Exalcalde de Quibdó es acusado por Fiscalía de irregularidades en contrato de aseo
El exmandatario Martín Emilio Sánchez Valencia, su exsecretaria general y el entonces coordinador de contratación deberán responder en juicio por el presunto direccionamiento de un contrato de aseo de 1.568 millones de pesos, firmado en 2021.
La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra el exalcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación del servicio de aseo del municipio en el año 2021. Junto a él fueron acusadas la exsecretaria general, Gloria Lizeth Palacios Córdoba, y el entonces coordinador de contratación, Beymar Alexander Mosquera Borja.
Según la investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Chocó, los tres habrían intervenido en las etapas previas de dos licitaciones públicas que buscaban contratar los servicios de aseo para las instituciones educativas, sedes de la Alcaldía, incluyendo la central, así como la locación de la Secretaría de Educación. El entramado, según señaló el ente investigador, en “un contrato por 1.568 millones de pesos, sin que se cumplieran plenamente los requisitos legales exigidos para adelantar el proceso contractual”.
De acuerdo con el comunicado, los elementos materiales probatorios indican que se eliminó de la plataforma SECOP II, el sistema electrónico de contratación pública, una de las licitaciones. Además, se usaron documentos de otro proceso que no tenía aviso de convocatoria ni estudios previos, se modificaron el cronograma y el presupuesto sin los soportes técnicos exigidos. Por último, se adjudicó el contrato por fuera de la fecha prevista en el pliego de condiciones. Por estos hechos, los tres procesados deberán responder en juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
No es el único proceso que enfrenta el exfuncionario
No es el primer proceso que golpea a Sánchez Valencia por su manejo de la contratación. En abril de 2025, la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó por siete años para ejercer cargos públicos, junto a la entonces secretaria de Infraestructura, Evelyn Cañadas Garrido, por su participación en la adjudicación de un contrato de 1.646 millones de pesos para la adecuación del centro de salud del barrio Divino Niño.
En esa decisión, el órgano de control estableció que el entonces alcalde firmó el aviso de convocatoria y la resolución de apertura sin la información mínima, sin cronograma de actividades y con un plazo para observaciones inferior al que fija la ley. También se estableció que el exalcalde otorgó el contrato el 21 de abril de 2023, pese a que el pliego había fijado como fecha el 30 de marzo de ese año.
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