Un fiscal auxiliar de la Corte Suprema de Justicia que investigaba un caso en el que el expresidente Álvaro Uribe debería ser imputado, fue súbitamente trasladado a Cúcuta. El fiscal al que quieren mover de la unidad de mayor jerarquía en la Fiscalía al Catatumbo se llama Jaime Zetien y no tiene investigaciones en su contra. Actuaba como auxiliar del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Leonardo Cabana. Conozco bien el caso porque soy el querellante.
El pasado 23 de febrero, hace menos de un mes, fui llamado por los fiscales Cabana y Zetien a ratificarme bajo juramento en una denuncia por injuria y calumnia que presenté hace ya cinco años cuando el entonces senador Álvaro Uribe puso este mensaje en su cuenta de Twitter: “Entonces Daniel Coronell también debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico”.
No he cometido ningún delito de narcotráfico y Uribe, que usó la inteligencia del Estado para investigarme y perseguirme, lo sabe perfectamente. El trino fue un desquite del expresidente por una columna en la que reseñaba la publicación del libro de la abogada e investigadora estadounidense María McFarland en donde se mencionan las extrañas circunstancias de la muerte de Pedro Juan Moreno en la caída de un helicóptero.
A él le mortifica que se ventile ese tema. Lo ratificó este viernes en su deslucida intervención en la audiencia en la que su fiscal/defensor Gabriel Ramón Jaimes pide que le precluyan el caso por soborno de testigos y fraude procesal.
Allí Uribe repentinamente dijo: “Una de las tristezas grandes de mi vida es las insinuaciones (sic) que han hecho, Daniel Coronell y otros, de que el accidente fatal del doctor Pedro Juan Moreno fue un crimen de Estado, insinuando de mi parte. Qué dolor. Ignoraron los informes de Aeronáutica del fabricante del helicóptero. Qué pena llevo y cómo se me revive cada vez que veo a uno de los familiares del doctor Pedro Juan Moreno”.
Lo que no dice Uribe es que el informe de la Aerocivil que cita fue presentado por su subalterno Fernando Sanclemente, unos meses después del accidente, en diciembre de 2006, y que no tiene el carácter de cierre de una investigación judicial. El propio documento aclara que por ley “El propósito de esta actividad no es determinar la culpa o la responsabilidad”.
Más grave aún es que Uribe olvide mencionar que en agosto de 2014, ocho años después del informe de su subordinado, el CTI de la Fiscalía concluyó en un documento, ese sí con carácter judicial, que “Hasta la fecha se ha avanzado en aspectos que eran desconocidos para la presente investigación y se avizora que es factible que la causa de la caída del helicóptero marca Bell, modelo 206B, de matrícula HK2496, de la empresa Helicargo S.A. piloteado por el capitán Jaime Taborda Botero, obedezca a acciones criminales que se hayan producido dentro del Aeropuerto Olaya Herrera, con anterioridad al despegue de la aeronave en mención”.
Como sea, el expresidente Uribe se enfurece cada vez que alguien pregunta por la caída del helicóptero en el que murieron el experimentado piloto Jaime Taborda, la joven dirigente conservadora Ana María Palacio, Pedro Juan Moreno y su hijo Juan Gilberto. Ellos despegaron a las 6:15 de la mañana del Olaya Herrera hacia Carepa con buen tiempo y visibilidad perfecta, nadie sabe por qué la aeronave se precipitó e incendió.
El expresidente Uribe ataca con cualquier bajeza a quien se atreva a preguntar. Como en esa época de su trino calumnioso él era senador, la competente para recibir mi denuncia era la Corte Suprema de Justicia. Inicialmente fue tramitada, a paso de tortuga, por la Sala Penal y después, por una reforma constitucional, el caso pasó a la Sala de Instrucción.
En la obligatoria diligencia de conciliación, Uribe reconoció que lo que decía de mí era falso, pero no se retractó para castigarme por haber escrito la primera columna de opinión en la que señalé lo que él y Diego Cadena venían haciendo con Juan Guillermo Monsalve y otros testigos.
Cuando el expresidente renunció al Senado para huir de la jurisdicción de la Corte Suprema que lo investigaba por soborno de testigos y fraude procesal, mi denuncia pasó a la Fiscalía.
La lentitud ha sido pasmosa. Uribe no niega ser el autor del trino, pero para alargar el trámite decidieron, por ejemplo, oficiarle a la sede mundial de Twitter en San Francisco, California, para que les certifique si el mensaje realmente salió de la cuenta de Álvaro Uribe.
Todo lo que han podido hacer para dilatar lo han hecho, hasta hace poco menos de un mes cuando me llamaron a ratificarme en la denuncia. Con enorme respeto y consideración les dije a los fiscales Cabana y Zetien que lo que tenían que hacer era sencillo: O demostrar que yo era un narcotraficante o imputar a Álvaro Uribe por los delitos de injuria y calumnia. Hay un tercer camino que consiste en seguir dilatando para que el proceso prescriba por vencimiento de términos.
Pues bien, pocos días después de esa audiencia me enteré de que el fiscal auxiliar Jaime Zetien, que en la práctica es el que instruye el proceso, había sido sorpresivamente trasladado ─y se puede decir degradado─ para Cúcuta, “por razones del servicio”.
En su remplazo fue nombrada Maritza Herrera Orjuela quien hizo parte del primer anillo del procurador Alejandro Ordóñez, como Gabriel Ramón Jaimes el jefe de esa unidad como coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema.
No es el único traslado sospechoso que ha ocurrido en estos días en la Fiscalía.
