Ministro de Ambiente designado por el nuevo gobierno descarta eliminar la ANLA y promete agilizar licencias
La política ambiental del gobierno de Abelardo de la Espriella comenzará con una revisión de los trámites para proyectos de inversión. El ministro designado, Fabio Arjona, planteó acelerar el licenciamiento ambiental, replantear la consulta previa, revisar la contratación del sector y fortalecer técnicamente a la ANLA, sin eliminar la entidad.
El ministro de Ambiente designado por el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, Fabio Arjona, aseguró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) continuará operando, aunque insistió en que la entidad no debe convertirse en un obstáculo para el desarrollo de proyectos estratégicos. Además, anunció una revisión al sistema de licenciamiento ambiental, a los procesos de consulta previa y a la contratación dentro del sector.
Durante entrevistas concedidas a Caracol Radio y Blu Radio, Arjona afirmó que la ANLA conservará su papel como autoridad técnica encargada de evaluar los proyectos que requieren licencias ambientales, descartando así cualquier posibilidad de eliminar la entidad.
"No se va a eliminar la ANLA", aseguró el ministro designado, al destacar que la institución cuenta con la capacidad técnica necesaria para garantizar que las iniciativas se desarrollen bajo estándares ambientales adecuados.
Cuestionamientos al funcionamiento de la ANLA
Aunque defendió la permanencia de la autoridad ambiental, Arjona manifestó que su funcionamiento debe ajustarse para evitar que los procesos de licenciamiento se conviertan en un freno para proyectos de infraestructura y desarrollo.
En ese contexto, mencionó el caso de Hidroituango y señaló que algunos requerimientos formulados por la entidad podrían resultar excesivos. Según dijo, determinadas actuaciones "huelen a hostigamiento" y podrían afectar proyectos considerados estratégicos para la seguridad energética del país.
Otro de los temas que el futuro ministro pretende modificar es el modelo de consulta previa con comunidades étnicas.
Arjona planteó que estos procesos dejen de estar en cabeza de las empresas interesadas en desarrollar los proyectos y pasen a ser dirigidos directamente por el Estado, al considerar que el esquema actual ha generado retrasos e interpretaciones dispares.
Según explicó, el Gobierno debería establecer criterios uniformes y coordinar con el Ministerio del Interior las reglas aplicables para estos procedimientos, con el propósito de brindar mayor seguridad jurídica y evitar cambios durante el desarrollo de las consultas.
Reducir los tiempos de licenciamiento
El ministro designado también anunció una revisión integral del sistema de licencias ambientales para hacer más ágiles los trámites sin disminuir el rigor técnico de las evaluaciones.
Entre las medidas que propuso están fortalecer la capacidad técnica de la ANLA, incorporar herramientas de inteligencia artificial para apoyar los análisis y fijar plazos más definidos para responder las solicitudes.
Asimismo, aseguró que los requisitos deberían variar según el tamaño y el nivel de impacto ambiental de cada proyecto, en lugar de aplicar procedimientos similares a iniciativas con características muy distintas.
Arjona confirmó que realizará una evaluación de la contratación dentro del Ministerio de Ambiente y de las entidades adscritas al sector.
Como ejemplo, señaló que el Fondo para la Vida cuenta con más de 2.000 contratos de prestación de servicios, una cifra que, a su juicio, merece revisión debido a que varios de esos contratos podrían resultar redundantes.
El funcionario aseguró que buscará reducir cargas burocráticas y combatir prácticas que calificó como clientelistas dentro de la cartera.
Discutir el fracking con controles ambientales
Sobre la posibilidad de desarrollar proyectos de fracking en Colombia, Arjona aseguró que, desde el punto de vista tecnológico, es posible implementar esta técnica de manera responsable.
No obstante, aclaró que cualquier eventual desarrollo deberá cumplir estrictos estándares ambientales, utilizar tecnologías de última generación y contar con mecanismos de supervisión que prevengan afectaciones a los recursos hídricos y a los acuíferos.
El ministro designado indicó que, de llegarse a autorizar esta técnica, solo se desarrollaría en una porción reducida del territorio nacional y descartó que pudiera realizarse en parques nacionales o en zonas con restricciones ambientales.
Aunque precisó que la decisión sobre la implementación de pilotos o de una eventual explotación comercial no corresponde directamente al Ministerio de Ambiente, sostuvo que el país enfrenta retos en materia de abastecimiento energético y que cualquier decisión deberá enmarcarse en la política que defina el nuevo Gobierno.
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