Muerte a comunistas
10 Mayo 2022

Camilo A. Enciso V.

Muerte a comunistas

Próximo a terminar su gobierno, y tres días después de la toma territorial de 170 municipios por el Clan del Golfo, Iván Duque espetó con voz de militar veintejuliero (cuidadosamente plagiada del general Ajúa), que desplegaría un bloque de búsqueda para extirpar de raíz lo que queda de esa organización. Agregó que destinaría 54.000 militares para conjurar la crisis y que aceleraría las extradiciones de quienes sean capturados.

Anuncios tardíos, cuando estamos a pocos meses de la entrega de mando. Anuncios fútiles, porque sabemos que una parte no despreciable del ejército lleva años operando –otra vez– de la mano de la delincuencia. Anuncios preocupantes, porque muestran que a pesar de la expansión de las operaciones del Clan del Golfo, bien conocidas por todos, el Estado no estaba haciendo todo lo que podía para desmontar esa estructura criminal. 

Y no lo hacía –ni lo hará– por varias razones. Primero, porque desmontar el Clan del Golfo requiere verdad. La verdad por la que extraditaron a Otoniel y por la que el presidente dijo que acelerará las demás extradiciones. La verdad de los nexos de los paracos con militares, ganaderos, políticos y contratistas. La verdad de la corrupción, las drogas, las desapariciones y el desplazamiento. Y a Duque y a los criminales que encubre no les interesa que la verdad aflore.

Segundo, porque muchos altos mandos del ejército han estado comiendo de la mano de los paramilitares y el narcotráfico durante estos años. Grabaciones, llamadas y documentos abundantes así lo demuestran. Y el negocio es bueno, lucrativo y nadie estrangula a la gallina de los huevos de oro, que en este momento es el Clan del Golfo – oro manchando de sangre, jirones de carne y huesos rotos. ¿Pero cuándo le ha importado a estos traidores la sangre ajena?

También, debido a que la violencia política, la intimidación del adversario y la aniquilación de quienes piensan diferente, son prácticas que les han funcionado bien a la ultraderecha colombiana, a los paracos y sus financiadores, quienes se benefician de esos crímenes, y a la facción radicalizada y politizada del ejército que el general Ajúa representa. Y les seguirán funcionando. Y las seguirán usando para ganar elecciones, como ahora.

Envalentonados por la inoperancia del Estado y por la participación en política del presidente y del general Ajúa, los paramilitares decidieron desafiar a la sociedad entera. Y tuvieron éxito. Amedrentaron, aterrorizaron y delinquieron sin pudor y con crueldad. Su logro: ochenta vehículos incinerados, toneladas de alimentos perdidos, docenas de ciudadanos asesinados, autoridades civiles en los territorios agazapadas y más de diez departamentos paralizados.

Todo ello, con la complicidad y silencio de los más altos funcionarios del Estado. Complicidad y silencio de una procuradora de viaje por España, de un fiscal vanidoso y peligroso, de un presidente y un ministro de Defensa que han tolerado y patrocinado los peores atropellos en contra de la población, impulsándolos, encubriéndolos y negándolos; funcionarios de un Estado que volvió a aliarse con la delincuencia, retomando vicios del pasado; recayendo en los vicios de la corrupción y de la dependencia del paramilitarismo para la ejecución velada del trabajo sucio y el enriquecimiento fácil. 

No es casual que el auge paramilitar se haya dado en dos momentos similares de nuestra historia. Primero, bajo la fase inicial del gobierno Uribe. Y después, bajo el gobierno Duque. Un elemento común define ambos periodos: Con sus palabras y acciones el poder ejecutivo aupó a la tropa, la legal y la ilegal, para delinquir con impunidad. La narrativa anticomunista, antidrogas y antiguerrilla, ha servido para justificar violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a nuestra Constitución. 

Durante los dos gobiernos, los paramilitares crecieron en poderío económico, militar y político. En el caso de Uribe, después de su cenit avanzaron hacia la entrega – parcial – de armas y la reincorporación, creyendo que podrían tomarse el poder tras una fase corta de transición y usando las gabelas de la Ley de Justicia y Paz, que fueron moderadas gracias a una decisión de la Corte Constitucional. Pero siguieron reptando, delinquiendo y traficando.

Durante el gobierno Duque, regresaron a los Montes de María, retomaron el control del negocio del narcotráfico, expandieron su control territorial y se convirtieron en un factor capaz de distorsionar las próximas elecciones. Bajo la proclama de siempre, “¡Muerte a comunistas!”, y con la orden de matar a todos los petristas, anuncian un baño de sangre que dejará otra capa de tierra pintada de rojo escarlata en el suelo de la historia patria.

El bloque de búsqueda de Duque, entretanto, hará el show necesario para encubrir la alianza monstruosa de la derecha radical con las mafias y el crimen organizado. Cogerán a algún cabecilla menor, quizás dos, para mostrarlos de trofeo (extraditándolos bien rápido, eso sí), mientras todos los que viven del negocio de la droga y la extorsión, narcos, políticos y militares corruptos, seguirán libando de la miel lechosa del crimen y el delito.


 

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