Las exigencias de Keralty al Gobierno tras el fallo que ordena el fin de la intervención a la EPS Sanitas

En un nuevo episodio de la disputa entre Keralty y el Gobierno nacional tras la intervención forzosa a la EPS Sanitas, el conglomerado empresarial presentó una serie de exigencias para garantizar el cumplimiento del fallo en el que la Corte Constitucional puso fin a los 17 meses en los que la entidad estuvo bajo control de la Superintendencia Nacional de Salud.

La multinacional española, máxima accionista de Sanitas, sostiene que la intervención iniciada en abril de 2024 provocó una escasez generalizada de medicamentos esenciales para sus 5.8 millones de usuarios a nivel nacional. Además, denunció que sus redes de atención en el país permanecen colapsadas debido a graves problemas administrativos, logísticos y financieros.

“La Corte Constitucional ha restituido lo que nos fue arrebatado. Este fallo histórico reconoce la ilegalidad de la intervención a EPS Sanitas. La intervención no solo fue un error administrativo: fue un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos”, explicó Keralty tras la reciente decisión del alto tribunal. 

En su pliego de solicitudes presentadas al Gobierno nacional, el conglomerado pidió implementar medidas de reparación inmediatas y efectivas tras evaluar posibles daños provocados por el manejo estatal. En ese sentido, reiteró la importancia de priorizar los pagos adeudados hasta la fecha para garantizar la estabilidad financiera de la EPS.

La multinacional también anunció nuevas acciones legales ante tribunales de Colombia y el extranjero por considerar que la intervención se ejecutó sin fundamentos técnicos claros y en contravía de las garantías constitucionales. Asimismo, confirmó que su equipo jurídico evalúa interponer nuevas demandas contra los responsables de ordenar, ejecutar y avalar la medida inicial.

Las solicitudes presentadas por Keralty tras la intervención forzosa de la EPS Sanitas

El conglomerado de origen español explicó que los 17 meses de intervención por parte de la SuperSalud habrían derivado en graves afectaciones a la capacidad operativa de Sanitas y a la calidad del servicio prestado, por lo que pidió al Gobierno de Gustavo Petro cumplir el fallo de la Corte Constitucional de forma inmediata y sin excepciones.

El equipo jurídico de Keralty, a su vez, enfatizó en su solicitud de que el Estado defina una serie de medidas orientadas a resarcir los posibles daños provocados como consecuencia directa de la intervención forzosa a equipos médicos profesionales, usuarios, colaboradores y los demás miembros de la estructura operativa de la EPS.

Por otra parte, la dueña de la EPS Sanitas denunció la supuesta existencia de una campaña de desinformación diseñada para provocar una mayor desconfianza sobre la labor adelantada por la empresa prestadora del servicio de salud. Por esto, solicitó medidas institucionales para evitar arbitrariedades y garantizar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos esenciales.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, explicó a CAMBIO que las solicitudes de Keralty se presentan como respuesta al deterioro identificado tras los 17 meses de intervención. En ese sentido, reiteró que este tipo de procesos deben estar orientados a evitar la profundización de la crisis financiera del sistema de salud.

“Las intervenciones deben ser medidas excepcionales, basadas en criterios técnicos rigurosos y orientadas a corregir fallas estructurales, no a profundizar las dificultades del sistema. Lo que hemos visto en este caso es que, lejos de mejorar la situación, se han generado afectaciones operativas, financieras y en la atención a los usuarios”, afirmó Vesga.