Colombia ganó el millonario laudo arbitral por el caso Meritage

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió este jueves una sentencia absolutoria en contra de Colombia por el denominado caso Meritage, un pleito por el cual el inversionista Ángel Samuel Seda pedía 255 millones de dólares, que son más de un billón de pesos colombianos. Se trata de una decisión histórica para el país.

El proyecto Meritage se inició por el empresario Seda y un grupo de socios que compraron unos terrenos ubicadas cerca del peaje de la vías Las Palmas en Envigado. El empresario recibió conceptos técnicos de prestigiosas firmas que indicaban que los terrenos no tenían problemas, pero la Fiscalía General de la Nación realizó un proceso de extinción de dominio en 2016 sobre 55 hectáreas, indicando que en realidad eran de Iván López, un señalado integrante de la Oficina de Envigado que fue extraditado y luego alegó que fue despojado por ese grupo ilegal. 

Seda acudió a la prestigiosa firma de abogados de Estados Unidos Gibson Dunn & Crutcher LLP, que ha representado a múltiples empresas de ese país, y demandó al Estado Colombiano, alegando que la decisión de la Fiscalía fue contraria a las cláusulas de protección de inversiones que incluye el Tratado de Promoción Comercial alcanzado con Estados Unidos.

Luego de años de pruebas, el CIADI emitió el laudo arbitral de este sonado caso y falló a favor de Colombia, según conoció en primicia CAMBIO. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se defendió con los servicios de la firma GBS Disputes, aunque con algunas diferencias. El actual director encargado de la ANDJE, Jhon Camargo, usó a última hora un recurso ante el Ciadi en el que alegó que Colombia no podía ser condenada por el proyecto Meritage fue financiado con dineros del narcotráfico, lo cual permitía usar una tesis que pocas veces ha sido concedida en el arbitraje internacional: que el Estado actuó porque era un caso de seguridad esencial nacional.

Expertos consultados por CAMBIO explicaron que para defender ese argumento, el Estado Colombiano debía probar ante el tribunal que había una actuación de lavado de activos, lo cual era complicado ya que, como este proceso se estaba realizando en territorio estadounidense, la justicia de ese país habría podido actuar apenas evidenciara que el caso incluía una conducta criminal. No obstante, esa carta jugada a última hora por Camargo fue la que salvó a Colombia de pagar más de un billón de pesos al inversionista.

Los detalles

La Agencia Jurídica del Estado explicó que el tribunal acogió la excepción de seguridad esencial y rechazó el reclamo del inversionista.

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"Se trata de un triunfo sin precedentes en la historia del arbitraje, por ser la primera vez en la historia en que un tribunal internacional acoge la excepción de seguridad esencial del Estado para rechazar los reclamos de un inversionista. Hoy queda claro que el arbitraje de inversión no puede ser instrumentalizado para promover fines delictivos tan repudiables como el tráfico ilícito de estupefacientes", indicó la Agencia.

Esta decisión ratifica que la acción de la Fiscalía de adelantar extinción de dominio sobre terrenos que se iban a usar para el proyecto Meritage, tuvo fines legítimos pues siempre buscó impedir el perfeccionamiento de un lavado de activos en beneficio de una de las principales organizaciones criminales del país.

El arbitraje por el caso Meritage inició el 25 de marzo de 2019, fecha en la que se registró la demanda presentada por Ángel Samuel Seda y otros, contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”).

El tribunal arbitral estuvo integrado por Klaus Sacks (Presidente de nacionalidad alemana), Charles Poncet (co-árbitro de nacionalidad suiza) y Hugo Perezcano (co-árbitro de nacionalidad méxicana). 

Lo que decía el Estado

En días pasados, el director Camargo le dijo a CAMBIO que a juicio del Estado este pleito debía resultar favorable porque el inversionista pretendió alegar que el proceso de extinción de dominio que hizo la Fiscalía era una conducta expropiatoria, cuando en realidad fue una acción legítima contra el narcotráfico y el crimen organizado.

"¿Cuál expropiación de un proyecto financiado por recursos del narcotráfico? Cómo voy a poder dormir cuando estoy ad-portas de recibir un fallo judicial que tiene un alto grado de pérdida para la nación y que los recursos de todos los colombianos terminen en manos de un narcotraficante. Ni como director de la agencia ni como ciudadano colombiano lo voy a permitir. Y me opondré en las instancias necesarias", dijo esa vez Camargo.

El funcionario alegó que, en caso de perder el pleito, presentaría un recurso de anulación bajo el argumento de que la inversión (del proyecto Meritage) sí estuvo soportado en dineros del narcotráfico y por temas procesales que se dieron en la etapa probatoria ante el tribunal internacional. Y señaló que detrás de este caso esta el capo de la Oficina de Envigado Javier García Rojas, conocido con el alias de Maracuyá.