José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería
Crédito: Foto: Cancillería
Cuando al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, lo denunciaron por corrupción
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El ahora insubsistente secretario de la Cancillería fue denunciado y desde agosto de 2023 enfrenta un proceso penal. La razón: permitir que en la licitación de los pasaportes se hicieran pliegos sastre a la medida de Thomas Greg and Sons e ignorar una consultoría internacional que recomendaba cambiarlos. ¿Por qué no salió antes de la entidad?
Por: Redacción Cambio
En septiembre de 2023 se conoció que a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia llegó una denuncia contra el ahora declarado insubsistente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por la configuración de un presunto caso de corrupción en el proceso de licitación de los pasaportes en Colombia, que se ha convertido en toda una novela.
Los denunciantes, que incluyeron en su queja todas las pruebas documentales del caso, pidieron que se investigara al secretario Salazar pero también a su asesora Lyda Magaly Rodríguez Gutiérrez y al director administrativo y financiero de la entidad, Eduardo Alexander Franco Solarte, por el posible direccionamiento del contrato para favorecer al operador que hasta ese momento tenía a su cargo el proceso de elaboración y distribución de las libretas y que lleva más de 20 años con el contrato; es decir, la firma Thomas Greg and Sons.
La razón que se expuso en ese entonces se relacionaba con la firma de un convenio de cooperación que se hizo un año atrás, en el que la Cancillería le pidió a la Organización de Aviación Civil Internacional, (Oaci) revisar todas las condiciones técnicas de la licitación de los pasaportes. A pesar de las recomendaciones y el valor que se pagó por las mismas, dicho documento habría sido ignorado y desechado por los funcionarios del equipo del canciller Álvaro Leyva.
En la denuncia se señala que “se identificaron una serie de funcionarios quienes sin ningún tipo de apoyo técnico desconocieron un informe de consultoría de una autoridad internacional y fundándose en el mismo confeccionaron un Pliego de Condiciones que estableció inequívocamente como único proponente al contratista actual que provee los pasaportes a contratar, con condiciones de imposible cumplimiento para cualquier otro proponente que quiera concursar en el anotado proceso de selección”.
Justamente en dicho informe elaborado por la Oaci se emitieron algunos conceptos en los que se advertía que las condiciones de la licitación, tal como fueron estructuradas por la Cancillería, podrían hacer que solo se presente un único proveedor. Además, los puntos que la organización pidió evitar, coincidieron con los que luego denunciaron como obstáculos la mayoría de las empresas interesadas en el proceso.
Uno de ellos era la solicitud de muestras de pasaporte colombiano. La Oaci dijo en sus conclusiones que “no es una práctica común pedir ejemplares a los proveedores en el momento de la presentación de las propuestas, ya que no son motivo de exámenes, ya que ningún proveedor (excepto el actual), podrá dar especímenes finales, por lo tanto, solo se favorecería al actual proveedor”.
A pesar de la recomendación de la organización y de que esa también fue una de las observaciones en las que coincidieron potenciales proponentes como Veridos México, Cadena SA, INCM e IN Groupe, entre otros, que pidieron que en los pliegos eso se cambiara, ese requisito, por insistencia de Salazar, quedó así.
Otro de los puntos, señalado tanto por la Oaci como por las empresas interesadas, fue la insuficiencia de los plazos de la licitación para preparar propuestas, abastecerse de insumos y alistar la ejecución de un eventual contrato.
En la consultoría que realizó la Oaci se advirtió claramente que “cualquier otro adjudicatario del proceso licitatorio, distinto del proveedor actual, se demoraría un mínimo de siete meses a partir de la suscripción del contrato correspondiente, para poder implementar la logística necesaria que resultaría en la producción y distribución del primer pasaporte como consecuencia del desarrollo del contrato. Únicamente el contratista actual se encuentra en capacidad de proveer especímenes finales del pasaporte, por lo que en aras de garantizar la pluralidad del proceso expresamente recomienda su no exigencia como requisito habilitante en el proceso licitatorio, so pena de favorecer de manera exclusiva a Thomas Greg & Sons”.
Esa recomendación tampoco se tuvo en cuenta y por lo tanto, en la denuncia contra el secretario Salazar y su equipo le piden a las autoridades que investiguen por qué la Cancillería, por un lado, esperó hasta marzo de 2023 para adelantar el estudio de mercado, y por el otro, dio solo dos meses para que una vez se adjudicara el contrato, el ganador cumpliera con la ejecución.
“Resulta evidente que los encargados de la licitación tenían conocimiento de que se trataba de un requisito imposible de cumplir para cualquier proponente distinto al actual proveedor. Hecho que fue claro en el cronograma de la licitación del proyecto de pliegos publicado en abril que planteaba escasos 2 meses para la licitación y otro tanto para la preparación del contrato. Esto sin contar que los plazos se hicieron aún más estrechos gracias a las demoras”, manifiesta la denuncia.
La consultoría que la Cancillería contrató con la OACI le costó al país $125 millones, que se habrían tirado la basura debido a que ninguna de las observaciones y recomendaciones plasmadas allí fueron oídas.
Por eso en el documento penal también señalan que “tal y como fue estructurado desde el proyecto de Pliego de Condiciones de la Licitación 001 de 2023, se logró el fin de tener por adjudicatario a Thomas Greg & Sons, dejándolo como único proponente habilitado de acuerdo con las predicciones de la consultoría internacional y la protesta unánime de todos aquellos proponentes que en un principio aspiraban a participar de lo que se suponía un trámite legal, transparente y objetivo”.
Para los denunciantes, los hechos demuestran que el proceso no se diseñó de acuerdo con los lineamientos de la contratación pública, ni tenía como objetivo final fomentar la libre competencia como tantas veces lo pidió el propio presidente Gustavo Petro y su canciller, Álvaro Leyva.
Incluso se cuestionan por qué el canciller no tomó cartas en el asunto y no hizo nada frente al hecho de que su equipo desatendiera las recomendaciones de una organización internacional que contrataron con el propósito de revisar y mejorar las especificaciones técnicas del contrato. ¿Álvaro Leyva supo de esa maniobra y la permitió? ¿Por qué aún con denuncias penales mantuvo a su secretario en la Cancillería?
La investigación contra José Antonio Salazar y los otros dos funcionarios que habrían participado en ese presunto direccionamiento no ha avanzado en la Fiscalía General de la Nación. En el caso de la Procuraduría, a todos se les archivó, teniendo en cuenta que la conducta castigada y por la cual se suspendió al canciller Leyva, fue haber declarado desierto el proceso.
Tanto Salazar como su asesora Lyda Magaly Rodríguez y el exdirector administrativo y financiero de la entidad, Eduardo Alexander Franco, también fueron denunciados por haber entregado otros contratos, supuestamente a dedo y sin cumplir con los requisitos legales. Por la nueva denuncia el señor Franco renunció a la Cancillería y no se sabe si con la declaratoria de insubsistencia de Salazar también saldrá su asesor de la entidad.
Aunque el señor Salazar ha entregado varias declaraciones a medios de comunicación sobre su versión de los hechos y ha explicado su salida de la Cancillería, CAMBIO ha intentado comunicarse con él sin obtener todavía respuesta.
