Ley de trazabilidad ganadera: lo que debe saber de la norma que busca detener la deforestación en Colombia
Expertos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) advierten que, aunque la actividad ganadera no es el problema en sí misma, su crecimiento desordenado ha terminado consolidando diferentes problemas ambientales. Por lo que la ley de trazabilidad ganadera, recién firmada por el presidente, busca ser una herramienta para proteger la Amazonía.
Por: Nataly Ríos
La relación entre ganadería y deforestación en la Amazonía colombiana ha dejado de ser únicamente un debate ambiental y se ha convertido en uno de los principales retos de gobernabilidad territorial para el país. Según explicó la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, el problema no se limita a la existencia de ganado en zonas amazónicas, sino a la forma en que ciertos modelos de expansión terminan consolidando procesos ilegales de ocupación y pérdida de bosque.
La ganadería extensiva suele instalarse después de la tala y quema de grandes extensiones de selva. En muchos casos, primero aparecen vías ilegales o trochas, luego la deforestación y la transformación del bosque en pastizales, y finalmente la introducción de animales para darle uso económico al terreno y aumentar el valor de la tierra.
De acuerdo con la FCDS, este patrón se ha repetido especialmente en el llamado arco noroccidental amazónico, conformado por departamentos como Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, territorios donde coinciden altos índices de deforestación, apertura de vías ilegales, ocupación informal y crecimiento acelerado del hato ganadero.
Las cifras reveladas por el IDEAM muestran la magnitud del fenómeno. Solo en 2024 Colombia registró 113.608 hectáreas deforestadas, y 77.124 de ellas estuvieron ubicadas en la Amazonía, lo que representa cerca del 68 por ciento de toda la deforestación nacional. Además, la pérdida de bosque en esta región aumentó un 74,2 por ciento frente al año anterior.
“La gravedad no radica únicamente en la presencia de ganado, sino en la forma como ciertos sistemas ganaderos se instalan sobre áreas recientemente deforestadas. Los análisis de FCDS muestran que en los departamentos del arco noroccidental amazónico -Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo- se concentran 5,55 millones de bovinos, equivalentes a cerca del 19 por ciento del hato nacional. En esta misma región, el hato aumentó en 1,49 millones de bovinos entre 2017 y 2024, con un crecimiento del 86,1 por ciento, muy superior al crecimiento nacional del 25,5 por ciento en el mismo periodo”, comentó la organización.
La fundación aclaró que no toda la actividad ganadera está asociada a procesos ilegales o de deforestación. De hecho, insistió en la necesidad de diferenciar entre productores formalmente establecidos y dinámicas recientes de expansión que terminan afectando zonas ambientalmente protegidas. Precisamente, uno de los principales objetivos de la trazabilidad ganadera será permitir esa diferenciación.
¿Cuáles son los ecosistemas más afectados?
Los ecosistemas más afectados por esta expansión se encuentran en áreas cercanas a parques nacionales, resguardos indígenas y reservas forestales. Entre las zonas más sensibles aparecen los entornos del Parque Nacional Natural Tinigua, la Serranía de La Macarena, el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y el Parque Nacional Natural La Paya, además de territorios indígenas como la Reserva Natural Nukak.
Las consecuencias ambientales son profundas. La pérdida y fragmentación del bosque reduce la conectividad ecológica, afecta la regulación hídrica, degrada los suelos y acelera la pérdida de biodiversidad. Además, incrementa las emisiones de carbono y pone en riesgo ecosistemas estratégicos para la estabilidad climática del país.
“La FCDS ha documentado que la deforestación no responde a un solo motor aislado; por el contrario, se articula con vías ilegales, praderización, cultivos ilícitos, especulación sobre la tierra y economías ilegales. En ese contexto, la ganadería extensiva puede operar como una actividad que consolida el cambio de cobertura después de la tala y la quema”, aseguró la entidad.
Asimismo, explicaron que uno de los factores que más preocupa a los expertos es la expansión de vías ilegales. Según los análisis de la FCDS, entre abril de 2018 y marzo de 2025 la malla vial en la Amazonía colombiana creció en más de 8.000 kilómetros. La organización encontró además que el 90 por ciento de las áreas deforestadas recientemente se ubican a menos de 1,9 kilómetros de alguna vía abierta.
“Esto indica que las vías no son un factor secundario, sino una condición que habilita ocupación, deforestación, praderización y posterior integración de esas áreas a circuitos ganaderos”, señala la organización.
Frente a este escenario, la nueva ley de trazabilidad ganadera aparece como una herramienta de control ambiental y territorial. La iniciativa, que ya tiene la firma del presidente, busca integrar información sanitaria, comercial y ambiental para rastrear el origen de cada animal y evitar que ganado proveniente de zonas deforestadas ingrese sin control a la cadena formal de comercialización.
¿Qué es la ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación?
La Ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación busca que Colombia pueda rastrear el origen ambiental del ganado y evitar que animales provenientes de zonas deforestadas entren a la cadena comercial para frenar la ganadería en zonas protegidas y deforestadas de la Amazonía. Actualmente, los sistemas de información sobre vacunación bovina, catastro y deforestación funcionan de manera separada, lo que dificulta identificar si la carne proviene de áreas donde hubo destrucción de bosque.
La iniciativa propone conectar y cruzar los datos del Ministerio de Agricultura, los sistemas de información del ICA (vacunas del ganado), el IGAC (predios) y el Ideam (monitoreo satelital) y los registros de propiedad para garantizar trazabilidad, transparencia y control sobre el origen del ganado. Con esto se quiere evitar que carne de res ilegal llegue al mercado.
Además, plantea crear Zonas de Alta Vigilancia en focos de deforestación, exigir identificación individual de animales y fortalecer certificaciones ambientales para promover una producción ganadera sostenible y libre de deforestación.
La iniciativa tuvo como ponente a la representante a la Cámara Julia Miranda, reconocida por su trayectoria en temas ambientales y por haber dirigido durante 17 años Parques Nacionales Naturales de Colombia. El proyecto también contó con la coautoría del representante Juan Carlos Losada y fue sancionada el pasado 4 de junio.
La importancia para la protección ambiental poder rastrear el origen de cada cabeza de ganado
Por otro lado, Colombia cuenta con herramientas como los Registros Únicos de Vacunación y las Guías Sanitarias de Movilización Interna, utilizadas principalmente para fines sanitarios y comerciales. Sin embargo, la FCDS considera que estos sistemas podrían fortalecerse y conectarse con información ambiental, catastral y de monitoreo de bosques para construir un sistema de trazabilidad mucho más robusto.
La idea es que cada cabeza de ganado pueda relacionarse con un predio específico, sus movimientos, los centros de concentración, las plantas de beneficio y el destino final de comercialización. Esto permitiría identificar si un animal proviene de zonas con deforestación reciente, ocupación irregular o restricciones ambientales.
Para los expertos, el reto más importante no fue aprobar la ley, sino que será garantizar su implementación efectiva. La organización advierte que actualmente existe fragmentación entre los sistemas de información de entidades como el ICA, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el IDEAM y las autoridades catastrales, lo que dificulta hacer seguimiento integral a la cadena ganadera.
“Rastrear cada cabeza de ganado no debe entenderse únicamente como poner un dispositivo de identificación. Implica conectar animal, predio, tenedor o propietario, vacunación, movilización, zonas de riesgo ambiental, centros de concentración, plantas de beneficio y destinos comerciales. La trazabilidad debe mirar la cadena completa, no solo el punto de origen”, afirmó la organización.
¿Qué riesgos enfrenta el país si no se controla la relación entre ganadería y deforestación ilegal?
La FCDS alertó sobre riesgos asociados a la informalidad y la falta de georreferenciación en municipios con alta deforestación, especialmente en zonas de Caquetá como Cartagena del Chairá, Solano, San Vicente del Caguán y La Montañita. Según la organización, estas fallas facilitan la movilización y comercialización de ganado sin pleno control estatal.
Además de los impactos ambientales, los expertos adviertieron que la falta de trazabilidad puede generar consecuencias económicas y comerciales para el país. La ausencia de controles podría afectar la confianza de mercados internacionales y aumentar los cuestionamientos sobre el origen de productos cárnicos colombianos frente a estándares globales de abastecimiento libre de deforestación.
“La ausencia de trazabilidad ambiental puede castigar injustamente a quienes cumplen, porque no diferencia adecuadamente entre ganadería legalmente establecida y ganadería asociada a procesos recientes de deforestación. Además, aumenta el riesgo de pérdida de confianza en los mercados, de cuestionamientos a la cadena cárnica y de restricciones frente a estándares internacionales de abastecimiento libre de deforestación”, dijeron.
¿Esta implementación marcaría un antes y después en la protección de los bosques colombianos?
Para la FCDS, si la ley logra implementarse con sistemas interoperables, controles territoriales y coordinación entre entidades, Colombia podría dar un paso importante en la protección de sus bosques amazónicos y en la construcción de una cadena ganadera más transparente y sostenible.
La Fundación explicó que el cambio sería relevante por tres razones. Primero, porque permitiría diferenciar territorios con ganadería históricamente establecida de territorios con expansión reciente sobre zonas de bosque. Segundo, ya que ayudaría a orientar controles, incentivos y acompañamiento productivo de manera focalizada, sin trasladar de forma indiscriminada los costos de la deforestación a todos los ganaderos. Y tercero debido a que permitiría actuar sobre toda la cadena: predios, corredores de movilización, centros de concentración, plantas de beneficio, comercializadores y compradores.
“El antes y el después dependerá de la implementación. La ley tendrá impacto real si logra integrar registros sanitarios, información ambiental, datos prediales, catastro, registro de propiedad y movimientos comerciales. Sin esa interoperabilidad, el país mantendrá sistemas parciales; con ella, podrá construir una herramienta concreta para prevenir que la deforestación ilegal encuentre salida económica en la cadena ganadera”, concluyó la organización.
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