La Mojana: entre las inundaciones, la contaminación y la resistencia

En el mapa del norte de Colombia, en medio de paisajes verdes, resaltan las manchas azules de la región de La Mojana, un territorio de pueblos y campo que mide, más de 24.000 kilómetros cuadrados. El agua que comparten Bolívar, Magdalena, Sucre y Antioquia se reúne en forma de V invertida y conforma distintas ciénagas, arroyos y caños.

Los terrenos de La Mojana son fértiles, hay ganado, siembra de yuca y arroz, y mucho pescado, cuando hay buen tiempo. Los municipios que la conforman comparten cierta hermandad, sus más de 400.000 habitantes son mojaneros, por años llamados pata de agua, anfibios, por su convivencia inevitable con el agua proveniente de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. 

La Mojana es parte de la Depresión Momposina (una llanura inundable) y por eso no es extraño que, en distintos momentos del año, el agua suba e inunde las casas de quienes viven en sus orillas. Las sequías son menos usuales, pero este año, por el fenómeno de El Niño, algunas zonas sufrieron porque, a pesar de estar en una tierra húmeda como esta, el agua se esfumó.

La ausencia de lluvias y corrientes desde noviembre dejó afectaciones enormes para habitantes de algunos municipios mojaneros, como Sucre, en Sucre, y las zonas más al sur de la planicie. Allí, el agua se secó casi por completo y los peces se murieron, los cultivos se secaron y no quedó nada, durante meses, para las comunidades.

El paisaje es muy diferente al del dique de Caregato, un punto en San Jacinto del Cauca, parte del departamento de Bolívar, en donde el río poderoso ha roto el dique más de 33 veces, provocando tragedias.

Entre el 5 y el 6 de mayo, ese mismo río hizo lo suyo: atravesó el jarillón en reparación y acabó con los cultivos y el ganado de decenas de familias. La temporada apenas está comenzando y se acerca un fenómeno de La Niña que preocupa.

(Crédito: Deimer Yepes, habitante de La Mojana, damnificado)

El profesor de la Javeriana Jorge Escobar le dijo a Miguel Martínez, periodista de la revista Pesquisa, que, en el pasado, el río Cauca crecía y entraba a toda la región de La Mojana. En 1973, aproximadamente, se construyó un dique y, desde ese entonces, el agua ya no entra periódicamente a los territorios que naturalmente eran suyos.

Eso implica que se acumule el agua del río Cauca en su parte baja, no muy lejos de donde desemboca el río Magdalena, como explica Escobar.

Es ese dique el que se rompe con cierta frecuencia, por la concentración de aquellas aguas en un solo punto.

A pesar de las complicaciones inevitables de las inundaciones, las comunidades no quieren que las muevan de lugar, no quieren mudarse. Han vivido, durante generaciones, alrededor del agua y su conocimiento y forma de vida se trata de La Mojana.

Ahora piden soluciones definitivas para su territorio, que no se tratan solo de cerrar el dique, sino de intervenir el territorio. 

(Crédito: Alejandro Sierra, Pacto Social La Mojana)

La polémica por el contrato de cierre del dique

El 20 de marzo, el presidente Gustavo Petro viajó a San Marcos, Sucre, y anunció un plan billonario para la región de La Mojana. Dijo que era necesario “liberar los espacios del agua”, pues “si se cierra Caregato, el río Cauca rompe por otro lado”. Durante años, el dique se ha roto decenas de veces y, con solo ver la magnitud del río, es más que evidente la fuerza de su caudal.

(Crédito: UNGRD)

Olmedo López, salido director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), firmó un contrato por 130.000 millones de pesos para cerrar el dique roto (desde 2021) de Caregato. Cuentan personas de la zona que, en privado, el entonces director de la UNGRD habría admitido que no tenía luz verde del jefe de Estado.

El director actual, Carlos Carrillo, que llegó a apagar los incendios de supuesta corrupción que dejó encendidos su antecesor, ve con recelo el contrato firmado con el Consorcio RCG, compuesto por empresas ligadas al clan Aguilar de Santander, según la W Radio.

Primero, Carrillo señaló que no haría adiciones al contrato, por el que se pagó un adelanto de 26.000 millones de pesos. Después, sostuvo que el contratista y la interventoría no habían compartido actas de ejecución para el siguiente pago, aunque el contratista aseguró que sí lo había hecho.

Más adelante, el director sostuvo que no había plan de contingencia, aunque CAMBIO conoció un video de la reunión en la que Germán Serrano, ingeniero del consorcio, explicó dicho plan, antes del 14 de mayo. En medio de la confusión y las posibles irregularidades, el presidente Gustavo Petro pidió investigar el contrato. El contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, dijo que la responsabilidad alcanzaría a funcionarios del Gobierno anterior también.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, cuestionó que no se hubieran terminado las obras en temporada seca, después de que hubo meses sin lluvias. "La supuesta atención a la emergencia se ha prolongado durante años sin que se hayan implementado en su totalidad las etapas de estabilización, rehabilitación y reconstrucción. Es una situación crítica, puesto que las comunidades continúan en estado de vulnerabilidad y expuestas a ser revictimizadas", expresó, luego de una visita a la zona. Es claro que esta no es una problemática de hoy, pero ningún Gobierno ha tomado medidas de fondo.

¿Qué piden las comunidades? 

En medio de la discusión se suele hablar del conocimiento de los zenúes que habitaron en La Mojana, más o menos hasta el siglo X, según un documento del Banco de la República, escrito por María Aguilera Díaz. En ese entonces, los indígenas lograron alcanzar su mayor “desarrollo en la depresión inundable del río San Jorge, como lo demuestran las construcciones de extensos sistemas de canales hidráulicos, con los que manejaron las aguas en las planicies anegables”.

Los zenúes pudieron controlar las inundaciones que los golpeaban periódicamente. Construyeron un sistema hidráulico de más de 500.000 hectáreas, conocido como la “mayor obra hidráulica prehispánica de América”. El sistema se componía de canales artificiales y camellones, que servían para guiar las aguas en su salida hacia el océano.

Petro habló de volver a la ingeniería Zenú, reorganizar el territorio con la sabiduría de dichas comunidades. Sin embargo, Marco Tulio Uribe Carriazo, ingeniero civil oriundo de San Marcos y parte del Pacto Social La Mojana, no concuerda porque “hay un error de concepto” en esta idea. Los indígenas, explica, convivían con inundaciones pasivas, no con crecientes súbitas de potencias “casi inaguantables”.

Uribe Carriazo no cree que la solución esté en dejar fluir el agua, pero tampoco piensa que sea solo reconstruir el jarillón roto: “No hay derecho a sepultar los ríos, que es realmente la condición que ha generado esta emergencia en La Mojana. El río Cauca ha sido sepultado por los sedimentos generados por la minería de aluvión, aguas arriba del Cauca y del río Nechí”.

Las aguas de La Mojana hoy están colmadas de sedimentos y contaminación que baja desde aguas arriba. El profesor Isidro Álvarez, quien ha estudiado a fondo la historia de La Mojana, escribe en sus redes sociales que “se ha dejado a los pobladores de estas ricas tierras-aguas, a merced de las torrentosas corrientes (...) que aumentan su agresividad por el sedimento que producen natural y artificialmente las actividades dirigidas por el ser humano en sus riberas, como la minería, la explotación maderera, la agricultura y la ganadería, actividades realizadas sin ningún control y planificación, ni de sus pobladores y menos de los entes gubernamentales”.

Camilo Daza, del Pacto Social La Mojana en Ayapel, Córdoba, asegura que el problema de la región es estructural. Dice que los sedimentos que bajan, suman, por lo menos, 2 millones de toneladas de sedimentos anuales. Juan Gossaín describió las corrientes mojaneras en una crónica para El Tiempo en 2013 como la caída de ríos que “bajan furiosos, embuchados por canales y ciénagas incontables, arrastrando todo lo que encuentran a su paso, sea animal, niño o árbol”.

La diferencia en los años más recientes, tal vez, es que aquellas corrientes furiosas y cargadas no son solo de agua y barro puro. Desde hace años se ha identificado que el pescado que consumen los mojaneros está cargado con metales pesados -utilizados para la extracción de oro en la minería-, que el agua tiene cada vez menos oxígeno y que los peces se alimentan de barro.

Por ello, la solución concreta que piden los habitantes de la zona es invertir en sacar la sedimentación y dragar, limpiar. Hablan de retirar el material del cauce del río y construir un dique que empiece en Nechí, Antioquia y termine en Achí, Bolívar. Esta construcción mediría 56 kilómetros, según el ingeniero de San Marcos.

Por ahora, hay 1,2 billones de pesos comprometidos de vigencias futuras para hacer restauración ecológica en la zona, rehabilitar caños, descontaminar, monitorear, apoyar a las comunidades con negocios verdes y pago por servicios ambientales, entre otros puntos. El Gobierno se comprometió a trabajar, en los próximos tres años y medio, en la restauración del ecosistema y sus caños. Espera que el resto de la plata para sumar 2,2 billones de pesos, provenga de las gobernaciones departamentales.

El pasado 17 de mayo, el presidente Petro visitó Ayapel, Córdoba, zona afectada por las inundaciones. Allí, dijo que la reubicación de las familias damnificadas sería voluntaria, que “eso se llama Reforma Agraria, y ordenó comprarles vivienda urbana o rural.

A su vez, avanza el muy atropellado contrato para cerrar el jarillón que evitaría mayores inundaciones, pero el trabajo es a contrarreloj. La fuerza y la magnitud del Cauca buscarán, como siempre, entrar por otro lado. Las comunidades mojaneras no quieren irse, pero las opciones son cada vez más limitadas y requieren acciones que hagan una diferencia definitiva.