La carta política de 1991 tiene más enemigos que amigos. Los tuvo desde antes de nacer, cuando se gestaba en una asamblea nacional constituyente alimentada por la juventud indignada de la séptima papeleta, por la guerrilla desmovilizada del M-19, por las fuerzas del establecimiento que entendían que el cambio era imparable.
Para ese entonces nos regía la constitución de 1886 y el cambio al contrato social de 1991 fue una revolución. Lo que era un texto confesional, rígido y poco representativo pasó a ser reemplazado por un sacudón que pretendió convertir los derechos humanos, la descentralización y la democratización del acceso al poder en nuevos dogmas estatales. Por supuesto que tuvo y tiene muchos malquerientes.
La Iglesia católica fue uno de sus primeros y más constantes adversarios. La conferencia episcopal temía que la Constitución de 1991 trajera lo que eventual y afortunadamente logró: el debilitamiento del concordato, tratado con el Vaticano que otorgaba una cantidad injustificada de privilegios inmerecidos a los curas.
Los jerarcas católicos también sospechaban del reconocimiento material de la diversidad de cultos y la liberalización de las leyes mortales que seguían logrando influenciar con las divinas. Además, pensaban, con razón, que la nueva carta representaba el afianzamiento legal del divorcio en Colombia.
Aunque ya no tan vocales como antes, la institucionalidad católica sigue caminando en contravía de la constitución del 91. Rechazan todos los avances de las luchas igualitarias del feminismo y de la comunidad LGBTIQ+ que se han amparado en su texto. Y ahora la atacan tras bambalinas.
Otros han querido regular la tutela, o mejor restringirla, centenas de veces en sus 32 años de existencia. Un mecanismo judicial que ya suma dos generaciones de litigantes y constitucionalistas educados bajo su manto, pero aún cuenta con detractores que no saben cómo más expulsarla de los estrados. Fue la nueva forma de concebir, exigir e impartir justicia; la transformación real de la relación entre la ciudadanía y sus jueces. Con todos sus defectos la tutela es la revolución judicial que no ha podido lograrse con tanta rescritura de códigos e inyección ineficiente de recursos. La detestan por su eficacia, por su capacidad de reconocer la justicia a tantas comunidades y personas antes sistemáticamente ignoradas y por ser hoy el único mecanismo eficiente para detener la arbitrariedad de los propios jueces.
A la constitución de 1991 también la censuran los conglomerados económicos, grupos empresariales y demás gigantes del capitalismo que fueron detenidos, corregidos o sancionados por cuenta de los mandatos de interés público de nuestra carta.
Los rectores de colegio a quienes les tocó cambiar los manuales de convivencia para aceptar el derecho de las juventudes a desarrollar libremente su personalidad; los comandantes de las fuerzas militares que se vieron obligados a reconocer la objeción de conciencia de sus soldados; los administradores hospitalarios a los que les demandaron proveer servicios integrales de salud sexual y reproductiva para las mujeres. La lista es eterna.
Claro que existen promesas estructurales de la Carta del 91 que ningún mandatario ha podido o querido concretar. Muchas de esas fuerzas que la odian han logrado imponerse para detener su cumplimiento. Existen además grandes obstáculos para la realización de nuestra Constitución que también exceden su ámbito porque están enraizados en la cultura, en la historia, en las formas de hacer y entender la política. Escribir otro texto, más contundente o arriesgado no cambiará esa realidad.
Lo que sí habilitará la convocatoria de una nueva asamblea nacional constituyente es que las pocas o muchas conquistas, depende desde donde se vea, entren en enorme riesgo. Si Petro, bien sea por las vías constitucionales o a los trastazos, logra la locura de convocar una asamblea nacional constituyente nada asegura que controle las mayorías para expandir el espíritu progresista de la Constitución de 1991. Como está el panorama político actual, nos exponemos a una constituyente predominantemente goda, antiderechos, neoliberal, patriarcal y con otros elementos del coctel neofascista que recoge millones de votos por el mundo.
Presidente, ¿tiene certeza de que su llamado convocará a un constituyente primario más generoso que el pasado? ¿Uno que escriba otra buena constitución? O ¿hasta una mejor?
Pobre la señora del 91, con semejante baraja de enemigos al acecho, para que ahora sus amigos, los que reclaman su autoría, pretenden ponerla en riesgo como si no hubiese nada que perder.
Resulta sí muy colombiano, y además muy propio de nuestros políticos, que esta gesta discursiva de Petro conduzca a un retroceso constitucional que nos ponga, literalmente, siglos atrás. Por querer ir más allá cuando no era posible, puede retroceder nuestro sistema legal con efectos devastadores, en especial para sus propios electores. Y cuando llegue ese momento, todos los que ahora gritan “constituyente” entenderán qué malos amigos fueron con la del 91.
