“Las actividades ilícitas de Henri de Croÿ desconocieron el orden económico y social del Estado”: Juzgado
CAMBIO accedió al expediente en Colombia contra el empresario europeo Henri de Croÿ, conocido como el ‘príncipe belga’, a quien señalan internacionalmente de haber propiciado un millonario fraude. Autoridades confiscaron cinco hoteles de lujo en Cartagena asociados a una supuesta fortuna ilícita suya. ¿Qué dice la última decisión judicial en su contra?
Por: Ana María Cuesta
En mayo de este año, el rostro del empresario y exbanquero europeo de 68 años Henri de Croÿ-Solre figuró en decenas de noticias tras la toma que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ejerció sobre cinco hoteles de lujo en el centro histórico de Cartagena.
Los hoteles boutique Casa Román, Casa Barú, Casa Cuartel, Casa Estrella y Casa Cabal fueron secuestrados y embargados en un proceso de extinción de dominio, que persigue la supuesta fortuna ilícita que se le atribuye a De Croÿ, conocido como el 'príncipe belga', por un presunto fraude fiscal y lavado de activos por el que está siendo investigado en Europa.
Según expedientes a los que accedió CAMBIO, entre 2009 y 2018, y a través de las empresas Jawer Helin International y Helin Capital Risk and Finance Limited, De Croÿ habría logrado que herederos y clientes acaudalados de Francia y Bélgica eludieran millonarios impuestos a través de estructuras offshore. Los mencionados países investigan el caso y pidieron la cooperación de Colombia para poder afectar preventivamente el patrimonio del 'príncipe', señalado también por el expresidente de la República Gustavo Petro como uno de los integrantes de una supuesta “confederación de mafias”.
El fraude por el que se investiga internacionalmente al llamado príncipe está tasado, solo desde el lado francés, en 136,7 millones de euros. Y los ingresos que habría recibido de sus supuestas maniobras ilícitas, entre 2011 y 2018, se calculan en 12,2 millones de euros, 1,4 millones de dólares y 1,2 millones de francos suizos, de acuerdo con los documentos conocidos por CAMBIO.
El juzgado avaló las medidas cautelares
CAMBIO accedió a las últimas decisiones del proceso que cursa en Colombia contra el exbanquero, nacido en Nevers (Francia) y nacionalizado belga, quien también tiene nacionalidad colombiana. Está casado con la colombiana María del Socorro Patiño Córdoba, también mencionada en el expediente de extinción de dominio que se adelanta en Bogotá, pues figura como única accionista de Casa Córdoba SAS, la sociedad que controla y opera los cinco hoteles hoy afectados por las medidas cautelares.
Precisamente, el Juzgado Quinto Penal de Extinción de Dominio de Bogotá confirmó hace unos días la legalidad de las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía contra los mencionados inmuebles, destacando, con base en el material entregado por el ente acusador, que “las actividades ilícitas desplegadas por Henri de Croÿ-Solre desconocieron el orden económico y social del Estado".
La decisión también señala que, en el caso del belga, se ha evidenciado el uso de terceros o testaferros, por lo que se hace necesario "impedir que el derecho de propiedad sea utilizado como instrumento para perpetuar la impunidad".
De Croÿ y los hoteles
Según expedientes de la Fiscalía, el fraude fiscal presuntamente cometido por De Croÿ, quien también cuenta con nacionalidad colombiana y francesa, le permitió acumular millonarias ganancias que terminaron en inversiones como la realizada en el sector hotelero de Cartagena.
El ente acusador advierte que los hoteles en disputa inicialmente figuraron a nombre de empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas, en Ras AI Khaimah - Emiratos Árabes Unidos o en las Islas Marshall. Después, entre 2018 y 2020, fueron transferidos a las sociedades panameñas Persoc Group Corp y Falur Corp, que supuestamente ocultan el patrimonio del matrimonio De Croÿ-Patiño, al ser controladas por el grupo Jawer Helin International, liderado por el 'príncipe'.
Previo a las medidas cautelares dictadas este año en Colombia en contra de las Casas Román, Barú, Cuartel, Estrella y Cabal, en Francia, un Juez de Libertades y Detención del Tribunal Judicial de París, ya había dictado otra orden de embargo contra los referidos inmuebles, que fue impartida el 22 de septiembre de 2025. En ese país investigan a De Croÿ por los delitos de complicidad en fraude fiscal agravado, blanqueo en banda organizada de fraude fiscal agravado y asociación ilícita.
En Bélgica, desde mediados de 2024 pidieron asistencia a la Fiscalía colombiana para identificar los inmuebles, activos y productos financieros del matrimonio De Croÿ - Patiño. En ese país se investiga a De Croÿ, junto a otras personas identificadas como Bernard Ouazan, Eric Muller y Pascal Hennuy, por la supuesta conformación de una organización criminal, desde los años 90, a través de las sociedades Jawer Helin International, International EZE y Helin Capital Risk and Finance Limited.
Con toda esa información, la Fiscalía Novena Especializada en Lavado de Activos inició, desde diciembre del año pasado, una indagación por el delito de lavado de activos. También emprendió gestiones para afectar los cinco inmuebles del 'príncipe', medida que fue ordenada el 21 de abril de 2026, que se ejecutó en mayo y que fue declarada legal el pasado 30 de julio, por decisión de la jueza Rosa Tulia Ramos.
El fraude desde Suiza y los Emiratos
De acuerdo con la investigación internacional que compromete a De Croÿ, el fraude supuestamente ejecutado por las tres firmas arriba mencionadas, se habría ejercido entre los años 1999 y 2000 en Suiza y Luxemburgo, y, desde 2007, en los Emiratos Árabes Unidos – Ras Al Khaimah.
El expediente contra De Croÿ se abrió en Europa a raíz de las divulgaciones periodísticas sobre el escándalo conocido como Dubai Papers, en el que se destaparon supuestas prácticas de lavado de activos cometidas por el grupo Jawer-Helin, fundado por De Croÿ.
La investigación cobró fuerza a raíz de testimonios de antiguos empleados del grupo, que señalaron al 'príncipe', y contaron cómo la alegada organización criminal que él lideró habría utilizado, adrede, "vehículos jurídicos offshore, habiendo recurrido a administradores y testaferros para ocultar los bienes no declarados de sus clientes con respecto a las administraciones fiscales de sus países de residencia".
La Fiscalía Financiera Nacional Francesa también compartió una memoria USB que permitió identificar a más de 320 clientes franceses y 64 empresas domiciliadas en Bélgica, "susceptibles de haberse beneficiado de ese tipo de montaje".
Las sociedades que, según la Fiscalía, estarían bajo el control de De Croÿ terminaron concentrando la propiedad de los hoteles que hoy están en disputa, cuatro de ellos ubicados en el centro histórico de Cartagena y otro en la isla de Barú, con una inyección de capital aproximada a los 8.758 millones de pesos.
Los expedientes agregan que las obras y las adecuaciones de los hoteles se habrían financiado mediante transferencias provenientes de contribuyentes franceses que terminaron en una cuenta de Bancolombia, que figuraba a nombre de María del Socorro Patiño, la esposa del príncipe.
En diciembre de 2018, la sociedad Persoc Group INC, creada esa misma época, compró las Casas Estrella, Román y Cuartel. Pocos meses después adquirió la Casa Barú. Falur Corp, constituida en noviembre de 2018, compró la Casa Cabal en mayo de 2019. Ambas empresas pertenecen en la sombra a De Croÿ, según los expedientes.
Lo que sigue
El proceso de extinción de dominio apenas va en una etapa inicial y Jesús Yepes, el abogado de las sociedades panameñas Persoc Group y Falur Corp, firmas asociadas a De Croÿ, ha presentado recursos que persiguen la caída de las medidas cautelares que pesan sobre los hoteles, por considerarlas ilegales.
El apoderado de las empresas ha dicho que en Colombia no se adelantan investigaciones penales por el delito de lavado de activos y que no hay pruebas sólidas que demuestren que los hoteles hubieran sido adquiridos, mejorados o financiados con capitales delictivos.
Yepes insiste en que las casas fueron adquiridas en tiempos distintos, incluso anteriores, al periodo de los actos criminales que se investigan en Europa y que el simple traspaso a las sociedades panameñas no constituye prueba de un delito. La Fiscalía no justifica, dijo el abogado, cómo es que recursos obtenidos entre los años 2015 y 2019 habrían financiado adquisiciones realizadas en 1997, 2004 o 2008.
"Cuatro de los cinco inmuebles existían en el patrimonio de sus propietarios varios años antes, e incluso más de una década antes, del período temporal en el que se habrían generado los recursos presuntamente ilícitos", señaló el abogado en un escrito que presentó ante el juzgado que lleva el proceso.
La decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá, que declaró legales las medidas cautelares, fue recurrida por el abogado Yepes y el Tribunal Superior de Bogotá deberá pronunciarse al respecto.
Los procesos de extinción de dominio tardan años en concluir en Colombia y este, en el que aparece un exbanquero y supuesto príncipe belga, señalado por un expresidente colombiano como un integrante de una confederación internacional de mafias, tendrá aún muchísima tela que cortar.
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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