Así va el pleito entre el Gobierno y Thomas Greg & Sons por el contrato de los pasaportes

El Gobierno de Gustavo Petro alista motores para cambiar todo el esquema de la expedición de los pasaportes en Colombia. El 24 de abril de 2024, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, sorprendió al país con el anuncio sobre la entrega de un contrato administrativo que se entregará directamente a la Imprenta Nacional para que sea esa entidad la encargada de elaborar las libretas.

En medio de un debate de control político en el Congreso de la República, el funcionario reveló que el comité de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Fondo Rotatorio de esa entidad, estaba elaborando dicho proceso. Sin embargo, todavía hay muchas dudas sobre lo que pasará con el nuevo contrato que debería adjudicarse antes del 31 de octubre. 

Murillo explicó en ese momento que con el nuevo sistema la Imprenta Nacional deberá contar con un socio estratégico privado y un aliado público gubernamental internacional para poder hacer la ejecución del convenio. 

“Para el aliado público privado se deberán garantizar todas las condiciones de objetividad y de transparencia con el fin de evitar traumatismos en el proceso contractual. En el caso del socio internacional, ya se han priorizado algunos países como Austria, Alemania, Estados Unidos y Bélgica y también han recibido propuestas de Canadá y México”, advirtió el canciller en funciones. 

La noticia no fue bien recibida por los posibles oferentes del nuevo proceso que también estaba adelantando la Cancillería, en reemplazo de la licitación que el año pasado fracasó cuando, por orden de Álvaro Leyva, se declaró desierta, argumentando que no había pluralidad de oferentes, precisamente, porque Thomas Greg & Sons era la única empresa que cumplía con los requisitos. 

Varias empresas que están interesadas en dicho proceso le contaron a CAMBIO que la alternativa planteada por Luis Gilberto Murillo ha causado mucha incertidumbre, ya que no se sabe qué tanto asidero jurídico y procedimental tenga. En este momento se están adelantando todas las evaluaciones sobre la decisión del Gobierno, pues no está claro si podrá haber participación de privados o no. 

¿Qué pasó con Thomas Greg & Sons?

Mientras tanto, el contrato sigue en manos de Thomas Greg & Sons, que, aunque no se lo pudo ganar el año pasado, al ser el operador que venía manejando la elaboración de los pasaportes desde hace más de 15 años, a la Cancillería le tocó renovarle el proceso en medio de una urgencia manifiesta que se estableció para evitar la afectación a los ciudadanos que deben seguir contando con el servicio. 

Ese contrato tiene una vigencia de diez meses, lo que significa que se vence a finales de octubre de 2024. Si en ese momento no está listo el nuevo proceso con la Imprenta Nacional o no se ha hecho una nueva licitación, la empresa Thomas Greg and Sons tiene por ley la posibilidad de obtener una prórroga por seis meses más. 

¿Cómo va la demanda contra la nación? 

Las decisiones tomadas en 2023 por la Cancillería en relación con el contrato de los pasaportes provocaron una tormenta política y jurídica en el país. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, fue suspendido por la Procuraduría y la empresa Thomas Greg and Sons inició un proceso contra la nación por haber perdido el negocio. 

Ese proceso está avanzando a buen ritmo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a donde llegó la demanda que puso la multinacional. Allí fue admitida dicha acción en la que se busca la nulidad del acto que declaró desierta la licitación y que se restablezcan los derechos adquiridos a la empresa en ese proceso que claramente iba a ganar, ya que el comité evaluador le otorgó el máximo puntaje.

CAMBIO conoció que el 2 de mayo de 2024 el Tribunal le concedió 30 días más a la empresa para que presente el dictamen pericial de las pretensiones que tiene dentro de esa demanda. 

Thomas Greg & Sons está pidiendo una reparación a la Cancillería que asciende a los 117.000 millones de pesos y que corresponden a la utilidad esperada con la ejecución del contrato que no se les dejó ganar y ejecutar. En esa suma también está incluido un valor por daño reputacional que asciende a 10.000 millones de pesos. 

Cabe recordar que, en medio de la suspensión de Álvaro Leyva, su entonces secretario general, José Antonio Salazar, reversó la decisión que su exjefe había tomado en la que declaraba desierta la licitación e intentó nuevamente entregarle el contrato a Thomas Greg & Sons, lo que desató una nueva pugna con el Ejecutivo. 

Ante esta movida, el presidente Petro tuvo que interceder y declaró insubsistente a Salazar, al tiempo que calificó como una traición la firma de la adjudicación. El exfuncionario se defendió y dijo que actuó bajo la ley y buscando evitar la millonaria demanda contra el Estado. 

A pesar de lo anterior, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, deshizo sus actuaciones y volvió a dejar al país en el limbo en materia de producción de pasaportes. “Una vez realizados los análisis jurídicos correspondientes, hemos revocado las resoluciones expedidas por el anterior secretario general de la Cancillería, las cuales fueron emitidas por fuera de todo marco legal”, precisó en su momento.

Hoy, mientras se da la transición al nuevo modelo contractual y aunque hay demoras en la asignación de citas para solicitar el pasaporte, la entrega de los mismos sigue en manos de Thomas Greg & Sons. En medio de la tensa calma en la que se encuentra dicha confrontación, la expedición de las libretas está funcionando con normalidad y todavía no se han presentado inconvenientes para los usuarios que están solicitando el documento que les permite salir del país.