La Corte Suprema ratificó condena de ocho años de prisión domiciliaria contra rectora del colegio de Sergio Urrego

En 2021, Amanda Azucena Castillo Cortés fue condenada a ocho años de prisión domiciliaria por su responsabilidad en la falsa denuncia, ocultación y destrucción de pruebas dentro del caso que derivó en el suicidio del joven Sergio Urrego en 2014, quien estudiaba en el colegio donde ella era rectora. 

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Los hechos ocurrieron en Bogotá cuando un profesor decomisó el celular del estudiante y, al revisar sus imágenes, encontró una fotografía en la que Urrego aparecía besando a otro alumno, Danilo Pinzón, su pareja en ese momento.

La imagen llegó a manos de las directivas del colegio, lo que desató, según la Corte Suprema, “una serie de actos arbitrarios con los cuales se restringió e impidió el pleno ejercicio de los derechos fundamentales al debido proceso, educación, intimidad y libre desarrollo de la personalidad de los jóvenes”.

Entre las medidas tomadas por el plantel, ambos estudiantes, Urrego y su pareja, fueron remitidos al área de psicología, donde no recibieron un trato adecuado. La situación escaló cuando la entonces rectora, Amanda Azucena Castillo Cortés, contactó a los padres del compañero de Urrego, quienes aseguraron falsamente que su hijo era víctima de acoso sexual.

A pesar de que se tenía conocimiento de que la relación entre los jóvenes era consensuada, las directivas interpusieron una denuncia de abuso sexual basada en esa falsa acusación. Además, Castillo condicionó la permanencia de Urrego en la institución a que asistiera a terapia psicológica externa.

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La Corte confirmó la condena 

El 14 de mayo de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá declaró culpable a Amanda Azucena Castillo Cortés por el delito de falsa denuncia contra persona determinada, en concurso con el de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La defensa de Castillo alegó que hubo errores en la valoración de las pruebas que sirvieron para vincularla al proceso, y cuestionó que se le acusara de ocultar evidencias que, según ella, sí fueron consideradas. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó esos argumentos y ratificó la condena al no admitir la demanda de casación.

Para el alto tribunal, el proceso se ajustó a las garantías legales, pues desde la imputación hasta la sentencia se mantuvo la coherencia en los hechos que se le atribuyeron. Además, estableció que la exrectora fue quien indujo a la familia de Danilo Pinzón a interponer una denuncia por acoso sexual contra Sergio Urrego, sin que existiera tal comportamiento.

“No existió la incongruencia planteada por el defensor, en la medida en que, respecto de la actuación de Amanda Azucena Castillo Cortés, alusiva a la inducción para que otro pusiera en conocimiento de las autoridades un comportamiento de acoso sexual que no existió, fue desplegada a título de determinadora”, dice el fallo.

Frente a otros argumentos de la defensa, como que ciertos elementos probatorios se recaudaron pese a que se le acusaba de obstrucción, la Corte concluyó que las pruebas sí fueron obtenidas, pero no gracias a la colaboración de Castillo, sino a pesar de los obstáculos que ella impuso.

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“No elimina la naturaleza del delito atribuido (...) la acusada actuó siempre como directa interesada en las resultas del trámite administrativo al interior del plantel y fue quien constriñó a la encargada del libro de bitácora y a la joven que registró en su celular la imagen de todo lo sucedido, para que se introdujeran afirmaciones mendaces en el libro y se modificara la atestación rendida inicialmente por el estudiante”, concluyó la Sala.