La demanda que busca que Bucaramanga vuelva a ser dueña de su alcantarillado

Bucaramanga dejó de ser propietaria de su red de alcantarillado en 1974. El Concejo de esa época expidió un acuerdo que cedió gratuitamente esta red a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), que para entonces era una institución privada. Esa lejana decisión es la razón por la que hoy la ciudad no está en condiciones de intervenir y mejorar sus alcantarillas, ya que esa obligación recae sobre la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas), una compañía prestadora de servicios públicos, la cual fue creada en 2006 por la CDMB y sobre la que la Alcaldía de Bucaramanga no tiene ninguna participación accionaria.

Esta realidad puede ser modificada a raíz de una acción colectiva liderada por Carlos Parra, Danovis Lozano y Cristian Avendaño, tres políticos de la región que pertenecen al Partido Alianza Verde. Los dos primeros son concejales de la capital santandereana y el último es representante a la Cámara. El Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda en cuestión y ya notificó a la CDMB, a la Empas y a la Alcaldía de Bucaramanga en su condición de demandadas. Según los accionantes, la cesión gratuita del alcantarillado violó los derechos a la moralidad administrativa, el patrimonio público y la libre competencia.

Los concejales y el congresista –así lo argumentan en la acción presentada– consideran que la transferencia de las alcantarillas privó a la ciudad de “recibir los beneficios económicos (…) por el ejercicio de la prestación del servicio público” y, en consecuencia, cerró la puerta para emplear esos dineros “en otras inversiones que permitan garantizar de manera óptima el saneamiento básico de las familias de Bucaramanga”. Agregan que se creó una posición dominante y monopólica en favor de la CDMB (y posteriormente de la Empas) ya que, al no mediar un proceso de selección, no se tuvieron en cuenta “a otros actores económicos o posibles oferentes que bien hubieran podido hacerse cargo de la prestación del servicio público”.