación que ya había ganado Thomas Greg y que podría llevar a que el país pierda una millonada en una eventual demanda.

En una diligencia juramentada que rindió Zamora en la Fiscalía, dejó claro que, para ella, la intención del presidente Petro era buena en el sentido de frenar la licitación por tener un único proponente, que la Cancillería fue la que no le copió y terminó haciendo lo mismo y que la única alternativa para que el Estado no fuera demandado por Thomas Greg por más de 117.000 millones de pesos, era conciliar con ellos. 

Zamora asegura que su equipo de expertos hizo una revisión al proceso de licitación y no encontraron ninguna irregularidad, pero el informe realizado por la Fiscalía Anticorrupción revisó el mismo proceso y concluyó todo lo contrario: se violó el principio de igualdad. 

En todo caso, una cosa es el presunto direccionamiento de la contratación a Thomas Greg y otra cosa el presunto prevaricato que cometió Leyva al declarar desierto el proceso que ya se había ganado la multinacional. Todo está en el despacho de la fiscal séptima delegada ante la Corte, Sandra Helena Portilla Constaín, que deberá tomar prontas decisiones. No es el único escándalo que explota en este gobierno que necesita resultados de la Fiscalía.

El país también necesita aclaraciones de la justicia en la investigación sobre corrupción de la UNGRD; sobre la campaña del presidente, Gustavo Petro; sobre el polígrafo y las chuzadas a la niñera de la exjefa de gabinete del presidente, Laura Sarabia, y sobre los otros procesos que anunciaron contra el hijo del presidente, Nicolás Petro. Las respuestas, sean cuales sean, son urgentes.