
¿Qué tan viable es la denuncia de Abelardo de la Espriella en contra del presidente Petro ante la Corte Penal Internacional?
El precandidato presidencial denunció al primer mandatario por “instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio”. CAMBIO habló con expertos para conocer el alcance de la acción legal y las posibilidades de que prospere ante tribunal de justicia internacional.
Por: Jonathan Beltrán
El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció al presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio tras la resolución en la que el Parlamento Europeo alertó por la reciente oleada de ataques terroristas y el asesinato de líderes políticos en el país.

En la acción legal, presentada este 16 de septiembre ante la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, De la Espriella reiteró que el primer mandatario sería responsable de emitir declaraciones incendiarias que han contribuido al aumento de la polarización. En ese sentido, pidió investigar si esas manifestaciones han generado un ambiente propicio para la violencia política en Colombia.
El precandidato presidencial, que espera llegar a la Casa de Nariño con el aval de Salvación Nacional, se presentó como presunta víctima indirecta del presidente Petro por señalar que ha sido blanco de mensajes de odio en los últimos meses. Por eso, solicitó a la CPI emitir informes, recomendaciones o decisiones para adoptar eventuales medidas de protección en el caso.

Petro, por su parte, rechazó la denuncia del precandidato de derecha, a quien acusó de mantener “vínculos con el paramilitarismo” en Córdoba. “Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”, afirmó el presidente Petro en su primera reacción tras conocer la acción legal.
En respuesta, De La Espriella reiteró que en su denuncia planteó una serie de presuntos crímenes de lesa humanidad en contra de la oposición que a su juicio configuran violaciones al derecho internacional. Además, solicitó a la CPI determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar en la eventual judicialización de los hechos denunciados.
¿La denuncia de De la Espriella contra Petro en la Corte Penal Internacional podrá prosperar?
En su denuncia ante la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, el jurista y precandidato presidencial afirmó que la conducta principal a investigar es el delito de genocidio, contemplado en el artículo 6 del Estatuto de Roma, que establece la competencia del tribunal sobre los crímenes más graves para la comunidad internacional.

El exconjuez de la Corte Constitucional y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Carlos Gustavo Arrieta, explicó a CAMBIO que, de acuerdo con el artículo citado, la CPI solo entiende como genocidio aquellos actos ejecutados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
El experto en derecho internacional insistió en que De la Espriella tendría que demostrar en su denuncia que, con sus discursos, el presidente promovió la lesión grave a la integridad física de un grupo o prácticas relacionadas con su destrucción física parcial o total. “Las pretensiones de la acción plantean un umbral jurídico muy alto que difícilmente encajaría en los señalamientos contra Petro”, indicó Arrieta.

En su acción legal, el precandidato presidencial reconoció que la CPI está facultada para ejercer su jurisdicción solo en casos relacionados con crímenes graves de trascendencia internacional. Sin embargo, afirmó que tendría competencia para investigar los hechos denunciados debido a que —para él— la justicia colombiana no ha adelantado investigaciones efectivas frente a los pronunciamientos del presidente.
El profesor de Derecho Internacional Humanitario en la Universidad del Bosque Camilo Ramírez explicó que la CPI solo interviene cuando esté comprobado que el sistema judicial interno no ha actuado frente a los hechos. Por eso, enfatizó en que sería muy difícil que la denuncia prospere, puesto que en el país existen instituciones que pueden investigar y emitir las eventuales sanciones correspondientes.
¿Qué sigue tras la denuncia de De la Espriella en contra Petro ante la CPI?
El magíster en Derecho Alfonso Portela explicó a CAMBIO que tras la solicitud de apertura de investigación presentada por el precandidato presidencial la Fiscalía del tribunal internacional deberá determinar la existencia de pruebas suficientes que permitan establecer la supuesta responsabilidad de Petro en la instigación a crímenes de lesa humanidad.

“En caso de que la Fiscalía concluya que los hechos no alcanzan la gravedad exigida o que la justicia colombiana sí está actuando, la CPI no tendría competencia para abrir una investigación y la denuncia quedaría archivada. La exigencia probatoria es muy alta y se tiene que probar debidamente la responsabilidad para abrir una investigación”, agregó Portela.
El especialista en derecho internacional Carlos Gustavo Arrieta también sostuvo que este tipo de denuncias solo pueden prosperar si se aportan elementos de prueba sólidos y verificables que demuestren no solo la ocurrencia de los hechos, sino también la intención específica de tipificarlos como crímenes graves bajo la jurisdicción del tribunal internacional.

En caso de que la CPI inicie una investigación formal, lo cual resulta muy poco probable para los expertos consultados, el tribunal podrá emitir una citación para comparecer voluntariamente. En ese sentido, los jueces decidirán si hay pruebas suficientes para que el caso vaya a juicio después de escuchar los argumentos de la Fiscalía, la Defensa y el representante legal de las víctimas.
En definitiva, los especialistas consultados coinciden en que la denuncia difícilmente prosperará debido a que carece del material probatorio y de las condiciones jurídicas necesarias para que la CPI asuma su competencia. Por eso, el presidente Petro ha enfatizado en que las acciones legales de De la Espriella harían parte de la estrategia desplegada en su aspiración electoral.
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