La expulsión de Rodrigo Noguera Calderón de la rectoría de la Universidad Sergio Arboleda es un paso en la dirección correcta. Miles de estudiantes, profesores dedicados y algunos directivos honestos no deben pagar las consecuencias de los manejos cuestionables de Noguera. Sin embargo, hay todavía muchos asuntos por aclarar sobre los negociados de quien se hacía llamar “rector magnífico” y de quienes se los facilitaron.
Los directivos no han dicho toda la verdad en su explicación a los estudiantes. Algo más, en sus respuestas al Ministerio de Educación omitieron información necesaria o mintieron para cubrir a Noguera.
En sus sesiones con estudiantes y padres de familia, los directivos insisten en que la medida preventiva del Ministerio de Educación que causó la pérdida de la acreditación de alta calidad se debió a dos temas: no tener estudiantes y profesores en el Consejo Directivo y no haber recuperado eficientemente la cartera. Esto último, además, lo han presentado como el resultado del buen corazón que mostró la Sergio durante la pandemia para no presionar a los padres endeudados.
Los dos vicerrectores que han dado las explicaciones, no les han dicho a estudiantes y padres que el Ministerio de Educación requirió también al centro educativo por negocios del rector en los que él ganaba y la universidad llevaba las de perder, como lo denunció el exdecano Leonardo Espinosa.
Entre esos negocios está la construcción y comercialización del edificio Hall 74. En su respuesta al Ministerio de Educación, los voceros de la Sergio argumentan que para el centro educativo fue muy bueno disponer de un auditorio. No cuentan, en cambio, que la universidad pagaba los costos y que los beneficios inmobiliarios se los llevaba una sociedad llamada Proyectos Nogo SAS, una compañía que curiosamente registra como dirección de correspondencia la misma de la Universidad Sergio Arboleda.
El acta de constitución de Proyectos Nogo SAS dice que el dueño del ciento por ciento de sus acciones es Germán Alonso Gómez Burgos. No obstante, el periodista Norbey Quevedo de la Agencia API publicó un documento revelador. Se trata del acta de la asamblea de accionistas de abril del año pasado en la que consta que la dueña de la mitad de esa compañía es una sociedad llamada Noguera Calderón Abogados SAS, cuyo representante es Rodrigo Noguera, como de costumbre la dirección comercial es la misma de la universidad.
El “rector magnífico” también se compró una finca en Tauramena, Casanare, llamada Los tres hermanos. A los vendedores María Elena Bautista Gamboa y Gustavo Bautista Gamboa les pagó con seis cheques, al menos cuatro fueron girados desde cuentas de la Universidad Sergio Arboleda.
En su respuesta al Ministerio de Educación, los directivos aseguran que el rector había depositado previamente en las cuentas de la universidad las cantidades que después se giraron a los vendedores de la finca y que “los fondos no salieron de recursos de la universidad” ¿Por qué el rector magnífico no les pagó directamente a los vendedores?
Esos y otros negocios, el ministerio los considera no subsanados con las respuestas entregadas por la universidad.
El ministerio aceptó como parte de la autonomía universitaria la contratación de profesores, incluso algunos llevados por el “rector magnífico” por razones políticas y no académicas. El informe dice, sin embargo, al referirse al caso de estos profesores influyentes “La Universidad Sergio Arboleda NO evidencia la aplicación de una escala de remuneraciones basada en los criterios de selección objetiva”.
El caso del actual fiscal general Francisco Barbosa es diciente. La universidad certificó que, siendo consejero presidencial, dictó clases y participó en investigaciones académicas. No obstante, su supervisor académico Leonardo Espinosa, para esa época decano ejecutivo de Derecho, reiteró por escrito ante el ministerio que Barbosa no dictó clases ni efectuó investigación alguna.
Sobre la vinculación de Andrés Felipe Arias hay unos hechos que hablan por sí mismos. Estaba contratado para dar clase de economía colombiana y aunque su registro migratorio comprueba que salió de Colombia el 13 de junio de 2011, días antes de conocerse la sentencia de la Corte Suprema que lo condenó, siguió recibiendo remuneración hasta el 3 de agosto.
Miren esta coincidencia. El contrato de Arias se acabó el 3 de agosto, pero dos días antes, el 1 de agosto, la universidad fichó a su suegro César Augusto Serrano para que brindara “asesoría en las áreas de planeación y ejecución estratégicas, rediseño de procesos académicos y mejoramiento continuo”. También la esposa de Arias, Catalina Serrano, recibía pagos del centro académico mientras estaba en Estados Unidos.
El suegro de Arias siguió cobrando hasta diciembre del año pasado. La gratitud del condenado exministro es tan grande que, cuando aún estaba preso, usó su primer permiso de salida para ir a visitar al “rector magnífico”.
A todo esto, hay que agregar los lobbies judiciales ante la Fiscalía para favorecer al hijo de Óscar Iván Zuluaga o a los Ríos Velilla y el uso de la Fundación Universidad Sergio Arboleda, Fundeusa, para otros negocios particulares. Un asunto que debe resolver en los próximos días la Alcaldía de Bogotá.
