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País

Un golpe tras otro, la caída del emporio de Aníbal Janna

El representante legal de la distribuidora de Ford y Mazda en la costa Caribe fue condenado a reembolsar cerca de 11.000 millones de pesos por transferencias que violaban la ley comercial. Esta caída se suma a otras más.

Los últimos días han sido fatales para los intereses empresariales y económicos de Aníbal Janna Raad. Este empresario de la costa Caribe —conocido por liderar las actividades comerciales de su familia, entre las que destaca la distribución y venta de vehículos Ford y Mazda— sufrió un duro golpe después de que la Superintendencia de Sociedades fallara en su contra en un pleito que sostenía contra su hermana Diana Janna Raad y su esposo, Samuel Tcherassi. Esta decisión adversa se suma a una serie de traspiés y escándalos mediáticos en los que se ha visto inmerso en semanas recientes y que también son conocidos por la justicia ordinaria, que estudia la posible comisión de delitos por parte del empresario barranquillero.

El lío en la Superintendencia involucraba a las diferentes compañías de la familia Janna Raad: Janna Motors SAS; Arrocera Sahagún SAS; Constructora e Inmobiliaria Janna SAS; y Agropecuaria Janna SAS. Las sociedades habían realizado una serie de transferencias dinerarias entre sí desde 2015 y, aparentemente, se configuró un conflicto de interés en cabeza de Aníbal Janna, quien ejercía la representación legal de todas ellas. Estos hechos llevaron a que Diana Janna interpusiera acciones legales y la situación fuera puesta en conocimiento de la Superintendencia.

Tras el estudio de los argumentos y pruebas aportadas por las partes, el organismo concluyó que, en efecto, el empresario incurrió en un conflicto de interés y que este proceder generó un perjuicio a las compañías en cuestión. Los supuestos beneficios alegados por Janna en términos de apalancamiento y cooperación que surgieron de las operaciones económicas demandadas nunca se pudieron comprobar durante el proceso. Adicionalmente, la Superintendencia señaló que Janna desconoció la ley al llevar a cabo estas transferencias entre las empresas sin contar con el visto bueno de las respectivas juntas directivas. Es decir, lo correcto era que consultara previamente y no que actuara por su cuenta.

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