¿Qué dijeron los paramilitares acerca del bananero y alfil del uribismo, Nicolás Echavarría?
Nicolás Echavarría Mesa, uno de los bananeros señalados de auspiciar el paramilitarismo.
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CAMBIO reveló que una jugada de la Fiscalía le ha garantizado la impunidad a Echavarría, alfil del uribismo y quien fue gerente de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. ¿Cuáles son los pagos que habría hecho al bloque bananero de las autodefensas a través de Banafrut? La justicia lo ha dicho hace más de diez años, pero nada ha pasado.
Por: Sylvia Charry
Las fechas en el caso de los empresarios que financiaron el paramilitarismo lo dicen todo. Desde que en 2007 empezó a funcionar la ley de Justicia y Paz, los exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso; Hebert Veloza, alias HH, y Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, dijeron que los bananeros les pagaban a los paramilitares 3 centavos de dólar por caja de banano exportada.
Han pasado 17 años desde que lo dijeron.
El mismo tiempo pasó desde que, gracias a una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la multinacional bananera Chiquita Brands International se comprometió a pagar una multa de 25 millones de dólares por los pagos hechos al grupo paramilitar.
Pero a pesar de esto nada ha pasado en la justicia colombiana con los empresarios bananeros que auspiciaron el paramilitarismo.
¿Cuáles son los señalamientos contra el bananero Nicolás Echavarría Mesa y los otros presuntos paraempresarios?
En ese episodio son claves las versiones que ha dado Hasbún alias Pedro Bonito, exjefe paramilitar del frente Álex Hurtado del Bloque Bananero de las AUC y conocido cerebro del modelo de financiación con recursos de las empresas bananeras del Urabá antioqueño.
Hasbún fue quien le entregó a la justicia el listado de los 18 empresarios presuntos financiadores del grupo paramilitar. Uno de ellos era, precisamente, Carlos Nicolás Echavarría Mesa, quien había sido presidente de Banafrut, un conglomerado de empresas bananeras de la región de Urabá.
Los aportes que les hicieron las bananeras a los paramilitares, según ha rastreado la Fiscalía, fueron cerca de 33.000 millones de pesos que se entregaron entre 1996 y 2004.
Hay varios documentos del Tribunal de Justicia y Paz que dejan en evidencia el modus operandi de las bananeras, el cual, sigue en la impunidad. Esto, a pesar de que los jueces de ese tribunal han pedido a la Fiscalía que investigue.
En una sentencia del 31 de julio de 2015 contra José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras y Omar Enrique Martínez Ossías, alias Maicol, del bloque norte de las autodefensas, explicaron cómo fue el modelo de financiación y los pagos que hicieron las bananeras.
Ese modelo de financiación era estratégico porque además de lograr seguridad en las fincas consiguieron disminuir los paros de los sindicatos pues se les pagaba a los paramilitares por productividad. Es decir, mayor productividad, más plata al paramilitarismo.
"A diferencia de otros gremios como el ganadero que financiaron a los paramilitares teniendo en cuenta tarifas anualizadas que valoraban la posesión de activos fijos; las multinacionales bananeras (como Chiquita Brands y su filial, Banadex) y las comercializadoras nacionales (como Sunisa S.A., Conserva S.A., Tropical, UnibanS.A, Proban , Banafrut, BagatelaS.A., y Agrícola Rioverde ) pagaron en función del nivel de producción, esto es, contribuyeron de manera estable con 3 centavos de dólar por caja de banano exportada", dice el documento.
Sobre Banafrut, el informe de la Comisión Intereclestial de Justicia dice que tiene 33 fincas en el Urabá antioqueño, que suman 3.500 hectáreas, y de cuya junta directiva hace parte Nicolás Echavarría Mesa.
Verdad abierta reveló en 2011 que Echavarría Mesa habría hecho aportes por ocho fincas explotadas por diferentes agrícolas como Bahamas Ltda., Galápagos, Antillas, Luisa Fernanda, Hacienda Velaba Ltda. y Otraparte E.U., asociadas a la comercializadora Banafrut.
Dice el Tribunal de Justicia y Paz, en la sentencia mencionada, que el modelo de pago implementado por las multinacionales y las comercializadoras de banano, basado en el nivel de producción, fue funcional para que sus utilidades no decrecieran a pesar del conflicto armado, pues los grupos paramilitares tenían incentivos para hacer que los obreros y cultivadores de esta fruta, no detuvieran su actividad laboral, pues mientras más cajas de banano se lograran exportar, más dinero iban a captar de las empresas, y estas a su vez, más utilidades iban a generar.
"Esto explica en parte porque la violencia paramilitar en Urabá se dirigió principalmente hacia los obreros de Sintranagro y los militantes de partidos de izquierda, pues las autodefensas buscaron desestimular la protesta social y sindical, para evitar la interrupción de actividades productivas", dice el documento.
En otras palabras, la Fiscalía estableció que desde que las compañías bananeras comenzaron a financiar a los grupos paramilitares por intermedio de las Convivir, el número de huelgas se redujo significativamente hasta llegar a cero.
Este es un caso que no ha perseguido la justicia colombiana y los beneficiaros son los que financiaron el paramilitarismo en Colombia.
Lo último relevante en el caso ocurrió el 2 de febrero de 2017 cuando la Fiscalía tipificó como delito de lesa humanidad la financiación de grupos armados ilegales. Es decir, esta investigación no cesará, no importa el tiempo que pase.
En 2017, Juan Camilo Restrepo, entonces presidente de Augura (asociación que agremia a las bananeras), dijo al diario El Colombiano que no era cierto que las bananeras aportaran al paramilitarismo. "Nosotros vamos a acudir a decir que eso no es cierto para demostrar que los 3 centavos de dólar que nosotros aportamos se aportaban a una actividad legal, institucional, y a una figura que creo el mismo Estado. Si ellos (la Fiscalía) dicen que eso era patrocinar grupos paramilitares, nosotros decimos no, eso era patrocinar entidades que el mismo Estado creó, motivó y auditaba".
Los otros bananeros investigados
Además de Nicolás Echavarría Mesa, la revista Semana publicó en 2021 que la Fiscalía estaba a punto de acusar a otros 17 bananeros.
Estos son: Luis Fernando Arango, presidente de Unibán entre 2001 y 2014; Alberto León Mejía, expresidente de Unibán de 1997 a 1999; Jaime Restrepo Marulanda, exrepresentante de CI Bagatela; Diego Andrés Restrepo Londoño, representante de Cultivos y Servicios Ltda. y miembro de junta de la CI Proban; Santiago Uribe López, gerente del Fondo de Inversiones Inmobiliarias de un banco; Javier Francisco Restrepo, representante legal de Bananeras la Florida y de la Fundación del Campo; Rosalba Zapata Cardona, exgerente de Bananeras de Urabá hasta el año 2018; Jaime Mauricio Restrepo, exintegrante de la junta de CI Bagatela; Óscar Enrique Penagos, exgerente de la Agrícola Santamaría; José Gentil Silva, productor bananero; Gustavo Silva Vanegas, director de producción de CI Banafrut; Óscar Luis Aristizábal, miembro de junta de Bananeras Aristizábal SAS; Iván Darío Mejía, miembro de junta de CI Unibán y Augura; Fabio León Restrepo Villegas, productor bananero; Luis Fernando Valencia Orozco, exrepresentante legal de la comercializadora CI Sunisa S. A.; James Leaver Wagner, exmiembro de la junta de CI Proban, y Mauricio Evaristo Fernando, expresidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (1995-1999).
Aunque esto se conoció en 2021 por cuenta de la publicación, CAMBIÓ reveló que la puja está tan fuerte que el fiscal del caso, Federico Lopera Parra, no ha radicado ningún escrito de acusación y entonces, el caso está engavetado en los despachos de sus superiores.
