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"Perdí el norte, presioné a mis subalternos, ideamos un plan criminal": militar (r) que aceptó responsabilidad por falsos positivos ante la JEP
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Siete de nueve imputados en el subcaso Antioquia del caso 03, que investiga las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, aceptaron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esto fue lo que dijeron.
Por: Pía Wohlgemuth N.
Cuando el teniente coronel (r) Nelson Enrique Carvajal Chisco fue comandante en Antioquia del Batallón de Infantería No. 4, conocido como Bajes, entre el primero de agosto de 2002 y el 10 de julio de 2003, fue responsable de desapariciones forzadas y asesinatos cometidas por los pelotones Bombarda y Cañón. Dijo que perdió "el norte" y que forzó a sus subalternos, con quienes ideó un plan criminal para satisfacer las presiones que recibía desde arriba de presentar muertos a como diera lugar. Apoyados en la estigmatización de la población del oriente antioqueño, acusada de pertenecer a la guerrilla, crearon una fábrica de muerte.
El militar (r), que veía a toda la población de la zona como guerrillera, aceptó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad: "Yo pensaba eso y así se lo hacía creer a mis subalternos, sin ninguna prueba, sin ninguna consideración por la vida, o por el dolor de esas familias", dijo y añadió: "Perdí el norte, presioné a mis subalternos, ideamos un plan criminal".
De todas maneras, aclaró que nunca recibió órdenes directas de asesinar ilegalmente a nadie. Eso no impidió la estructuración de dicho plan criminal, que consistió en "tomar" a personas –habitantes de calle en algunos casos– señalados por desmovilizados del frente 9 de las Farc y del ELN, por miembros del Bloque Metro de las AUC, por soldados de su unidad y por él mismo, para luego asesinarlas, desaparecerlas y luego mentir: decir que eran "bajas en combate".
"Yo personalmente ordené directamente a los ejecutores materiales que cometieran algunos asesinatos; di instrucciones para encubrir los asesinatos; coordiné y participé en el traslado de algunas víctimas; y asesiné por mano propia a 44 víctimas; por ello, recalco y entiendo que soy penalmente responsable", admitió Carvajal Chisco ante la jurisdicción.
El militar retirado es uno de los siete que aceptaron su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad en el subcaso Antioquia, del caso 03, que se encarga de investigar los crímenes de bajas falsamente presentadas como muertes en combate por parte del Estado. Falsos positivos.
Otros dos de los imputados hicieron lo contrario. El coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero dijo que no aceptaba responsabilidad respecto de las imputaciones, mientras que el general (r) Mario Montoya pidió la nulidad del proceso.
Por su lado, el coronel Julio Alberto Novoa Ruiz admitió su responsabilidad y dijo que replicó una política de facto que había implementado el general (r) Mario Montoya Uribe de presionar, instigar e inducir a los miembros del batallón para mostrar bajas "a toda costa y ordenando a los distintos niveles de la cadena de mando que no se debían reportar capturas ni retenciones".
Novoa Ruiz, quien admitió que contribuyó al surgimiento y a la consolidación del fenómeno de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por miembros de la Brigada IV entre los años 2002 y 2003 en el oriente antioqueño, dijo que mintió sobre las muertes de miembros de las Farc por cuenta de esa política, ordenó el ocultamiento de cuerpos y el asesinato de algunas personas retenidas. Esto último lo hizo implícita y explícitamente, en algunos casos.
El teniente coronel (r) Emerson Antonio Castañeda Morales también reconoció que fue responsable como coautor de crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y por crímenes de lesa humanidad por el asesinato y la desaparición de personas. En un principio, sin embargo, no lo hizo por estar activo en el Ejército. "Por pena, por temor y porque los superiores con los que trabajé en ese entonces seguían activos y con quienes se había acordado de que nunca se contaría la verdad", admitió.
Castañeda Morales manifestó que para cuando sucedieron los hechos, entre 2002 y 2003, y era subteniente del batallón, apenas tenía 21 años y venía de la escuela militar. Según le dijo a la JEP, permitió que "la orientación e instrucción otorgada desde la Escuela de formación influyera en mis actuaciones (...) modificando mi pensar frente a lo que en principio era bueno o malo". Al reconocer su responsabilidad por los crímenes, pidió perdón a las víctimas y a sus familias, y reconoció que jamás debió dejarse llevar por los premios que recibían, en ese entonces, por las bajas.
"Con el tiempo y casi que de inmediato entendí que lo que hicimos estuvo mal, afectamos muchas familias, cerramos los ojos de colombianos que tenían la oportunidad de cambiar, de tener un futuro mejor, afectamos a muchas personas que hoy tendrían otro destino, otra oportunidad, les quitamos la vida a personas humildes, trabajadoras, que podían encontrarse hoy entre nosotros. Pido perdón a todas sus familias, a todos los colombianos que confían en las Fuerzas Militares y que defraudamos, es la oportunidad de tener un mejor país, pero debemos encontrar en la verdad el camino para el perdón y poder generar nuevos espacios para las futuras generaciones, a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, perdón”, expresó.
Aparte de los mencionados, los otros miembros retirados que aceptaron su responsabilidad fueron los subtenientes (r) José Alejandro Ramírez Riaño, Diego Germán Guzmán Patiño, y Edwin Leonardo Toro Ramírez, y el soldado Óscar Iván Mayo Marulanda.