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Venezuela en la encrucijada
José Gonzales, internacionalista y analista vinculado a la realidad venezolana comenta, en este texto exclusivo para CAMBIO, las circunstancias y las dinámicas que han llevado a Venezuela a la encrucijada en que se encuentra, en momentos en que la candidata de la oposición, María Corina Machado, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Por: José E. Gonzales
El viernes 26 de enero, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó la inhabilidad de María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición venezolana. Según esa sentencia, Machado no podrá ejercer cargos públicos durante 15 años, contados a partir de setiembre del 2021.
El fallo dice que Machado habría colaborado con Juan Guaidó en una «presunta trama de corrupción», que habría propiciado la imposición de sanciones por parte de EEUU y puesto en riesgo recursos de la República, impidiendo, además, la llegada de ayuda humanitaria al país.
María Corina Machado había acudido al TSJ el 15 de diciembre, fecha límite para introducir un recurso sobre su inhabilidad, debido a la presión de EE.UU. que sostenía que los Acuerdos de Barbados establecían que las personas inhabilitadas tenían que recuperar su posibilidad de competir en los comicios.
Machado, en su cuenta de X, afirmó que “el régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados”. Nicolás Maduro, por su parte, en un encuentro con alcaldes y gobernadores, dijo que esos acuerdos estaban “heridos de muerte”, y acusó de magnicidio a la oposición, a la que también consideró aliada con intereses estadounidenses.
En un lacónico comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que la decisión es “inconsistente con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales venezolanas competitivas en 2024”, y que “Estados Unidos está revisando (su) política de sanciones a Venezuela”.
No obstante todo lo anterior, Nicolás Maduro figura como uno de los “ganadores” en el balance que la publicación de Eurasia, el think tank enfocado en geopolítica global que dirige Ian Bremer, hace cada año de los “más grandes” “ganadores y perdedores” en la Política Global del 2023.
Según dicha publicación, “fue realmente un ‘feliz’ 2023 para el hombre fuerte de Caracas. La mayor parte del mundo dejó silenciosamente de apoyar a su antiguo rival Juan Guaidó (¿lo recuerdan?) y el aumento de los precios mundiales del petróleo obligó a Washington a repensar su estrategia con respecto a Caracas, ofreciendo un alivio de las sanciones petroleras a cambio sólo de algunas promesas: que Maduro realizará elecciones presidenciales justas y libres este año, lo cual no parece posible ni en sueños.” “A finales de 2023, un Maduro envalentonado, dice la publicación, incluso se sentía lo suficientemente retozón como para amenazar con invadir a su vecina Guyana”.
Mas allá del sarcasmo, característico de Bremer, no le falta razón en atribuirle a Maduro una ganancia que pocos veían venir y a la que Maduro le había apostado con singulares rudeza, astucia y paciencia. Y al haber los venezolanos padecido tantas penurias, esa ganancia bien pudiera darle una oportunidad al “ilegitimo” presidente de Venezuela para legitimarse en un año electoral en el que el país se ha ubicado como punto de conexión de las encrucijadas de la geopolítica y la geoeconomía globales.
Primarias de la Oposición
El año electoral venezolano, en el marco de un período electoral a nivel global en el que, según The Economist, 76 países que comprenden la mitad de la población del mundo acudirán a las urnas (Taiwán, Argelia, Islandia, Indonesia, Rusia, India, Irán, Paquistán, la Unión Europea, Sudáfrica; El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela en América Latina; y, por supuesto, Estados Unidos), tuvo su prolegómeno en octubre del 2023, en las elecciones primarias de la oposición al gobierno de Maduro.
En esa ocasión, la candidatura de María Corina Machado recibió más del 92% de los votos. Esa fue una elección realizada independientemente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.
La elección no fue auditada y tampoco la Comisión presentó registros ni patrones electorales por razones de privacidad y seguridad de los votantes, asegurando que votaron 2.4 millones de electores de los cuales 2.2 millones lo hicieron por Machado.
El triunfo legitimó la preferencia por Machado, pero no la convirtió, necesariamente, en la líder de una oposición fragmentada en la que varios candidatos están inhabilitados, incluida Machado. Ello genera una circunstancia a la que le juega el gobierno de Maduro. Se trataría de levantarles la inhabilidad a ciertos candidatos, lo que podría generar que se presente más de un candidato opositor en la elección presidencial, desarmando la Plataforma Unitaria opositora.
La inhabilidad de Machado, sentenciada formalmente el 26 de enero por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justica (TSJ), representa, por otro lado, una dificultad para Maduro, que le ha apostado a la recuperación económica de Venezuela y al alivio de las sanciones de los Estados Unidos. Para ello, deben cumplir los Acuerdos de Barbados en los que, una pieza clave, es la realización de elecciones presidenciales justas y competitivas en el segundo semestre de este año, y en ellas deben estar autorizados a participar “todos los candidatos presidenciales y partidos políticos”.
“Barbados”
El 17 de octubre del año pasado, los representantes de la Plataforma Unitaria y del Gobierno de Nicolás Maduro en Caracas se reunieron en Barbados para anunciar un acuerdo, facilitado por Noruega y apoyado por los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, en el que las partes se comprometían, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a continuar un diálogo inclusivo, elecciones presidenciales justas y competitivas y a restablecer la seguridad y la estabilidad económica en el país.
El acuerdo político iba acompañado de un segundo acuerdo entre las partes para la “Protección de los Intereses Vitales de la Nación”. En él se establecía que debían ratificarse los derechos históricos de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de la “Guayana Esequiba”, al igual que sobre los bienes y propiedades de la empresa Citgo Petroleum Corporation, como preservar los activos de la república en el exterior, la integridad territorial venezolana y la soberanía nacional.
Ambos acuerdos sorprendieron a escépticos que consideraban que las negociaciones entre el Gobierno y la Oposición habían fenecido luego de la falta de implementación del Memorando de Entendimiento firmado en Ciudad de México el 23 de agosto del 2021.
Mayor aun fue la sorpresa de lo que no iba por escrito. Ello, siendo parte fundamental de los acuerdos, había tomado año y medio para realizarse, así como más de media docena de reuniones entre los negociadores del Gobierno de Caracas y los Representantes de los Estados Unidos en Qatar. Se trataba del levantamiento de sanciones impuestas durante la Administración de Donald Trump contra Petróleos de Venezuela y los Bonos Soberanos de Venezuela, y de la libertad de detenidos retenidos por ambos países.
Entre ellos, el más controvertido es Alex Saab, el emprendedor barranquillero que, hizo fortuna en Venezuela con desarrollos de vivienda social y con los “Combos CLAP”, los alimentos subsidiados y distribuidos por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El Gobierno de Maduro los había iniciado en el 2016. Y al ser en gran parte importados, generaban ganancias por las diferencias del costo de origen y el precio de contratación con el Estado. Además, se asignaban en cuotas de naturaleza política. Saab se convertiría en una de las personas de mayor confianza de la pareja presidencial.
Él había sido detenido por la Interpol en Cabo Verde, donde había hecho una escala el 12 de junio del 2020, para abastecerse de combustible en un vuelo privado que iba de Caracas a Teherán. Estaba acusado de lavado de activos en Estados Unidos. Fue extraditado a ese país el 16 de octubre del 2021. Ello desató, por parte del Gobierno de Caracas, una masiva campaña en su defensa, que había sido difícil de explicar.
Para cualquier efecto práctico, Saab actuaba como un super ministro sin cartera del Gobierno de Maduro, asegurando el suministro de alimentos durante el peor momento de las sanciones a Venezuela y actuando como diplomático de-facto. También, acaso, representaba y administraba bienes vinculados a líderes del régimen y a sus familias, por lo cual era indispensable para el Gobierno en Caracas.
El Esequibo
El 3 de diciembre pasado, doce días antes de que el Presidente Joe Biden le concediera la clemencia a Saab, vía una Orden Ejecutiva, el Gobierno en Caracas realizó un referendo sobre la “Guyana Esequiba” en el que se consultaba a la población sobre cinco preguntas relacionadas con la soberanía venezolana del Esequibo en Guyana y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como sobre el conflicto que Venezuela y Guyana mantienen desde el siglo antepasado sobre un territorio de 159,500 kilómetros cuadrados.
Según Política Exterior, Caracas reivindica su soberanía sobre el Esequibo alegando que perteneció a la Capitanía General de Venezuela, creada en 1777, y diciendo que el Imperio Británico se apropió de la región en el Siglo XIX. Así logró que un arbitraje internacional se lo adjudicara en 1899, provocando protestas históricas de Venezuela que culminaron con los Acuerdos de Ginebra de 1966. En ellos, las partes -Venezuela, el Reino Unido y Guyana-, acordaron resolver la disputa pacíficamente. En caso de no llegar a un acuerdo viable, ellas establecieron delegar al Secretario General de las Naciones Unidas para referir el caso al “órgano internacional apropiado,” con el fin de alcanzar un acuerdo formal. Así, Antonio Guterres pidio a la Corte Internacional de Justicia (ICJ), en diciembre del 2020, que sentenciara sobre el tema. Pero ese hecho Venezuela lo desconoce. De allí que convocara al referendo en el que se rechazó la jurisdicción de la ICJ.
Independientemente de las reclamaciones territoriales y de la riqueza petrolera de la región, Exxon Mobil descubrió un yacimiento de petróleo “off-shore” en el 2015 (el Bloque Stabroek), que se superpone en aguas que Venezuela considera parte de su zona económica especial. Y más allá de la protesta venezolana por la subasta de derechos petroleros en Guyana, de setiembre del año pasado, la incógnita gira en torno a la razón por la cual el Gobierno de Caracas ha hecho, a estas alturas, de la disputa, una cuestión de Estado, tomando en cuenta que cualquier decisión de la Corte no se daría sino hasta el 2025 e incluso más tarde.
Por un lado, la producción de petróleo en la zona podría llegar a 1.2 millones de barriles diarios. Y el subsuelo contiene oro, bauxita, uranio y recursos hídricos que, siendo valiosos, palidecen frente al potencial petrolero venezolano, que llegó a ser de 3.3 millones de barriles diarios de petróleo y que los puede volver a producir si le levantan completamente las sanciones y si cuenta con políticas de inversión adecuadas. Y así podría llegar, incluso, a los 6 millones de barriles diarios. Además, dispone de los recursos minerales del Arco Minero al sur de Orinoco, que superan a los del Esequibo.
Pareciera que la reivindicación del conflicto y la realización del referendo, cumplieran con varios objetivos políticos de Caracas. Por un lado, el Gobierno necesitaba reactivar su maquinaria política, dormida desde la última elección de Maduro en diciembre del 2018 y declarada “ilegitima” por Juan Guaidó en enero del 2019, lo cual fue apoyado por las sanciones de la Administración Trump. Y, por otro lado, le servía para generar una “situación de conflicto” que podría producir que, en una circunstancia de “emergencia,” se pospusiera o alterara el proceso de las elecciones presidenciales del 2024.
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Maduro requería demostrar fortaleza y capacidad de movilización política frente a las primarias de la oposición, y apeló al nacionalismo venezolano, pero le falló el intento. De la misma manera en que la oposición no dio números concretos de la votación primaria, el CNE no dio cifras oficiales de la votación. Señaló que hubo 10 millones de votos distribuidos entre las cinco preguntas; e hizo evidente que la convocatoria se les hizo a 2 millones de votantes, un número similar al que participó en la primaria opositora, es decir, solo el 10% de un padrón de 20.7 millones de votantes.
Los temores generados con relación a una invasión o conflicto armado entre las partes, más allá de ser absurdos, en la medida en que Venezuela no cuenta con recursos militares, económicos o financieros, ni con aliados para emprender conflicto alguno, juegan a favor del Gobierno de Caracas el cual, como estrategia y táctica, siempre envía señales confusas y encontradas a Estados Unidos, verdadera contraparte de los Acuerdos de Barbados. Mientras tanto, controla la lealtad y el temor de su base política, atendiendo a la casta en la que se han convertido los militares venezolanos y manteniendo a la oposición en un permanente “filo de la navaja”.
2024
El 23 de enero es una fecha fundamental en el imaginario venezolano. Ese día, en 1958, y en virtud de la demanda ciudadana y de una rebelión militar, cayó la dictadura de Marco Pérez Jiménez vía un golpe de estado, dando paso a la Venezuela contemporánea, a la democracia de alternancia política entre socialdemócratas y democratacristianos (con exclusión de socialistas), a la consolidación del “boom” petrolero, a la inmigración europea y a que se construyera una sociedad concebida como democrática por la mayoría, y autoritaria por la minoría, lo cual le daría pie a la rebelión de Hugo Chávez y de sus tropas en 1992 y a su ascenso al poder vía elecciones en 1998.
Este año, los chavistas y los opositores celebraron por igual la efeméride en manifestaciones en el oeste y en el este de Caracas. Los primeros anunciaron, en boca de Nicolas Maduro, el lanzamiento de la “Furia Bolivariana” como “rechazo al golpismo, al terrorismo, a la violencia y en favor de la paz”. Y los segundos, en boca de María Corina Machado, anunciaron la “Gran Alianza Nacional (GANA) con la movilización de 600,000 militantes, para garantizar los resultados electorales de la elección presidencial que aún no cuenta con fecha definida, salvo que será en la segunda mitad del año (“llueve, truene o relampaguee”, según Maduro).
Las manifestaciones venían precedidas del mensaje anual de Maduro a la Nación, que se enfocó en la recuperación económica de Venezuela y en culpar de su deterioro a la oposición aliada con intereses estadounidenses, a la que también acusó de conspirar en cuatro ocasiones, entre el 2023 y lo que va del 2024, a fin de cometer “magnicidio y generar desestabilización”.
Las acusaciones generaron que el fiscal general emitiera 14 órdenes de captura contra militares retirados, periodistas, youtuberos, activistas de derechos humanos y que se detuviera a tres jefes de campañas regionales de Machado, mientras que 33 militares en actividad fueron degradados y expulsados por “planes conspiradores”. Según el Foro Penal Venezolano, actualmente hay 258 presos políticos en Venezuela, de los cuales 112 son civiles y 146 militares.
Por otra parte, el gobierno anunció un “Bono Económico Familiar” en el marco del Sistema del Carnet de la Patria, de Bs108 bolívares al mes, es decir, US$3 dólares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela; una “Beca Universitaria” de Bs202.5 bolívares, o US$5.63 dólares; y una “beca de Enseñanza Media” de Bs 135 bolívares o US$3.75, que evidencia la precariedad de las finanzas nacionales.
En ese contexto se perfilan las elecciones venezolanas de este año y el futuro del país. Por un lado, Maduro juega en el límite de los acuerdos de Barbados, y la oposición no tiene autoridad ni poder para demandar su cumplimiento, ni establecer criterios, ni hacer propuestas que movilicen a la gente, dado que no hay una verdadera movilización ciudadana ni apoyo real foráneo. Por ello están más o menos a la merced de las actitudes del gobierno.
Jake Sullivan, Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Biden, se muestra pragmático en un artículo de diciembre pasado publicado en Foreign Affairs (“The Sources of American Power”). En él señala que, haciendo referencia a la “multipolaridad” reinante en las relaciones internacionales, que “lo que más importa son las decisiones estratégicas que toman los países: cómo se organizan internamente, en qué invierten, con quién eligen alinearse y quién quiere alinearse con ellos, qué guerras libran, cuáles disuaden y cuáles evitan”.
Salvo que Maduro rompa soezmente los Acuerdos de Barbados, que ha declarado en “terapia intensiva” en virtud de las acusaciones de “magnicidio”, las circunstancias, como señala Bremer, bien podrían favorecerlo una vez más.
