Una de las herencias más complicadas del gobierno saliente es la corrupción en algunas entidades. Entre las más cuestionadas está la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Hace unas semanas les había contado acerca del saqueo de estos recursos efectuado presuntamente por el grupo del detenido senador Mario Castaño. Desafortunadamente ese caso no es la excepción. Hay decenas de contratos millonarios que no cumplieron su objetivo. La plata destinada a ayudar a colombianos en condiciones de riesgo o damnificados por un desastre natural se embolató por el camino. (Ver artículo completo aquí)
La UNGRD opera bajo un esquema abreviado de contratación por la agilidad que precisa para prevenir catástrofes o mitigar prontamente sus efectos. Desde luego así debe ser, pero en la práctica hubo dos desvíos indeseables: el primero, que todas las obras, incluso muchas que por su naturaleza eran previsibles y no de urgencia, se empezaron a tramitar bajo la figura de riesgo para lograr una contratación más rápida; el segundo es que el ágil mecanismo se convirtió en una licencia de opacidad para burlar los controles y hacer más difícil el seguimiento de los dineros públicos.
El gobierno Duque, además, convirtió la UNGRD en otra de las cajas menores de la politiquería para usar esa plata como combustible de las campañas de sus aliados locales.
La Contraloría General de la República ha encontrado irregularidades en decenas de contratos. Desde obras que no cumplen con las especificaciones constructivas como las efectuadas en Mocoa, hasta presuntos fraudes en las cuentas de pago de arrendamientos a los habitantes del destruido Gramalote.
Uno de los análisis de la Contraloría estima en más de 500.000 millones de pesos las alertas por ejecución sospechosa de contratos en la UNGRD. Las pesquisas preliminares indican que en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se ha robado en grande y en chiquito, por mayor y al detal.
Hay presuntos sobrecostos identificados, por ejemplo, en la compra de alimentos, implementos de aseo y colchonetas para afectados por inundaciones en el departamento del Magdalena, hace dos años. Solamente en ese caso la alerta está valorada en más de 1.600 millones de pesos.
Cuando el huracán Iota golpeó San Andrés y Providencia se embolataron cerca de 4.000 millones de pesos que debían destinarse a la compra de kits de ayuda inmediata y carpas para los damnificados. Una parte se entregó pero no coincide con las cifras de lo comprado, según el estimado de los investigadores fiscales.
También hay presuntos sobrecostos por 1.000 millones de pesos adicionales en la compra de plantas eléctricas, motosierras, guadañadoras y otros elementos para remover escombros y facilitar la vida de las personas afectadas por el huracán.
La ola invernal de finales de 2020 fue especialmente cruel en Norte de Santander y La Guajira. Sin embargo, resultaron más despiadados los ladrones. La Contraloría investiga diferencias superiores a los 2.500 millones de pesos.
La codicia se da, a veces, en pellizcos relativamente chiquitos a los recursos de los más necesitados como 138 millones de presuntos sobrecostos en la compra de botas, linternas, hachas, azadones, machetes y palas que deberían haber llegado a los habitantes de Lloró, Chocó.
En otras ocasiones las alertas de la Contraloría están puestas sobre cantidades enormes: más de 13.000 millones de pesos para edificar viviendas multifamiliares en Manizales. Casi 9.000 millones en la construcción de obras de protección sobre el río Meta en Orocué, Casanare, donde aparentemente tiene propiedades un directivo de la entidad.
La Procuraduría, la Contraloría y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) están al tanto de supuestas irregularidades millonarias en esa entidad. La UIAF, en especial, investiga si está justificado el patrimonio de Eduardo José González Angulo y algunos de sus allegados. Este caballero, conocido como “el Mono González” fue hasta hace ocho días el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
