Álvaro Leyva seguirá suspendido por licitación de pasaportes con Thomas Greg & Sons

La Procuraduría General de la Nación rechazó una solicitud para levantar la suspensión de tres meses impuesta al canciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades durante el proceso de licitación de pasaportes con Thomas Greg & Sons. La decisión se comunicó durante el juicio disciplinario contra Leyva retomado este 6 de marzo. 

En la audiencia, estaban presentes el procurador Ernesto Espinosa y el abogado defensor de Leyva, Yefferson Mauricio Dueñas. Uno de los puntos a tratar era decidir si se levantaba la suspensión provisional, tal y como había pedido la defensa.

Dueñas manifestó que los argumentos para mantener la suspensión habían desaparecido, puesto que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, había asignado al secretario general las funciones relacionadas con la licitación de pasaportes, lo que deja a Leyva sin capacidad para intervenir.

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Sin embargo, Espinosa señaló que los argumentos no han desaparecido, dado que "en el proceso contractual continúan igual".  Según el procurador, aún persisten circunstancias como una licitación cancelada, una en desarrollo y un contrato ejecutado. "Ese es el escenario que tenemos hoy, 6 de marzo, no han variado, no han sido superados", dijo el procurador.

A lo que agregó: "Lo que estamos hablando es del estado de los contratos, no de los actos". 

Además, explicó que, según la ley, el ministro es el representante legal de la cartera y tiene la dirección de la actividad contractual. También, advirtió que Álvaro Leyva podría retomar el proceso contractual y afectar nuevamente los trámites.

Se informó a la defensa que no procedía ningún recurso contra esta decisión. Por lo tanto, Leyva seguirá suspendido del cargo hasta abril.

Cabe recordar que la Procuraduría, el pasado 24 de enero, suspendió provisionalmente por tres meses al canciller Álvaro Leyva Durán, pues habría incurrido en dos falta disciplinarias, "calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo". 

La primera estaría relacionada con la decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos. La segunda falta ocurrió por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual "sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación".