Así fue la “jugada” de la exfiscal Martha Mancera para proteger a ficha clave de Francisco Barbosa en el caso de los pasaportes

El 20 de febrero de 2024, siete días después de posesionarse como fiscal encargada, Martha Mancera firmó una resolución con la que reasignó el caso de los pasaportes, que pasó de un fiscal especializado contra la corrupción a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia,  posesionada cuatro meses antes en ese cargo. La jugada de Mancera, según fuentes cercanas a la investigación, era controlar las decisiones del caso para proteger a quien se convertiría en el primer llamado a interrogatorio y, al mismo tiempo, en el primer vinculado al proceso como presunto responsable de las irregularidades contractuales que permitieron que Tomas Greg ganara la licitación de los pasaportes.

El protegido era la misma persona que había sido clave en la campaña de Francisco Barbosa a la Fiscalía. Para los investigadores que llevaban el caso, era un contrato direccionado, contra los principios de la ley de contratación.

• ¿Hubo corrupción en la licitación de pasaportes como lo asegura Gustavo Petro?

El funcionario protegido es el exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar, encargado de la licitación y quien en septiembre del año pasado, luego de entregar el contrato a Tomas Greg, fue apartado de sus funciones por orden de Leyva, quien a la postre declaró el proceso desierto argumentando que se violó el principio de la igualdad y equidad en la participación de todos los oferentes. Sin embargo, ya era tarde para declarar desierto el proceso que había ganado la multinacional, algo que también tienen claro los investigadores. 

Por ser la cabeza de la Cancillería, Leyva deberá responder en dos frentes de la investigación: primero por el presunto direccionamiento de la contratación a Tomas Greg, y segundo, por el presunto prevaricato que cometió al declarar desierto el proceso. Como los fiscales que tenían el caso no podían investigar a Leyva, por el fuero que la daba su cargo, iban a compulsarle copias a la delegada ante la Corte Suprema de Justicia; pero ese es otro punto. 

El exsecretario José Antonio Salazar se la jugó para darle el contrato a Tomas Greg, acaso confiado en que Fiscalía lo protegería con la resolución. 

El 26 de febrero de 2024, cuando Leyva ya había sido suspendido del cargo, y seis días después de la resolución que expidió Mancera, Salazar recuperó sus funciones por orden del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. Después de recuperarlas, firmó tres resoluciones en las que, además de darle el contrato por 599.000 millones de pesos a Thomas Greg, revocó la decisión del excanciller de declarar desierta la licitación. Las resoluciones se conocieron mientras Murillo estaba en Ginebra, Suiza. 

• Álvaro Leyva seguirá suspendido por licitación de pasaportes con Thomas Greg & Sons

Cuando se hizo público que Salazar había firmado las tres resoluciones, fue llamado traidor y declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro.

 El exsecretario general de la Cancillería respondió públicamente. Dijo que si lo sacaron por cumplir la ley, es decir, por adjudicar el contrato, se iba feliz. En 'El Reporte Coronell', aseguró que adjudicó la licitación por las consideraciones legales, el interés público y por evitar un detrimento patrimonial al Estado. Según él, revocar el contrato podría haber expuesto al Gobierno a una demanda de 117.000 millones de pesos, lo que justificaba su acción en términos de responsabilidad fiscal. 

Antes de que Salazar devolviera el contrato a Tomas Greg y fuera declarado insubsistente, los investigadores ya lo tenían en el radar. 

Fuentes de CAMBIO confirmaron que, a principios de febrero, el fiscal anticorrupción que dirigía el proceso, Nelson Hernández, alcanzó a comunicarle a su superior, Eduard Alirio Calderón, director de la Unidad Anticorrupción, que las pruebas apuntaban a que José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, era quien debía responder penalmente por el contrato y que, por eso, lo llamarían a interrogatorio. 

Unos días después de que el fiscal González le comunicara sus futuras decisiones a Calderón, salió la resolución en la que reasignaron el caso a Claudia Maritza Vega Merchán, fiscal delegada ante la Corte Suprema Justicia. 

A González no lo sacaron por la puerta de atrás. Eligieron, en cambio, hacer una jugada estratégica para que nadie cuestionara la reasignación del caso: lo pusieron como fiscal de apoyo. Hernández, que había liderado la investigación desde el inicio, cuando el caso le llegó por reparto, pasó de tomar decisiones a apoyar a la fiscal Vega. 

¿Por qué lo cambiaron? ¿Qué dice la resolución?

La resolución de reasignación del caso da tres razones. La primera es que iban a indagar la presunta responsabilidad penal del aforado, el excanciller Álvaro Leyva, y querían conservar una unidad procesal; es decir, mantener en una sola indagación al aforado Leyva y a sus subalternos no aforados. 

Ese argumento es extraño si se revisa la historia reciente. Tomemos, por ejemplo, el proceso por el polígrafo practicado a la niñera Marelbys Meza, en el que los policías involucrados (no aforados) fueron investigados y llevados ante un juez por un fiscal anticorrupción que, a su vez, compulsó copias a la delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que investigara a  la aforada, Laura Sarabia. Eso es justo lo que pretendía hacer el fiscal del caso de los pasaportes. En el proceso del polígrafo a Marelbys, a la Fiscalía no le pareció necesario mantener una unidad procesal para dejarlos a todos en la misma investigación. ¿Por qué esa contradicción en el proceder, con casos similares y bajo la misma administración?

El secretario general de la Cancillería no tenía competencias en el contrato de pasaportes: Luis Gilberto Murillo

El segundo argumento que da la resolución es que el fiscal Nelson Hernández había llevado sus pesquisas con los recursos disponibles, pero que había más solvencia y mejores recursos de investigación en la delegada ante la Corte. Esa frase es ridícula, ya que que todos los funcionarios de la entidad cuentan con los mismos recursos para un caso que, como el de los pasaportes, es de interés nacional.

Finalmente, dice la resolución, el proceso lo reasignaron porque la fiscal Vega Merchán contaba con el conocimiento, la trayectoria y la experiencia en casos complejos. Esto, dice el documento, contribuía “a la obtención de resultados positivos en esta investigación”. En otro aparte, se afirma que Nelson Hernández sería el fiscal de apoyo, ya fue él quien “ordenó las primeras actividades investigativas y por contar con la experiencia derivada de su conocimiento en la temática, en casos estructurales y la experticia en investigación y judicialización de casos complejos”.  Un argumento no es consecuente con el otro. Si Hernández tenía todas las competencias para seguir con el caso, ¿por qué quitarle el caso?

Lo único consecuente es que la decisión de cambiar al fiscal del caso llegó después de que este le informara a sus superiores su intención de vincular a Salazar como presunto responsable de corrupción en esa licitación.

¿Por qué querían proteger a Salazar?

Fuentes dijeron a CAMBIO que José Antonio Salazar, a quien conocen en el sector político como piel rojita, fue uno de los jefes de campaña de Francisco Barbosa. El exsecretario de la Cancillería es hermano del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Ariel Salazar, uno de los 16 que eligió a Barbosa como fiscal general. Para la época, la Sala Plena la conformaban justo el mínimo de magistrados requeridos  para tomar una decisión. El voto de Ariel Salazar era clave porque su periodo terminaba a finales de febrero del 2020. 

• Habla José Antonio Salazar, tildado de traidor por Gustavo Petro: ¿Qué pasó con los pasaportes?

Ariel Salazar apoyó desde el principio a Barbosa, según las fuentes, por solicitud expresa de su hermano José Antonio Salazar, pero también porque tenían un par de amigos en común que apoyaban la candidatura a la Fiscalía del entonces alto consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa: el excontralor Felipe Córdoba y el abogado Juan Alberto Castro. Un poderoso combo de paisas.

La cercanía de Salazar y Barbosa iba más allá de las amistades compartidas. Ambos fueron asesores de Álvaro Leyva en la estrategia de negociación con las Farc, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En conclusión, fue un hombre clave para que Barbosa llegara a la Fiscalía. Quizás, esa sea una garantía de que, al menos en esa administración, era un intocable.